Cali busca salidas
Las mesas de diálogos entre manifestantes y Gobierno lograron sus primeros acuerdos para proteger el derecho a la protesta, una masiva marcha ciudadana rechazó los bloqueos y un grupo de empresarios viajaron a EE. UU. para pedir que Washington rechace el cierre de vías y el vandalismo. Panorama.
Si hay una ciudad de Colombia que ha sido especialmente afectada por hechos de vandalismo y denuncia de abuso policial y que al mismo tiempo ha sido escenario de las más grandes concentraciones de jóvenes en defensa de sus derechos, esa es Cali. En la capital vallecaucana han tenido lugar pacíficas y ejemplares movilizaciones desde el miércoles 28 de abril, pero también jornadas, especialmente nocturnas, en las que durante el mismo período algunos vándalos han intentado infiltrar la protesta para deslegitimarla. Además de los aislados pero delicados hechos de violencia vividos por Cali y otros municipios del Valle, hay un tema que ha puesto en jaque a los gobiernos municipal y departamental: el de los bloqueos en algunos puntos estratégicos de esa región, con el consecuente desabastecimiento de víveres, combustible e insumos médicos. Y entre más prolongados los bloqueos mayor es la afectación para los ciudadanos del común, para los empresarios de la zona y para la administración pública. La protesta es legítima, pero las consecuencias de los bloqueos en esas mismas protestas también las están pagando todos: los que protestan y los que están en contra de las protestas.
El panorama de las últimas horas se puede resumir en tres hechos concretos bien importantes: las mesas de diálogos entre manifestantes y Gobierno alcanzaron sus primeros acuerdos para proteger el derecho a la protesta, una masiva marcha ciudadana rechazó los bloqueos y la violencia en Cali y una delegación de empresarios de todo el país viajó a Estados Unidos para pedir que Washington rechace el cierre de vías y el vandalismo.
También puede leer: Mesas de diálogo en Cali: primeros acuerdos sobre garantías para la protesta
El primero de esos puntos es todo un logro. En la madrugada de ayer martes, mientras los vallecaucanos y el país dormían, las mesas de diálogos instauradas en Cali dieron sus primeros resultados. Los líderes de los manifestantes y los representantes de los gobiernos municipal y departamental revelaron que acordaron avanzar en las garantías para ejercer el derecho constitucional a la protesta social y pacífica, con el fin de que no ocurran hechos de violencia durante las movilizaciones. También se dará inicio a la construcción de agendas culturales y pedagógicas que permitan establecer la importancia de que las manifestaciones sean en paz. Además, habrá una comisión de derechos humanos que verifique las denuncias de abuso policial durante las protestas.
Por parte de los manifestantes acudieron a esas reuniones los líderes de la Unión de Resistencia Cali (URC), el colectivo que representa a los jóvenes que protestan desde el 28 de abril en esa ciudad. El alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, y miembros de la Gobernación del Valle estuvieron por el lado de la institucionalidad. Como mediadores de estas mesas acudieron el Ministerio Público, la Iglesia católica y organismos internacionales. Estos acuerdos no significan la finalización de las protestas, pero marcan un camino para que entre los manifestantes y los gobiernos se llegue a un acuerdo conjunto que permita levantar los bloqueos y finalizar las marchas.
Horas después de ese acuerdo, cientos de personas se reunieron en el centro de Cali para realizar la Marcha del Silencio, que tuvo como objetivo rechazar los bloqueos que realizan algunas personas en puntos claves de la ciudad y del departamento, pero también hacer un llamado al cese de la violencia. Con camisetas blancas, pancartas con mensajes como “Cali somos todos” y banderas de Colombia y la ciudad, la movilización transcurrió con tranquilidad. En esa marcha, cuyos organizadores nada tienen que ver con los de las protestas del último mes, hubo hasta declaraciones de apoyo a la Fuerza Pública, en especial a los agentes de la Policía, quienes fueron aplaudidos en esa jornada.
