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Las cifras de los homicidios de este año en Cali han llamado la atención por diferentes factores. A comienzos de este mes el presidente Gustavo Petro destacó una reduccción en la tasa del 2,5 % ante una disminución de 250 asesinatos, con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el pasado 24 de diciembre no se registró ni una muerte violenta, aunque, solo horas después, para el inicio de la Feria de Cali, se presentaron nueve casos.
De acuerdo con la alcaldía este es el año que menos asesinatos se han registrado en los últimos 30 años, con un diferencial del 23 % con respecto al mismo periodo del año anterior y del 44 % con respecto al promedio desde 1993. Caso aparte es el de los hurtos a personas y celulares, que han tenido aumentos cercanos al 2 %.
Sobre lo que se ha venido haciendo este último año, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, destaca el trabajo focalizado en las comunas donde generalmente más homicidios, como lo es el distrito de Aguablanca, en el oriente, y en Siloé. De igual forma, se refiere a las alertas tempranas de la Defensoría y niega que se tenga conocimiento de grupos armados en la ciudad, mientras que con respecto a las invasiones asegura que se hacen trabajos articulados para dar asistencia social a las familias desalojadas.
¿Cuál es el balance que ustedes tienen de homicidios?
En el 2022 se redujo 23 % los homicidios en comparación con el año anterior. Son más de 250 muertes menos. Son vidas salvadas gracias a una estrategia articulada entre diferentes instituciones, divididas en niveles. Primero el trabajo con los jóvenes, priorizado y microfocalizado, en los lugares donde han sido víctimas y victimarios. Allá hemos llegado con el componente social.
¿Qué les proponen?
Primero “Todos y todas a estudiar”, que ha beneficiado a más de 7.000 estudiantes en Cali; segundo está “Cali incluyente”, un programa para jóvenes en conflicto a los que hemos dado empleabilidad y hemos vinculado procesos importantes de la alcaldía en seguridad y justicia, así como han trabajado en seguridad ciudadana, y tercero el proyecto “Perla”, con el que hemos abordado jóvenes entre los 14 y 28 años en conflicto. Los hemos ayudado a definir su futuro desde el punto de vista artístico, deportivo y diferentes expresiones sociales que ellos afloran y nadie les ayuda a conducirlas, en las comunas 6, 14, 15, 21 y 20.
¿Qué ha pasado con la presencia de las autoridades en las comunas?
En La Ladera, en el oriente de la ciudad, que es Aguablanca y el corredor ambiental de Navarro, el Ejército nos ayuda con patrullajes nocturnos y con Policía, hemos llegado a lugares donde el Observatorio de seguridad nos dice que hay presencia de grupos criminales. Tenemos operativos todos los días en los que nos han ayudado Gestión del Riesgo y salud pública para no generar situaciones proclives a la comisión de delitos. Además, adquirimos elementos que nos permiten interceptación de llamadas, tareas de vigilancia y hemos fortalecido el sistema de cámaras de seguridad, que nos ha ayudado en el esclarecimiento de delitos. Hemos pasado del 17 % al 40 % en el esclarecimiento de los casos. Todos los casos connotados los hemos resuelto.
¿Cuáles?
Las personas decapitadas en la comuna 6 a mitad de año; las dos muchachas de Yumbo que fueron asesinadas en la Ladera de Cali, en agosto, y el caso de la masacre en Siloé. Todos los casos connotados hemos logrado resolverlos gracias a la capacidad de investigación. Ya hemos desarticulado 79 bandas criminales, muchas de ellas dedicadas al microtráfico, al sicariato y al hurto, y eso nos ha permitido tener una reducción en una región estratégica. A este paso, Cali en dos o tres años igualará a la tasa nacional, que está en 24 puntos porcentuales. Hoy nosotros la tenemos en 42 puntos por cada 100.000 habitantes.
Tras la captura de 79 bandas, ¿se ha hecho algo para que las zonas no sean retomadas por otros grupos delincuenciales?
