Buenaventura: ¿acorralado por la violencia?

La violencia no da tregua en Buenaventura. Uno de los principales puertos marítimos de Colombia, que mueve alrededor del 60 % de las exportaciones del país, se ha convertido en uno de los epicentros de violencia debido a los enfrentamientos entre los grupos ilegales armados presentes en el municipio, lo cual ha generado desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado, amenazas y asesinato de líderes sociales.

Tan solo en enero de 2022 fueron asesinadas once personas y se reportaron cinco desaparecidas, cifra que puede aumentar teniendo en cuenta que hay un subregistro. Sin embargo, una de las situaciones que más preocupa es la relacionada con el desplazamiento forzado. Según el informe más reciente, 846 familias llegaron desplazadas a Cali provenientes de Buenaventura en la semana del 7 de febrero.

Estas familias ya habían sido víctimas en la zona rural del municipio, donde hay disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Eln. Sin embargo, debido a la violencia en el casco urbano por cuenta de las bandas La Local y Los Espartanos, también tuvieron que salir desplazados a otras ciudades.

Esta situación no es nueva en Buenaventura, pues en 2021 hubo un aumento del 125 % en el número de eventos de desplazamiento masivo en comparación con el 2020, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés). La mayoría de emergencias de desplazamiento masivo surgen por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control social y territorial de la zona urbana y rural del municipio.

A lo largo de los años, las actividades portuarias de Buenaventura han representado el ingreso económico más significativo del municipio, dada su privilegiada ubicación en el océano Pacífico. Además, la minería, la pesca, la extracción y el procesamiento de madera son otras de sus fuentes de comercio.

Pero esta estratégica localización ha sido también motivo de interés y disputa por parte de actores armados. Según el informe “Buenaventura, un puerto sin comunidad”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), desde 1980 grupos armados ilegales han estado allí y controlado la zona.

“Buenaventura está acorralada: por arriba está el conflicto entre Agc y el Eln, lo que ha afectado comunidades indígenas y afros. Por el sur, la más fuerte es la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aunque el Eln está disputando algunas zonas. Sin embargo, lo que más le interesa al Gobierno es que la carretera fluya, porque Buenaventura es un puerto importante. La tercera parte de la carga importadora, muy importante en el insumo de la industria, entra por Buenaventura”, explica Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación en el Pacífico.

¿Comunidades confinadas?

El desplazamiento no es el único mal que afecta a Buenaventura. En noviembre de 2021, la OCHA registró 3.529 personas confinadas, situación que no es diferente a la que ahora se vive. “En Yurumanguí, Cajambre y Raposo hay tres asentamientos con familias confinadas, porque en la parte de la montaña hay disidencias de las Farc y en la parte del mar la Segunda Marquetalia, que tiene alianza con el Eln. Esas familias tienen problemas de desabastecimiento y seguridad alimentaria, ya que no pueden moverse”, comenta el personero municipal, Edwin Patiño.

Algunas de las comunidades más afectadas por los confinamientos son las indígenas y afros que habitan en las cuencas de los ríos Calima y San Juan, dentro del territorio de Buenaventura. Hasta la fecha se calcula que han sido más de mil las familias víctimas de este hecho, que se han reubicado en otras ciudades, principalmente en Cali.

Según la Defensoría regional Pacífico, este tipo de situaciones también tienen en riesgo a los líderes sociales. “A veces estos grupos vinculan a los miembros de las comunidades como colaboradores de otros actores armados, lo que por ejemplo ocasiona el asesinato de líderes sociales”, dice Víctor Campaz, defensor regional. La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene aproximadamente ochenta líderes con esquema de protección en Buenaventura. Pese a esto, las personas deben permanecer en el casco urbano, porque en la zona rural no hay quién los proteja.

Uno de esos líderes es monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien ha hablado públicamente ante medios de comunicación para denunciar la situación que se vive en Buenaventura por cuenta de los grupos armados. Esto le ocasionó amenazas de muerte durante los últimos días, llevándolo a tener el acompañamiento constante de dos policías, junto a las medidas de la UNP. “Las amenazas continúan hacia los líderes. En la zona rural, donde hay más peligro, continúa siendo muy terrible para las comunidades. Se está agravando la situación en zonas de los ríos, bajo Calima, San Juan. Hay Armada, pero los grupos al margen de la ley están en las zonas veredales”, dice Jaramillo.

La crisis de violencia de Buenaventura requiere una atención integral. Para el personero municipal, la principal causa del problema social es la falta de oportunidades. “Se necesita una inversión estructural donde se les pueda dar oportunidad a jóvenes, niños y adolescentes de Buenaventura, porque el alto índice de desempleo y la falta de oportunidades se han convertido en un caldo de cultivo en el que para los delincuentes y organizaciones dedicadas a delinquir es fácil ofrecerles $500.000 o $1 millón para que los jóvenes ingresen a su grupo mientras, que el Estado no lo está haciendo”.

