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El simple anuncio de la movilización de la Minga indígena proveniente del Cauca hacia Cali ha generado temor en varios sectores de la ciudad. Como en el cuento de Caperucita Roja (ahí viene el lobo feroz), han circulado todo tipo de versiones e interpretaciones, que coinciden en propagar el miedo y el rechazo de esa presencia. ¿A qué viene la Minga a Cali? ¿Por qué no protestan en Popayán o siguen de largo para Bogotá? ¿El alcalde, Jorge Iván Ospina, de qué lado está? Son las preguntas que se hacen algunos, en medio de la angustia porque hechos como los que tuvieron lugar durante el estallido social en Cali se repitan.
Una ciudadana, con indignación, se preguntó en redes sociales: “¿Por cuenta de qué argumentos tenemos que aceptar los caleños la presencia siempre amenazante de estas comunidades? No tenemos que soportarlos y menos cuando la última vez derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar”, evocando cuando, con las primeras luces del 28 de abril, en el comienzo del paro nacional, un grupo de indígenas de la comunidad misak, provenientes también del Cauca, derribaron la estatua del fundador de Santiago de Cali, ubicada en lo alto de una colina al oeste de la ciudad.
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Transcurridos apenas un poco más de seis meses del estallido social, pareciera demasiado pronto, y en cualquier caso por lo menos inoportuno, que las autoridades indígenas hayan convocado esta nueva movilización. Un video de Hermes Pete, líder indígena en el que anunciaba que si las demandas de la comunidad indígena no eran atendidas no habría “Navidad”, circuló ampliamente, infundiendo temor y generando animadversión. El video, manipulado y retomado de una coyuntura de hace tres años, exacerbó los ánimos. De nada sirvió que el ahora exconsejero mayor del CRIC hiciera público uno nuevo, aclarando el malentendido en un tono muy conciliador. El daño ya estaba hecho.
Caminar la palabra
A estas alturas sigue estando muy claro, como lo señala Ancízar Majín, consejero mayor del CRIC, que “la Minga, que no es solo una expresión indígena sino también de colectivos afrodescendientes, de estudiantes, jóvenes en resistencia y otros sectores, se movilizará en la denuncia de lo que está ocurriendo en nuestros territorios (violencia) y en la reivindicación de una agenda de cambios y transformaciones para nuestras comunidades y para el país, que, en todo caso, queremos promover de formas no violentas, caminado la palabra, como decimos nosotros”.
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Giovanni Yule, integrante del equipo político del CRIC, ha hecho parte, junto a otras autoridades indígenas, de múltiples diálogos institucionales y sociales en los que insisten en dar a conocer la naturaleza pacífica de la movilización. “Estamos convocando a todos los actores a que establezcamos un ejercicio de conversa (sic), en el sentido en que busquemos la reconciliación, la posibilidad de entendernos y de encontrar el equilibrio y la armonía de la sociedad colombiana para restablecer nuevamente el camino de la paz”, dice Yule.
En ese contexto, es audaz en proponer un diálogo con habitantes de Cali, como los de Ciudad Jardín, en referencia a los fuertes enfrentamientos que tuvieron lugar en ese sector de la ciudad el 9 de mayo de 2021, durante el paro nacional, que dejó un saldo de varios integrantes de la Minga heridos a bala e incursiones y daños en propiedades privadas de la zona. “Sabemos que allí quedó una profunda herida y nosotros queremos que nos escuchen, pero también escucharlos a ellos. Es el único camino para restablecer la armonía”, anota.
Incertidumbre
No obstante diversos diálogos impulsados por la academia o iniciativas como “Mediación Cali”, tendientes a llevar claridad y distensión a este momento, y muy a pesar de los anuncios sobre medidas adoptadas por la Alcaldía y la fuerza pública, tanto para garantizar la movilización como para prevenir desbordamientos, el ambiente de tensión persiste.
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En otras épocas la llegada o tránsito de la Minga por la ciudad era motivo de solidaridad e incluso de admiración. Hoy, en cambio, genera temor y rechazo entre algunos sectores, que los señalan peligrosamente incluso de “terroristas y narcotraficantes”; les reclaman por la apropiación violenta de predios privados en el norte del Cauca; les cuestionan qué hacen con la tierra y los recursos que les transfiere el Estado y les cobran (injustamente) el derribamiento de la estatua de Belalcázar y su presencia en varios de los llamados puntos de resistencia durante el paro nacional. De lo primero no ha sido suficiente tampoco aclarar que no fueron ellos quienes tumbaron dicho monumento (fue la comunidad misak, que no pertenece al CRIC) y de lo segundo no se entiende aún que su papel, más que promover los bloqueos, fue el de evitar desbordamientos violentos en varios lugares de la ciudad. Pero ¿dónde estaba la autoridad del Estado?, se preguntan legítimamente quienes se sintieron asediados por los bloqueos y afectados por la violencia y la destrucción de la ciudad.
Nadie quiere que en Cali se repitan aquellos días aciagos del paro nacional, del que quedaron jóvenes asesinados, policías heridos, una extensa afectación de bienes públicos y privados y, sobre todo, un profundo sentimiento de enojo, frustración, pesimismo y desesperanza. Con mucha dificultad la ciudad apenas comienza a reponerse de este trauma colectivo. De acuerdo con el CRIC, “se trata de una protesta legítima y respetable que debe ser escuchada por las autoridades nacionales”.
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Recogiendo el sentir de diversos sectores (empresariales, cívicos, sociales, de opinión), fue hecho público recientemente un documento titulado “No es el momento, ni el lugar” en el que los firmantes advierten que “todavía se respira radicalización en los sectores afectados por la última presencia de la Minga. Es posible que la conducta delictual de otros actores armados, que estuvieron presentes en la ocasión pasada, se aprovechen de la Minga para cometer actos violentos y así generar actitudes incontenibles y condenables contra los visitantes ancestrales, creando un espiral de acción y reacción que sumiría a Cali en una violencia de proporciones impredecibles”.
No obstante, en relación con el CRIC, al tiempo que se les pide reconsiderar el lugar y oportunidad de la movilización, el documento también señala que “se trata de una protesta legítima y respetable que debe ser escuchada por las autoridades nacionales”.
¿Capital de la Resistencia?
No hay que llamarse a engaños. De fondo, todo el intenso debate y polarización que se han generado en Cali en torno de esta movilización indígena, tiene lugar como parte de la profunda fractura que se hizo mas que evidente durante los complejos y dolorosos días del estallido social. La ciudad es hoy un territorio dividido y fracturado, incapaz, hasta ahora, de poder tramitar su diversidad y sus conflictos, así como los retos de superar la desigualdad y las históricas brechas socioespaciales que subyacen, de tiempo atrás, en su configuración.
Algunos han preferido mirar hacia otro lado, creyendo que “aquí no pasado nada”. Pero, por supuesto, esa no es una opción.
Para el académico Adolfo Álvarez, director del Instituto de Estudios e Intervención para la Paz (Univalle) e impulsor junto a otros lideres sociales y empresariales del llamado “Acuerdo por Cali”, el desafío es ser capaces de construir y asumir en medio de la diferencia (o justamente apoyados en ella), una visión compartida de ciudad en la que quepamos todos”.
Hace mucho rato Cali dejó de ser la Sucursal del Cielo, pero no es inevitable que su destino sea la de convertirse, como algunos quieren y promueven, en la capital de la resistencia. Entre una y otra de esas opciones hay una nueva ciudad por nacer, que no tiene nombre aún, pero que bien la define el destacado empresario caleño Fernando Otoya como “una ciudad virtuosa”.