El cruce de mensajes entre comunidad y Gobierno por la situación de Buenaventura

A raíz de las protestas y marchas de la semana pasada, adelantadas por los habitantes de este municipio del Valle del Cauca, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, llegó hasta el puerto para realizar un consejo de seguridad en el que se estableció la ruta de trabajo para poder capturar a las cabecillas de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Sin embargo, desde la comunidad aseguran que este problema debe tratarse desde el punto de vista social que incluya a los niños, niñas y jóvenes que son reclutados por las estructuras armadas.

Una de las decisiones del consejo de seguridad fue la orden de incrementar el pie de fuerza en Buenaventura, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona. Por este motivo, 120 policías se trasladarán a la ciudad. “A esto se adiciona la llegada de dos destacamentos de fuerzas especiales del Ejército Nacional y un pelotón de reconocimiento de la Armada Nacional para coayudar con la vigilancia urbana, llegando a más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública en Buenaventura”, aseguró el ministro.

También puede leer: Habitantes de Buenaventura hicieron una manifestación para exigir paz en su territorio

Sin embargo, varios líderes y activistas sociales aseguran que el Gobierno está perdiendo la batalla contra estas organizaciones armadas y que estas medidas no son suficientes, ya que no atacan el problema de raíz. “Lo que queremos es inversión social, que miren a la comunidad, que proyecten a los niños y jóvenes. Que hagamos proyectos reales, porque los proyectos son capacitaciones y eso no llega a nada”, le dijo Wilmar Valencia, líder de la comunidad, a RCN Radio.

Además de esto, desde las comunidades porteñas sostienen que las medidas de este tipo nunca han funcionado. En agosto del año pasado hubo un acuerdo entre el Ejército Nacional, de la mano con la Gobernación del Valle del Cauca, para aumentar el pie de fuerza en 360 hombres en todo el departamento para brindar la seguridad necesaria a las comunidades.

La comunidad ha manifestado su preocupación y ha denunciado el reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas criminales. Esto también lo asegura el líder de la comunidad, Orlando Castillo, quien agrega que el desempleo hace que estos jóvenes terminen uniéndose a estas bandas ante la falta de oportunidad y la pobreza.

A pesar de estas versiones de los líderes sociales de la comunidad, desde el Ministerio del Interior aseguran que lo que pasa en Buenaventura no es un problema social. “Aquí hay un grupo criminal. No lo confundamos con la inconformidad de la ciudadanía. Aquí hay una lucha entre bandas criminales”, le dijo el ministro Palacios a Caracol Radio.

Además de los compromisos adquiridos en cuanto al aumento del pie de fuerza para garantizar la seguridad, también se llegaron a acuerdos para poner cámaras de seguridad en la ciudad, que ayuden a identificar a las personas responsables de la violencia. También se aumentó la recompensa a $200 millones para dar con la ubicación de alias Mapaya, Pepo y Fidel, principales cabecillas de Los Espartanos y Los Shotas.

El comienzo de año en Buenaventura ha estado marcado por asesinatos, enfrentamientos entre bandas, desplazamientos y casos de desapariciones. Desde que empezó 2021 se han registrado 38 enfrentamientos con armas de fuego entre dos o más grupos armados ilegales, según Indepaz. Además, 11 personas han sido declaradas como desaparecidas.

Estos datos se entienden debido a la fragmentación del grupo delincuencial La Local, que hace presencia en este municipio desde 2016. Sin embargo, el año pasado se llevó a cabo una reunión entre las dos fracciones de esta banda (Los Espartanos y Los Shotas) para firmar un pacto de no agresión en las zonas donde delinquen ambas unidades. En diciembre ese trato se rompió y una de las dos fracciones atacó al líder de la otra, entrando así en una disputa que hasta el momento ha dejado 22 muertos en Buenaventura en este inicio de año.

Pero este no es el único grupo armado que hace presencia en la zona. Desde Indepaz aseguran que son al menos seis las estructuras delincuenciales que tienen atemorizada a la población de Buenaventura. El Clan del Golfo, el frente 30 de las disidencias de las Farc, la banda La Local -dividida en Los Shotas y Los Espartanos-, La Empresa y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) son las bandas que hacen presencia en esta zona y se disputan el territorio del puerto marítimo más importantes del país.

En total 156 familias, lo que se traduce en 653 personas, han salido desplazadas debido a los constantes enfrentamientos entre los actores ilegales que buscan controlar todo el territorio. 170.500 bonaverenses están en riesgo por esta situación, según Indepaz.

Le puede interesar: Buenaventura: la pesadilla por la división de grupo armado organizado La Local

Este año el Pacífico colombiano ha sido víctima del recrudecimiento de la violencia, debido, entre otros factores, a la disputa por el control de las rutas del narcotráfico que se mueve en esta zona del país, y que tiene en el océano Pacífico una vía para el tráfico de esas sustancias.

