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Una niña de 15 años murió en el corregimiento de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), después de que la embarcación en la que iba fuera atacada por grupos armados. El hecho se presentó hace dos semanas, pero se conoció hasta ahora debido a que su familia tuvo que salir del municipio por amenazas.
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“El grupo armado, al parecer estructuras del Eln, se llevaron a la muchacha. Cuando el papá se enteró, fue a hablar con los victimarios para que le entregaran a su hija. El cuerpo se lo dieron a los dos días, pero lo obligaron a enterrarla en su zona de control”, aseguró a El Espectador Edwin Patiño, personero de Buenaventura.
Una semana después llegó la información a la Personería y se dirigieron, junto con funcionarios de la Fiscalía, hasta el sector. para intentar hacer el levantamiento. “A los 5 días nos llama el padre y nos comunica que está siendo amenazado y activamos una ruta para sacar a la familia de la ciudad. Ahí fue que se filtró la información”, agregó.
El funcionario también aseguró que tuvieron que, junto con la Defensoría del Pueblo, establecer una ruta para que la familia pudiera salir de la ciudad debido a amenazas directas de las estructuras ilegales.
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La violencia se ha recrudecido en la zona del Bajo Calima por la disputa entre miembros del Eln y las Agc por el control del territorio, que viene dándose desde Chocó. Estos enfrentamientos han ocasionado el desplazamiento de más de 2.000 personas, entre otras acciones delictivas como el secuestro de un hombre, que se registró en la tarde de este jueves 10 de febrero en el sector de la Colonia.
En Buenaventura hacen presencia el Eln, las Agc, el frente Rafael Aguilera de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las bandas Los Shotas y Los Espartanos (escisiones del grupo La Local).
Recientemente, se conocieron las intimidaciones que sufrió el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo. “Han dejado unos panfletos cerca del templo parroquial, donde dice que todos los que bajen y evidencien los problemas se vuelven sapos y que todos los sapos van a morir”, denunció Darío Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN).
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Desde 2018, la Defensoría ha alertado el riesgo al que están expuestas las poblaciones que se ubican en la rivera de los ríos, por lo que las comunidades de la zona exigen materializar el pacto por la vida y por la paz.