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La investigación se basa en un contrato de prestación de servicios, firmado el 15 de abril del año pasado, con la Fundación Chocó Saludable, para “realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”, según explicó la Fiscalía en un comunicado.
El contrato ascendió a unos $2.000 millones (unos 584.400 dólares) y contemplaba “ciclos educativos” en comunidades afros, indígenas y gitanas, así como planes de comunicación y difusión.
”La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el covid-19″, considera la Fiscalía.
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De esta forma, argumenta la Fiscalía, durante el proceso de selección no se invitó instituciones públicas de prestación de servicios de salud y sí a entidades de otra región que “no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas”.
Por ello, el ente de control presentó un escrito de acusación contra Palacios ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa”.
El pasado junio, la Contraloría de Colombia ya abrió procesos de responsabilidad fiscal contra otros gobernadores, los de Tolima y Guainía, y al alcalde de Cartagena de Indias, por millonarios sobrecostos en contratos firmados para atender a la población vulnerable afectada por la pandemia del coronavirus.
En abril de 2020, la Procuraduría suspendió temporalmente a Ariel Palacio por irregularidades en ese mismo contrato. Sin embargo, levantó la suspensión en julio de ese mismo año.
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