Lo que ha pasado en la mina de oro de Buriticá estas últimas semanas tenía que pasar. No era inevitable, pero sí anunciado. Desde hace mucho tiempo, el grupo armado ilegal que hace presencia en la región no solamente promueve la perforación de socavones ilegales dentro de la concesión minera, sino que está manejando todas las actividades que giran alrededor de la mina (tráfico de mercurio, madera, etc.), dejando unos impactos económicos, sociales, medioambientales y humanos muy altos.
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Alrededor de 3.000 mineros ilegales provenientes de otras regiones del país (inclusive de otros países) y atraídos por el potencial de Buriticá trabajan alrededor de la mina, la mayoría de ellos pagando vacuna, algunos de ellos extrayendo inclusive oro directamente para ese grupo armado. La empresa multinacional china que compró la mina hace pocos años tampoco logra escapar a la presión criminal. El Clan tendría influencias dentro de la compañía. Personas de las entidades tanto públicas como privadas encargadas de la seguridad de la mina también estarían comprometidas. Hasta los mineros recién formalizados estarían amenazados.
Todo el mundo lo sabía, pero nadie denunciaba. No se quería espantar a los inversionistas. Tampoco quería ser uno acusado de contribuir directa o indirectamente a un grupo armado ilegal. En cuanto a l
Dicho eso, Buriticá no es la excepción: la compenetración de grupos armados ilegales y criminales en el sector minero es una realidad. Sigue siendo muy difícil extraer minerales como el oro en el Chocó, el Bajo Cauca o el sur de Bolívar, sin tener que pagar de alguna manera a esos grupos criminales. El medio ambiente y las comunidades también están pagando un precio alto. No se trata de estigmatizar a nadie, pero muy pocos logran escapar de sus agarres: mineros tradicionales de subsistencia, pequeños mineros, medianas y grandes empresas mineras.
Los esfuerzos para mejorar la trazabilidad en la cadena de suministro de oro en Colombia han sido importantes. El seguimiento es más eficiente. Ya es más fácil saber de dónde proviene el oro y quiénes son los que lo extraen y lo comercializan. Sin embargo, muy pocos quieren saber lo que pasa realmente en esas zonas de extracción. Varios actores ilegales siguen controlando esas regiones. Pero es más: algunos actores legales que participan en la cadena de suministro (explotadores, facilitadores, financiadores…) también pueden de una u otra manera involucrarse en actividades ilegales para beneficiarse de la renta minera. No se trata solamente de acabar con la minería criminal, sino con la criminalidad en el sector minero.
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La tarea no es fácil por lo que suele predominar la ley del silencio. También está claro que el problema va mucho más allá de la sola responsabilidad de los actores del sector minero. La convergencia de diferentes dinámicas criminales, la multiplicación de actores y riesgos, y los altos impactos negativos causados por esas actividades criminales requieren una aprehensión global del fenómeno y una respuesta integral. Ahora bien, y aunque resulte un lugar común repetirlo: reconocerlo es un primer paso, pero no es suficiente.
La paz total también requiere desmantelar esas economías que captan de manera ilegal la renta minera. No importa que sean minerales tradicionales como el oro o el carbón, o minerales llamados de transición energética como el cobre, el coltán o el litio. Cualquier actividad minera que represente una fuente importante de recursos será blanco de unos actores tanto legales como ilegales que intentarán beneficiarse indebidamente. Es importante también evaluar bien los pros y los contras de las futuras decisiones. Formalizar a los pequeños mineros, reducir los canales de comercialización de los minerales o intensificar la destrucción de dragas ilegales conlleva beneficios, pero puede también producir efectos perversos. El reto es encontrar un justo balance entre la zanahoria y el garrote, sin estigmatización ni romantización.
*Ph.D. Codirector Red CORAL (Red de monitoreo y análisis del Crimen Organizado en América Latina).