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El Centro Democrático presentó este miércoles denuncias ante los organismos de control por presuntas irregularidades en la contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños del departamento del Valle del Cauca. (Lea:700.000 niños no tendrían alimentación escolar en 2017)
Quienes lideraron las acusaciones fueron la senadora Susana Correa y la diputada Juanita Cataño, las cuales vincularon en el escándalo a la actual gobernadora Dilian Francisca Toro, señalada de otorgar contratación a dedo para favorecer a los políticos que la acompañaron en la campaña. (Le puede interesar: Las irregularidades y dificultades en los Planes de Alimentación Escolar)
“Desde el año pasado en plenarias que se adelantaron denuncié que lo que está pasando en el Valle con la alimentación de nuestros niños se trata de un favorecimiento a grupos políticos para pagar favores electorales. Los propietarios de las fundaciones que operan el programa acompañaron a la gobernadora y ésta a su vez los favoreció durante el primer semestre del 2016 con convenios a dedo”, indicó Cataño.
La diputada resaltó que un dirigente de Cambio Radical y el representante a la Cámara José Luis Pérez que, según ella, habría recibido más de tres mil millones de pesos, serían los beneficiados de esta contratación. Además dijo que la Gobernación lleva meses sin abrir concursos para licitaciones públicas.
Lo más “grave” del caso es que, según las funcionarias, la fundación del representante Pérez (Fundanavi) tiene antecedentes ya que a comienzos de 2016 más de 100 niños resultaron intoxicados en el municipio El Cerrito y Zarzal por injerir comida descompuesta.
“Hay otra fundación que se llama Acción por Colombia, que creo que lo maneja un señor llamado Alex Tirado, hijo de Omar Tirado, quien es un político de la región. Ellos tuvieron varios contratos el año pasado”, manifestó Correa.
La diputada del Valle advirtió igualmente que a la fecha no hay ningún responsable por este caso a pesar de que se compulsaron copias a los diferentes entes para que investiguen los hechos. “La Contraloría dijo que el 100 % de la contratación en el PAE 2016 fue directa y que hubo adulteración y cambio en el gramaje y paquetes de alimentos, comida en estado de descomposición, comida vencida. Sin embargo hasta el sol de hoy no hay capturados”, agregó.
También se conoció que en dos de los convenios firmados por la Gobernación del Valle, Nutrivalle, una de las empresas que ganó obtuvo la contratación, estaba en liquidación y su representante legal tiene embargos por alimentos. “Hay dolo en esta situación, Toro era consciente de lo que estaba haciendo y tiene la mayor responsabilidad”, concluyó Juanita Cataño.
De acuerdo con cifras del Gobierno, un total de 125 mil niños de 34 de los 42 municipios del Valle se benefician con el programa de alimentación escolar.