La solución es la interacción de todas las autoridades. La desarticulación de una banda siempre se debe a un trabajo de los organismos de seguridad, organizaciones sociales, comunidad y jueces, para que impongan penas privativas de la libertad y no casa por cárcel para que no reincidan. Estamos trabajando para que el proceso de captura tenga eco en la judicialización, porque en años anteriores había muchas capturas, pero no orden de enviarlos a la cárcel. Hoy tenemos buena sinergia y adicionalmente estamos golpeando a la estructura completa, hasta hemos tomado medidas dentro de establecimientos carcelarios, desde donde se dan órdenes.
¿Qué están haciendo en puntos como la comuna 14 o Siloé, que siguen siendo los que más registran homicidios?
La decisión que se tomó en los consejos de seguridad fue microfocalizar el ejercicio tanto de autoridad como de oferta social para los jóvenes en conflicto, porque no podíamos atender con la misma capacidad las 22 comunas y los 15 corregimientos. Además porque no en todos lados tenemos las mismas problemáticas. Priorizamos 10 comunas, 10 estaciones de Policía y 3 corregimientos, donde llegamos con trabajo, inversiones, microfocalización en la investigación y allí es donde hemos visto mayor reducción.
Mientras el homicidio ha bajado, el hurto ha subido, ¿qué ha pasado?
Los homicidios están en las comunas más desfavorecidas y los hurtos se registran en mayor medida en las comunas con mayor capacidad de recursos y en el sistema de transporte masivo. Hablo de las comunas 17, 19, 2 y 3, que es el centro de la ciudad. Identificando esos factores hemos enfocado nuestra prioridad en el MIO y por eso estamos cerrando un acuerdo tripartito con Metrocali, que es la que lidera el transporte, la Policía y la Alcaldía para unir recursos y aumentar la capacidad logística en esos sectores.
¿Cuál es el plan?
Queremos crear una estación de Policía que solo atienda el sistema de transporte masivo, que tenga un oficial de Policía al mando, unos oficiales que solo orbiten en buses y estaciones y brinde seguridad allí, porque cerca del 42 % de los hurtos a celulares y a personas que ocurren en la ciudad son el MIO, ya sea dentro del sistema o en las inmediaciones. También tenemos unos planes para los corredores turísticos y gastronómicos y los de discotecas o establecimientos nocturnos, donde hemos vinculado a la comunidad para convertirlas en zonas seguras.
En cuanto a la alerta temprana de la Defensoría, ¿Qué tanto han avanzado con la presencia de grupos armados como disidencias?
Tenemos unas alertas, donde hay información por confirmar de la presencia de grupos armados. En Cali no tenemos comprobado la presencia de grupos armados. Se han mandado unos pasquines, que las primeras investigaciones demuestran que son de integrantes de delincuencia común, que mandan esos mensajes para generar zozobra en la población, pero que no tienen ni el modo de repartir, ni las descripciones, ni el modo de escribir que utilizan estos criminales en otros lugares del país. Por eso se ha descartado, sin embargo, tenemos presencia en lugares como Siloé y Llanoverde, donde la Defensoría ha priorizado las alertas.
Cali ha hecho una labor titánica para contener la llegada del multicrimen a la ciudad, por eso podemos decir que en Cali no tenemos elementos para decir que está el Clan del Golfo o estructuras internacionales como los mexicanos, generando zozobra o controlando. Lo que tenemos es actividades atomizadas, pequeños grupos que se dedican al multicrimen a pequeña escala y eso implica un trabajo muy arduo porque nos toca estar en todos lados y con fuentes humanas identificarlas, para desarticularlas.
¿O sea que desvirtúan lo que dice la última alerta temprana de este año que habla de dinámicas y presencia de grupos como disidencias?
