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A raíz del incendio que dejó 51 muertos y 24 heridos en el municipio de Tuluá, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió al Gobierno nacional declarar la emergencia carcelaria para atender la crisis que se vive en los centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional.
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El mandatario recalcó la importancia de que se tengan planes de contingencia frente a cualquier evento al interior de los diferentes sitios de reclusión de Cali, Valle del Cauca y el país. “Es necesario que se sepa qué hacer frente a un incendio, un terremoto, un motín y frente a cualquier contingencia o siniestro que ocurra en las cárceles”, agregó.
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Ospina también dijo que se buscará un trabajo permanente con el Consejo Superior de la Judicatura para acelerar los procesos penales, con el fin de que los sindicados lleguen a su estatus de condenado y puedan ser trasladados a centros penitenciarios en el país. Esto, teniendo en cuenta que hay 1.860 personas recluidas en estaciones de Policía y 4.550 en la cárcel de Villahermosa, la cual, según la Alcaldía de Cali, tiene un hacinamiento del 117%.
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“Lo tercero que se busca es una solución temporal: que podamos tener en Cali un verdadero centro de reclusión transitoria para poder descongestionar las inspecciones de Policía. La solución estructural es que una concurrencia de la Alcaldía, la Nación y el Departamento nos posibilite construir un centro de altas capacidades donde efectivamente las personas sean resocializadas y educadas”, concluyó el alcalde.
En el caso de la cárcel de Tuluá, continúan las necropsias de Medicina Legal en la capital del Valle del Cauca para hacer la entrega efectiva de los 51 cuerpos a sus familiares. El personero Martín Hincapie pidió a las autoridades que sean trasladados hasta sus municipios de origen. “De Tuluá son 24 personas, pero los demás son de otros municipios del Valle y de Colombia. La idea es que el Inpec asuma esta responsabilidad para que no haga más onerosa la situación de los familiares”, precisó.