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En el Bajo Calima (Valle del Cauca) ya solo quedan casas desocupadas. Al menos el 70 % de la población salió desplazada ante las confrontaciones que han mantenido grupos armados en la zona, que este año deja por lo menos nueve civiles muertos. La situación es tan crítica, que las 700 familias, conformadas por cerca de 2.000 personas, no llegaron al casco urbano de Buenaventura, sino que se fueron directamente en chivas hasta Cali, donde aún permanecen.
“Estamos realizando la atención humanitaria inmediata, donde se les dieron kits de aseo y de alimentación, albergue temporal y la Personería les tiene que tomar la declaración, para que con un censo específico de las personas que estamos recibiendo, en el transcurso de los 90 días siguientes, la Unidad de Víctimas defina si son personas consideradas o no desplazadas del conflicto armado”, indicó la secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla.
Esta no es la única situación. La Personería de Buenaventura realizó una verificación el pasado miércoles, en la que no solo se evidenciaron las casas desocupadas, sino que además habría un confinamiento en la comunidad de San Isidro. “Estamos hablando de que se quedaron en el Bajo Calima unas 400 de 1.300 familias, de las cuales alrededor de 612 están en Cali y otras 189 han ido llegando al casco urbano de Buenaventura desde hace un mes”, indicó el personero Edwin Arias.
Estas no son más que las consecuencias de una serie de conflictos que se han venido cocinando desde hace por lo menos un año en la región, pues, mientras en el casco urbano los enfrentamientos entre los Shotas y los Espartanos (que nacieron del fraccionamiento de la banda La Local) dejaron el año pasado alrededor de 190 muertos, según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), al norte de Buenaventura llegaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), relacionadas con el Clan del Golfo, para continuar la lucha por el territorio que vienen librando con el Eln desde Chocó.
De acuerdo con Arias, el Eln ha tenido presencia en la zona del Bajo San Juan y Bajo Calima desde hace por lo menos cuatro años, pero líderes locales, entre ellos el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, señalan que desde noviembre las AGC están en el corregimiento y desde el 10 de enero se tomaron las veredas de San Isidro (donde quemaron un billar) y La Esperanza, por lo que varias personas salieron de la zona con el temor de que hubiera enfrentamientos por el control territorial, hacia la vereda La Colonia, donde está el embarcadero de donde salen las personas de Buenaventura a Chocó, por lo que se lo tomaron el 17 de enero.
Desde entonces los grupos armados se han encargado de dar órdenes contradictorias. Mientras que, por un lado, las AGC impidieron el tránsito por el río y entre el corregimiento, así como asesinaron a dos jóvenes que acusaron de pertenecer a la guerrilla, por su parte el Eln dio el pasado 19 de enero un plazo de tres días a las comunidades para salir del territorio. “Desde antes habían alcanzado a salir unas familias, pero por el confinamiento que impuso la ACG no habían podido salir más y, en cambio, se estaba presentando desabastecimiento, por lo que el fin de semana, que ya llegó el Ejército, la mayor parte de la población salió en chivas para Cali, porque en Buenaventura continúa la confrontación de La Local, que no ha cesado, así como ya no hay casas-albergues dónde recibirlos”, manifestó el personero.
La situación en el casco urbano con La Local es otra guerra andando. Este grupo de crimen organizado está en el radar de las autoridades desde 2016, y de acuerdo con la última alerta temprana de la Defensoría, en 2021, se trataría de una banda sucesora de los Urabeños, ahora Clan del Golfo, que no tendría una relación directa con las AGC, pero que sí habrían logrado agrupar a varias de las bandas locales de Buenaventura. Esto ocurrió hace poco más de un año que la estructura se fraccionó en los Shotas y los Espartanos, quienes además de enlistar en sus grupos a niños, niñas y adolescentes, han mantenido una guerra por el control del territorio y las rentas ilegales en el casco urbano.
“Esos dos grupos tienen el control de la comida en Buenaventura. Desde el 30 de diciembre de 2020, que se presentaron siete asesinatos en la zona urbana, la guerra no ha parado. En el casco urbano el desplazamiento es interno. No más hay que recorrer el barrio San Francisco que hoy parece un desierto. Antes se veían personas sentadas jugando dominó o cartas, pero ahora están confinadas o se han tenido que ir”, argumentó José Luis Rojas, consejero departamental de paz del Valle del Cauca.
Para César Niño, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de La Salle, estas situaciones se han agudizado después de la firma del Acuerdo de Paz, “es una consecuencia del incumplimiento del mismo Acuerdo y me atrevería a pensar que estamos a punto de iniciar un tercer ciclo de violencia en el país, tanto por la falta de presencia como por el abandono del Estado, porque se ha comenzado una sofisticación de estos grupos que condicionan la vida y el contrato social de la ciudadanía, construyendo legitimidades coaccionadas por el terror y la violencia que ejercen. Son como feudos criminales en los que la ciudadanía tiene que rendir tributo al que prácticamente le pone una pistola en la cabeza”.
El futuro no parece tan claro. Con las condiciones en el casco urbano de Buenaventura y de su ruralidad se hace complejo pensar en un pronto retorno de las cerca de 2.000 personas que migraron en los últimos días. Como respuesta, la Unidad de Víctimas hizo ayer una verificación de las condiciones en el Bajo Calima, en donde queda al menos el 30 % de la población, algunos cuidando lo que se dejó y otros más veteranos que se resisten a salir de su territorio.
Por su parte, la Fuerza Naval fortaleció las operaciones de seguridad y control, aumentó el despliegue de tropas en la zona con dos unidades de Reacción Rápida, una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico, un destacamento del Ejército Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, en respuesta a los enfrentamientos entre las fracciones de La Local, en La Bocana, a 17 kilómetros del casco urbano, similares a los que líderes señalan que se presentaron durante tres meses en 2021 en los barrios de Buenaventura.
Por eso, para el consejero Rojas, las acciones deben ir más allá de lo dispuesto, pues tan solo el miércoles aparecieron los cuerpos de dos jóvenes, al parecer con signos de tortura, mientras que al menos otros cinco estarían desaparecidos de la zona rural, por lo que considera que la asistencia social a los jóvenes es fundamental para que no caigan en alguno de los grupos ilegales que hoy se encuentran en el departamento. “Se viven momentos difíciles y la comunidad tendrá que hacer una movilización por el derecho a la vida, porque después de cinco años del paro cívico no se han cumplido lo acuerdos. Deberían pensar en terminar obras como la sede principal del Sena y la Casa de la Cultura, así como tener un plan de choque integral para evitar más muertes en Buenaventura.