La alerta en Cali nosotros la tomamos, la respetamos y le hacemos seguimiento a la misma, pero la analizamos de acuerdo a la amenaza que tiene la ciudad para esos delitos, porque sí es cierto que en municipios vecinos sí puede haber presencia de esos grupos haciendo presión, pero no en Cali.
¿Entonces también desvirtúan que las AGC estuvieron involucradas en la masacre de Siloé?
Está contemplada dentro de la estructura de investigación, pero es la que menor valor tiene. Hay otras hipótesis de presencia de unos grupos dedicados al microtráfico y en ese enfrentamiento se generaron unas advertencias previas y eso desencadenó en la muerte de los cinco ciudadanos. También se han descartado algunas voces que decían que los atacantes eran personas encapuchadas, con armas largas, porque los videos que hemos identificado vemos a otras personas operando en la zona con dinámicas diferentes a las que tienen el Clan del Golfo en otras partes del país.
¿Qué se ha hecho con las invasiones?
Implicó un trabajo arduo. Primero en la identificación. Ya todas tienen medidas e intervenimos las más complejas. Por eso adelantamos el desalojo de Navarro y en la zona de Cauquita. Allí desarticulamos una banda que se llama “La conquista”, que se dedicaba a la invasión de tierra y a la venta de los lotes. Hubo ocho capturados y se recuperó el predio, pero la pelea sigue, en especial en el occidente de la ciudad, todo lo que es el corredor de Cristo Rey y el corredor de los Farallones.
¿Qué se le está ofreciendo a las personas desalojadas?
Tenemos una mesa de diálogo con las personas afectadas que han sido víctimas y los han instrumentalizado para invadir. Tenemos más de 100 familias con las que adelantamos procesos de vivienda para atender sus necesidades, porque entendemos que detrás de esto hay una demanda de vivienda y para esto estamos pidiendo apoyo del Gobierno Nacional.
¿Hay más organizaciones detrás de las invasiones que hayan identificado?
Antes habíamos desarticulado un grupo de cuatro personas de apellido Mercado, pero La Conquista es la más grande, porque hubo interceptación de llamadas, se identificó todo el modus operandi y había defraudación de servicios públicos.
¿Qué técnicas identificaron?
Hay una estrategia y es que ellos disfrazaban un poco la labor criminal bajo un liderazgo social, se mimetizaban y relacionaban con funcionarios de la alcaldía y se mostraban como líderes de una causa social para darle vivienda a los ciudadanos y así lograban adeptos. Por un lado, le decían a la población que tenían relación con la alcaldía porque participaban en reuniones, y por el otro lado, le decían a las autoridades que ellos eran líderes de comunidades desplazada y eso les permitió congregar a más de mil familias en Aldovea, en Navarra.
Tenían equipos que se encargaban de la vigilancia, de proveer los servicios públicos, de hacer las reuniones sociales, es decir que tenían toda una estructura para engañar. Encontramos lotes en venta hasta por $21 millones y personas que habían construido casas hasta de $50 millones en esos espacios que eran ajenos. El sistema de engaño era muy sofisticado y por eso cayeron tantas personas.
Después de la discusión en el Concejo por el bajo presupuesto para 2023 en Seguridad ¿en que se va a invertir el aumento aprobado?
Para el próximo año vienen tres pilares: el fortalecimiento de las labores logísticas y de investigación de la Policía, que ha dado resultados para contener delitos de alto impacto y que implica mejorar mecanismos técnicos e implica mejorar el sistema de vigilancia, cámara y drones. Segundo, un trabajo con los jóvenes para ofrecer una gran oferta social para que encuentren otro camino para desarrollar su proyecto de vida. La tercera instancia es mejorar la presencia de las autoridades en el territorio.
Estamos trabajando en recuperar los cuadrantes, porque muchos policías nos han renunciado. La idea es recuperar el pie de fuerza y los cuadrantes en zonas complejas donde se ha debilitado. Esto se hace sin descuidar las casas de justicia, comisarías de familia, con control del espacio público y otros proyectos que continuarán para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.