La Marcha del Silencio empezó en el bulevar del río Cali y fue hasta la plazoleta Jairo Varela. Aunque esta movilización fue convocada sin ningún tinte político, varios congresistas y concejales del Centro Democrático se unieron a ella. La jornada transcurrió sin mayores inconvenientes y coincidió en tiempo con un plantón de los conductores del Masivo Integrado de Occidente (MIO), quienes piden a la Alcaldía garantías para su trabajo.
Empresarios piden apoyo en EE. UU.
A partir de hoy, miércoles 26 de mayo, una serie de empresarios colombianos que tienen negocios con Estados Unidos estarán en Washington para buscar que desde ese país se rechacen los bloqueos y el vandalismo que se presentan en Colombia. Serán tres días en los que habrá reuniones con delegados del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado. También con la directora del Wilson Center, Cynthia Arnson; el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco; el director del Diálogo Interamericano, Michael Shifter; el director del Programa de Veeduría de Defensa de WOLA, Adam Isacson, entre otros personajes.
Por parte de Colombia, los empresarios que viajaron para sostener estos encuentros fueron Juan Pablo Rivera, presidente del Grupo Zona Franca de Bogotá; Carlos Álvarez, vicepresidente científico de Colsánitas; Pedro Estrada, presidente de Compañía de Empaques; Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería; Mónica Moreno, de Lidarit; Pedro Cardona, líder del Sindicato de Compañías de Empaques; Gonzalo Moreno, presidente Fenavi; Jacobo Tovar, presidente Comfandi; Jaime Niño, director para América Latina de Aecom; Paula Uribe, directora de Asuntos Corporativos para Pepsi Co, entre otros.
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Según la Cámara de Comercio de Cali, el 41,3 % de las empresas de la ciudad reportaron que no están operando desde el pasado 28 de abril, cuando empezó el paro nacional. Además, el 47,2 % lo está haciendo de manera parcial, utilizando solo el 40 % de su capacidad. Esto ha generado incertidumbre entre los grandes empresarios de la capital vallecaucana y en general del país, pues se estima que debido a los bloqueos están en riesgo 100.000 empleos que se generan con las empresas de Estados Unidos que funcionan en Colombia.
Aunque ninguno de estos tres hechos resolverá las dificultades sociales que viven Cali y el Valle del Cauca, sí demuestran que las partes están explorando soluciones y que en todos los sectores hay rechazo a la violencia en las protestas, venga de donde venga.
Si hay una ciudad de Colombia que ha sido especialmente afectada por hechos de vandalismo y denuncia de abuso policial y que al mismo tiempo ha sido escenario de las más grandes concentraciones de jóvenes en defensa de sus derechos, esa es Cali. En la capital vallecaucana han tenido lugar pacíficas y ejemplares movilizaciones desde el miércoles 28 de abril, pero también jornadas, especialmente nocturnas, en las que durante el mismo período algunos vándalos han intentado infiltrar la protesta para deslegitimarla. Además de los aislados pero delicados hechos de violencia vividos por Cali y otros municipios del Valle, hay un tema que ha puesto en jaque a los gobiernos municipal y departamental: el de los bloqueos en algunos puntos estratégicos de esa región, con el consecuente desabastecimiento de víveres, combustible e insumos médicos. Y entre más prolongados los bloqueos mayor es la afectación para los ciudadanos del común, para los empresarios de la zona y para la administración pública. La protesta es legítima, pero las consecuencias de los bloqueos en esas mismas protestas también las están pagando todos: los que protestan y los que están en contra de las protestas.
El panorama de las últimas horas se puede resumir en tres hechos concretos bien importantes: las mesas de diálogos entre manifestantes y Gobierno alcanzaron sus primeros acuerdos para proteger el derecho a la protesta, una masiva marcha ciudadana rechazó los bloqueos y la violencia en Cali y una delegación de empresarios de todo el país viajó a Estados Unidos para pedir que Washington rechace el cierre de vías y el vandalismo.