Los cinco departamentos que tienen costa en el Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia) han vivido en 39 días del año situaciones de violencia como masacres, desplazamientos, desapariciones y asesinatos a líderes sociales, por el enfrentamiento entre grupos armados por el control de los territorios.

A raíz de las protestas y marchas de la semana pasada, adelantadas por los habitantes de este municipio del Valle del Cauca, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, llegó hasta el puerto para realizar un consejo de seguridad en el que se estableció la ruta de trabajo para poder capturar a las cabecillas de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Sin embargo, desde la comunidad aseguran que este problema debe tratarse desde el punto de vista social que incluya a los niños, niñas y jóvenes que son reclutados por las estructuras armadas.

Una de las decisiones del consejo de seguridad fue la orden de incrementar el pie de fuerza en Buenaventura, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona. Por este motivo, 120 policías se trasladarán a la ciudad. “A esto se adiciona la llegada de dos destacamentos de fuerzas especiales del Ejército Nacional y un pelotón de reconocimiento de la Armada Nacional para coayudar con la vigilancia urbana, llegando a más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública en Buenaventura”, aseguró el ministro.

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Sin embargo, varios líderes y activistas sociales aseguran que el Gobierno está perdiendo la batalla contra estas organizaciones armadas y que estas medidas no son suficientes, ya que no atacan el problema de raíz. “Lo que queremos es inversión social, que miren a la comunidad, que proyecten a los niños y jóvenes. Que hagamos proyectos reales, porque los proyectos son capacitaciones y eso no llega a nada”, le dijo Wilmar Valencia, líder de la comunidad, a RCN Radio.

Además de esto, desde las comunidades porteñas sostienen que las medidas de este tipo nunca han funcionado. En agosto del año pasado hubo un acuerdo entre el Ejército Nacional, de la mano con la Gobernación del Valle del Cauca, para aumentar el pie de fuerza en 360 hombres en todo el departamento para brindar la seguridad necesaria a las comunidades.

La comunidad ha manifestado su preocupación y ha denunciado el reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas criminales. Esto también lo asegura el líder de la comunidad, Orlando Castillo, quien agrega que el desempleo hace que estos jóvenes terminen uniéndose a estas bandas ante la falta de oportunidad y la pobreza.

A pesar de estas versiones de los líderes sociales de la comunidad, desde el Ministerio del Interior aseguran que lo que pasa en Buenaventura no es un problema social. “Aquí hay un grupo criminal. No lo confundamos con la inconformidad de la ciudadanía. Aquí hay una lucha entre bandas criminales”, le dijo el ministro Palacios a Caracol Radio.

Además de los compromisos adquiridos en cuanto al aumento del pie de fuerza para garantizar la seguridad, también se llegaron a acuerdos para poner cámaras de seguridad en la ciudad, que ayuden a identificar a las personas responsables de la violencia. También se aumentó la recompensa a $200 millones para dar con la ubicación de alias Mapaya, Pepo y Fidel, principales cabecillas de Los Espartanos y Los Shotas.

El comienzo de año en Buenaventura ha estado marcado por asesinatos, enfrentamientos entre bandas, desplazamientos y casos de desapariciones. Desde que empezó 2021 se han registrado 38 enfrentamientos con armas de fuego entre dos o más grupos armados ilegales, según Indepaz. Además, 11 personas han sido declaradas como desaparecidas.

Estos datos se entienden debido a la fragmentación del grupo delincuencial La Local, que hace presencia en este municipio desde 2016. Sin embargo, el año pasado se llevó a cabo una reunión entre las dos fracciones de esta banda (Los Espartanos y Los Shotas) para firmar un pacto de no agresión en las zonas donde delinquen ambas unidades. En diciembre ese trato se rompió y una de las dos fracciones atacó al líder de la otra, entrando así en una disputa que hasta el momento ha dejado 22 muertos en Buenaventura en este inicio de año.

Pero este no es el único grupo armado que hace presencia en la zona. Desde Indepaz aseguran que son al menos seis las estructuras delincuenciales que tienen atemorizada a la población de Buenaventura. El Clan del Golfo, el frente 30 de las disidencias de las Farc, la banda La Local -dividida en Los Shotas y Los Espartanos-, La Empresa y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) son las bandas que hacen presencia en esta zona y se disputan el territorio del puerto marítimo más importantes del país.

En total 156 familias, lo que se traduce en 653 personas, han salido desplazadas debido a los constantes enfrentamientos entre los actores ilegales que buscan controlar todo el territorio. 170.500 bonaverenses están en riesgo por esta situación, según Indepaz.

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Este año el Pacífico colombiano ha sido víctima del recrudecimiento de la violencia, debido, entre otros factores, a la disputa por el control de las rutas del narcotráfico que se mueve en esta zona del país, y que tiene en el océano Pacífico una vía para el tráfico de esas sustancias.

Los cinco departamentos que tienen costa en el Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia) han vivido en 39 días del año situaciones de violencia como masacres, desplazamientos, desapariciones y asesinatos a líderes sociales, por el enfrentamiento entre grupos armados por el control de los territorios.