La violencia no da tregua en Buenaventura. Uno de los principales puertos marítimos de Colombia, que mueve alrededor del 60 % de las exportaciones del país, se ha convertido en uno de los epicentros de violencia debido a los enfrentamientos entre los grupos ilegales armados presentes en el municipio, lo cual ha generado desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado, amenazas y asesinato de líderes sociales.

Tan solo en enero de 2022 fueron asesinadas once personas y se reportaron cinco desaparecidas, cifra que puede aumentar teniendo en cuenta que hay un subregistro. Sin embargo, una de las situaciones que más preocupa es la relacionada con el desplazamiento forzado. Según el informe más reciente, 846 familias llegaron desplazadas a Cali provenientes de Buenaventura en la semana del 7 de febrero.

Estas familias ya habían sido víctimas en la zona rural del municipio, donde hay disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Eln. Sin embargo, debido a la violencia en el casco urbano por cuenta de las bandas La Local y Los Espartanos, también tuvieron que salir desplazados a otras ciudades.

Esta situación no es nueva en Buenaventura, pues en 2021 hubo un aumento del 125 % en el número de eventos de desplazamiento masivo en comparación con el 2020, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés). La mayoría de emergencias de desplazamiento masivo surgen por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control social y territorial de la zona urbana y rural del municipio.

A lo largo de los años, las actividades portuarias de Buenaventura han representado el ingreso económico más significativo del municipio, dada su privilegiada ubicación en el océano Pacífico. Además, la minería, la pesca, la extracción y el procesamiento de madera son otras de sus fuentes de comercio.

Pero esta estratégica localización ha sido también motivo de interés y disputa por parte de actores armados. Según el informe “Buenaventura, un puerto sin comunidad”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), desde 1980 grupos armados ilegales han estado allí y controlado la zona.

“Buenaventura está acorralada: por arriba está el conflicto entre Agc y el Eln, lo que ha afectado comunidades indígenas y afros. Por el sur, la más fuerte es la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aunque el Eln está disputando algunas zonas. Sin embargo, lo que más le interesa al Gobierno es que la carretera fluya, porque Buenaventura es un puerto importante. La tercera parte de la carga importadora, muy importante en el insumo de la industria, entra por Buenaventura”, explica Juan Manuel Torres, sociólogo y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación en el Pacífico.

¿Comunidades confinadas?

El desplazamiento no es el único mal que afecta a Buenaventura. En noviembre de 2021, la OCHA registró 3.529 personas confinadas, situación que no es diferente a la que ahora se vive. “En Yurumanguí, Cajambre y Raposo hay tres asentamientos con familias confinadas, porque en la parte de la montaña hay disidencias de las Farc y en la parte del mar la Segunda Marquetalia, que tiene alianza con el Eln. Esas familias tienen problemas de desabastecimiento y seguridad alimentaria, ya que no pueden moverse”, comenta el personero municipal, Edwin Patiño.

Algunas de las comunidades más afectadas por los confinamientos son las indígenas y afros que habitan en las cuencas de los ríos Calima y San Juan, dentro del territorio de Buenaventura. Hasta la fecha se calcula que han sido más de mil las familias víctimas de este hecho, que se han reubicado en otras ciudades, principalmente en Cali.

Según la Defensoría regional Pacífico, este tipo de situaciones también tienen en riesgo a los líderes sociales. “A veces estos grupos vinculan a los miembros de las comunidades como colaboradores de otros actores armados, lo que por ejemplo ocasiona el asesinato de líderes sociales”, dice Víctor Campaz, defensor regional. La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene aproximadamente ochenta líderes con esquema de protección en Buenaventura. Pese a esto, las personas deben permanecer en el casco urbano, porque en la zona rural no hay quién los proteja.

Uno de esos líderes es monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien ha hablado públicamente ante medios de comunicación para denunciar la situación que se vive en Buenaventura por cuenta de los grupos armados. Esto le ocasionó amenazas de muerte durante los últimos días, llevándolo a tener el acompañamiento constante de dos policías, junto a las medidas de la UNP. “Las amenazas continúan hacia los líderes. En la zona rural, donde hay más peligro, continúa siendo muy terrible para las comunidades. Se está agravando la situación en zonas de los ríos, bajo Calima, San Juan. Hay Armada, pero los grupos al margen de la ley están en las zonas veredales”, dice Jaramillo.

La crisis de violencia de Buenaventura requiere una atención integral. Para el personero municipal, la principal causa del problema social es la falta de oportunidades. “Se necesita una inversión estructural donde se les pueda dar oportunidad a jóvenes, niños y adolescentes de Buenaventura, porque el alto índice de desempleo y la falta de oportunidades se han convertido en un caldo de cultivo en el que para los delincuentes y organizaciones dedicadas a delinquir es fácil ofrecerles $500.000 o $1 millón para que los jóvenes ingresen a su grupo mientras, que el Estado no lo está haciendo”.