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Aunque la dinámica de las largas e intensas jornadas de paro en Cali acostumbró a la ciudad a que en el día la situación es tranquila y que cuando cae la tarde empieza el ruido de las aturdidoras lanzadas por el ESMAD, el sobrevuelo de los helicópteros militares, los balazos y las detonaciones de las bombas artesanales, la mañana del jueves 6 de mayo estuvo crispada desde muy temprano.
Los manifestantes agolpados en la Avenida Pasoancho con Autopista Suroriental pidieron a los motociclistas que pasaron por este punto de la ciudad, uno de los más activos desde que se inició el paro, que apagaran sus vehículos, se bajaran de los mismos y los llevaran caminando. ¿La razón? Esa misma mañana, dicen quienes están en este punto de concentración conocido como La Luna, dos hombres vestidos de civil pasaron en moto disparándoles a un grupo de manifestantes de la Primera Línea.
María Aurelia*, una joven europea que vive en Colombia hace tres años, es una de las que hacen las veces de agentes de movilidad. “Por favor, apaguen las motos. Nos están disparando y no queremos más muertos (...) Señora, siga, por favor, no se quede ahí”. Con un “gracias” y varios aplausos con los que agradece a los motociclistas que acatan la instrucción, Aurelia ayuda a la coordinación de lo que allí pasa. Se mueve rápido y su cabeza parece un radar que gira 360 grados. Tiene los ojos bien abiertos.
Cada tanto va hasta una mesa que está instalada debajo del puente vehicular, sobre la que hay jugos, gaseosas y galletas, y les brinda comida a los miembros de la minga indígena del Cauca que llegaron al lugar luego de que se les informara que había civiles armados disparando. “Nosotros venimos a brindar seguridad. A mediar para que cese la violencia. Hacemos parte del paro, pero también somos gestores de paz, convivencia y derechos humanos”, dice uno de los voceros.
El gesto de los más de cinco mil indígenas que llegaron del Cauca a mitad de semana se repite en Meléndez, Sameco, Puerto Resistencia y Siloé, tal vez el punto más violento desde que se inició la movilización. Las cifras de muertos en ese barrio son dispares. Los líderes de las barricadas hablan de decenas, mientras que la Fiscalía dice que aún no se puede determinar si todas las muertes están enmarcadas en las protestas. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, le ha pedido a la Fiscalía investigar pronto de dónde salieron las balas que están segando la vida de los jóvenes.
Volvamos a María Aurelia, que es estudiante de idiomas e interpretación. Le preguntamos por su razones para estar allí manifestándose activa y pasivamente. “Ni en EE. UU. por George Floyd vi tanta violencia, ni en los chalecos amarillos en Francia. Este es el único país en el que he vivido en el que veo que matan a la gente con sangre fría y no les da ni vergüenza”.
En la Capital del Valle del Cauca es común ver por estos días, además de funcionarios con chalecos de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, representantes de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas. “Las fuerzas de seguridad utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos”, dijo Marta Hurtado, portavoz de la oficina dirigida por Michelle Bachelet.
El escalamiento de la violencia es evidente y directamente proporcional a las denuncias de abuso por parte de la Fuerza Pública, quienes han sido denunciados por su responsabilidad en la muerte de varios manifestantes, entre ellos Nicolás García Guerrero, quien recibió un impacto de bala el pasado domingo 2 de mayo.
“A mi hijo lo mataron vilmente. Le dispararon en la cabeza cuando estaba desarmado. Le dispararon a matar. Querían matarlo y lo lograron. Él estaba resistiendo. Resistir es esperar a que otros negocien y decidan parar y nadie ha decidido nada y aquí siguen resistiendo. (...) Desde temprano (Nicolás) empezó a recolectar ayuda para los campamentos a los que traen a los heridos. Estaba preocupado de ver tanta gente herida, sobre todo en la cabeza. Me decía: ‘ellos están tirando a la cabeza y los ojos’. Estaba muy triste porque a su amigo le habían golpeado un ojo y estaba preocupado por eso y quería recoger mucha ayuda para la asistencia. Le ayudé a conseguir dinero para comprar cosas y luego terminó acá. Decía que querían luchar para cambiar el país, pero no alcanzó a ver ese cambio”, le dijo a El Espectador Laura Guerrero, mamá del joven muerto.
Hablar de cifras consolidadas de muertos es precipitado. Primero porque son contradictorias y segundo porque la movilización continúa. Al respecto la Defensoría del Pueblo, en un informe que divulgó el miércoles 5 de mayo, aseguró que, para entonces, iban 24 personas muertas, 17 de ellas plenamente identificadas en el Valle del Cauca, en donde se han registrado los mayores disturbios.