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El primero de esos puntos es todo un logro. En la madrugada de ayer martes, mientras los vallecaucanos y el país dormían, las mesas de diálogos instauradas en Cali dieron sus primeros resultados. Los líderes de los manifestantes y los representantes de los gobiernos municipal y departamental revelaron que acordaron avanzar en las garantías para ejercer el derecho constitucional a la protesta social y pacífica, con el fin de que no ocurran hechos de violencia durante las movilizaciones. También se dará inicio a la construcción de agendas culturales y pedagógicas que permitan establecer la importancia de que las manifestaciones sean en paz. Además, habrá una comisión de derechos humanos que verifique las denuncias de abuso policial durante las protestas.
Por parte de los manifestantes acudieron a esas reuniones los líderes de la Unión de Resistencia Cali (URC), el colectivo que representa a los jóvenes que protestan desde el 28 de abril en esa ciudad. El alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, y miembros de la Gobernación del Valle estuvieron por el lado de la institucionalidad. Como mediadores de estas mesas acudieron el Ministerio Público, la Iglesia católica y organismos internacionales. Estos acuerdos no significan la finalización de las protestas, pero marcan un camino para que entre los manifestantes y los gobiernos se llegue a un acuerdo conjunto que permita levantar los bloqueos y finalizar las marchas.
Horas después de ese acuerdo, cientos de personas se reunieron en el centro de Cali para realizar la Marcha del Silencio, que tuvo como objetivo rechazar los bloqueos que realizan algunas personas en puntos claves de la ciudad y del departamento, pero también hacer un llamado al cese de la violencia. Con camisetas blancas, pancartas con mensajes como “Cali somos todos” y banderas de Colombia y la ciudad, la movilización transcurrió con tranquilidad. En esa marcha, cuyos organizadores nada tienen que ver con los de las protestas del último mes, hubo hasta declaraciones de apoyo a la Fuerza Pública, en especial a los agentes de la Policía, quienes fueron aplaudidos en esa jornada.
La Marcha del Silencio empezó en el bulevar del río Cali y fue hasta la plazoleta Jairo Varela. Aunque esta movilización fue convocada sin ningún tinte político, varios congresistas y concejales del Centro Democrático se unieron a ella. La jornada transcurrió sin mayores inconvenientes y coincidió en tiempo con un plantón de los conductores del Masivo Integrado de Occidente (MIO), quienes piden a la Alcaldía garantías para su trabajo.
Empresarios piden apoyo en EE. UU.
A partir de hoy, miércoles 26 de mayo, una serie de empresarios colombianos que tienen negocios con Estados Unidos estarán en Washington para buscar que desde ese país se rechacen los bloqueos y el vandalismo que se presentan en Colombia. Serán tres días en los que habrá reuniones con delegados del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado. También con la directora del Wilson Center, Cynthia Arnson; el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco; el director del Diálogo Interamericano, Michael Shifter; el director del Programa de Veeduría de Defensa de WOLA, Adam Isacson, entre otros personajes.
Por parte de Colombia, los empresarios que viajaron para sostener estos encuentros fueron Juan Pablo Rivera, presidente del Grupo Zona Franca de Bogotá; Carlos Álvarez, vicepresidente científico de Colsánitas; Pedro Estrada, presidente de Compañía de Empaques; Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería; Mónica Moreno, de Lidarit; Pedro Cardona, líder del Sindicato de Compañías de Empaques; Gonzalo Moreno, presidente Fenavi; Jacobo Tovar, presidente Comfandi; Jaime Niño, director para América Latina de Aecom; Paula Uribe, directora de Asuntos Corporativos para Pepsi Co, entre otros.
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Según la Cámara de Comercio de Cali, el 41,3 % de las empresas de la ciudad reportaron que no están operando desde el pasado 28 de abril, cuando empezó el paro nacional. Además, el 47,2 % lo está haciendo de manera parcial, utilizando solo el 40 % de su capacidad. Esto ha generado incertidumbre entre los grandes empresarios de la capital vallecaucana y en general del país, pues se estima que debido a los bloqueos están en riesgo 100.000 empleos que se generan con las empresas de Estados Unidos que funcionan en Colombia.
Aunque ninguno de estos tres hechos resolverá las dificultades sociales que viven Cali y el Valle del Cauca, sí demuestran que las partes están explorando soluciones y que en todos los sectores hay rechazo a la violencia en las protestas, venga de donde venga.