La Policía también ha denunciado ataques con arma de fuego por parte de manifestantes. Y así como en redes sociales circulan videos que evidencian los abusos policiales, también los hay de los ataques a la Fuerza Pública. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, 171 policías han resultado heridos durante las manifestaciones. Entre ellos, dice el alto oficial, hay uniformados que han sido heridos con arma de fuego y arma blanca. Según la Alcaldía de Cali, en los días de paro han resultado heridas 450 personas, mientras que 42 estaciones del MIO han sido destruidas.
Lo que ha pasado durante estos 10 días de paro continuo en Cali es difícil de resumir. La mezcla que conforma este plato es tan rica como compleja y, reducirla a la violencia, que es evidente, sería una ligereza. De hecho, y como si se tratara de un inventario de oficina, algunos medios con impacto local y nacional se han dedicado a contar estaciones del MIO vandalizadas, bombas de gasolinas saqueadas, CAI y semáforos destruidos, heridos y muertos . Todo en la misma bolsa, sin hacer esfuerzos por entender los diversos matices.
“Este paro ha movilizado a personas que antes no se movilizaban. Hay una unión popular, que se vive fuerte en la zona del distrito y la ladera, pero hay otros grupos sociales que nunca se habían preocupado por estos temas y que se han sumado a los que algunos llaman ‘tercera y cuarta línea’, que es la gente que prepara las ollas comunitarias, las brigadas de salud que atienden a los heridos de las protestas, entre otros temas logísticos para que el paro se mantenga”. Dentro de ese grupo de ciudadanos que se ofrecen para atender heridos, El Espectador ha evidenciado el trabajo de estudiantes de medicina de universidades privadas y de ciudadanos del Paso del Comercio que han convertido casas en centros de salud improvisados en donde se atienden decenas de jóvenes heridos que llegan con laceraciones, contusiones o heridas de bala”, dice Felipe Millán, sociólogo de la Universidad del Valle.
Jhon Jairo Osorio Garzón, líder en el barrio Paso del Comercio, en la recta que de Cali conduce a Palmira, convirtió su casa en un puesto de salud en el que se atiende a los heridos de los enfrentamientos con el ESMAD. “Hicimos esto por la iniciativa comunitaria que quiso colaborar al ver tanta gente que estaba herida en las protestas. Todos los elementos que utilizamos para las suturas, curaciones y desinfecciones, son donados por la ciudadanía”, dice.
Como este, al menos en este punto de concentración de las marchas, hay tres centros de atención, con el del salón comunal del barrio Comfenalco y el de San Luis. Durante la primera semana de paro fueron atendidas más de 60 personas.
Lo que pasa en Cali, según el sociólogo César Millán, es un hito, porque “históricamente la movilización social siempre había sido por sectores. Estudiantes, sindicalistas, sector salud, cada uno marchando por sus reivindicaciones. Lo que se ve ahora es a toda la gente protestando por un mismo fin. Además que a la marcha se han sumado, a su manera, los diferentes sectores de la sociedad”. Lo que dice Millán se evidencia, por ejemplo, en que un porcentaje importante de los jóvenes que lideran las barricadas que se han instalado por la ciudad, viven en el Distrito de Agua Blanca y las laderas, mientras que la ciudadanía que apoya en temas de salud, alimentación y otras movidas logísticas pertenece a los estratos medios y altos. El año pasado, según cifras del DANE, el 21,9 % de la población vivía en condición de pobreza, es decir, 558.360 personas, 13.800 más que en 2018.
Sería mentiroso decir que toda la ciudadanía se volcó en masa a apoyar el paro. El pasado 3 de mayo, por ejemplo, los habitantes del barrio Ciudad Jardín, un sector de estrato 6, confrontaron a los manifestantes. Lo grave del asunto es que los habitantes de este barrio, o al menos sus escoltas, suelen estar armados.
Hay otra razón que explica la magnitud de la protesta. “La pandemia en el caso de Cali rompió con el tejido de una sociedad que se ha caracterizado por lo nocturno. Esto jalona el tejido económico de esta ciudad, pero con los confinamientos se empezó a generar no solo más desempleo, sino también una irritabilidad generalizada y la cita en la calle motivó volver al encuentro con el otro”, agregó Millán.
Los corredores humanitarios para ingresar a Cali se están habilitando paulatinamente. Sin embargo, si no se llega a una pronta solución, la situación de desabastecimiento será cada vez más pronunciada. Los esfuerzos, una vez se reinicien las actividades, estarán enfocados en la reconstrucción de la infraestructura, pero sobre todo, en la reparación del tejido social.
