Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luego de que el pasado 28 de junio (2022), 54 personas murieran al interior de la cárcel de Tuluá por un incendio que inició en el pabellón ocho, son varias las preguntas que han surgido al rededor del hecho, especialmente sobre los responsables y del accionar de los guardias dentro del centro penitenciario.
Ante esto, guardianes de la cárcel denuncian la aparición de un documento que deja preocupadas a las autoridades, población civil y, en especial, al Inpec, en donde los hacen responsables de lo ocurrido y los amenazan de muerte a ellos y a sus familiares.
Desde la madrugada de este lunes, 11 de julio, han circulado por las instalaciones de la cárcel una serie de panfletos con amenazas, en las que se declara “objetivo militar a los guardianes del Inpec en Tuluá que participaron en la masacre de los 54 internos de la cárcel”, dice el texto.
(Lea: “¿Quién es Ana Janeth Ibarra, la nueva secretaria de Educación del Valle?”)
Además, el panfleto señala que anteriormente ya se habían comunicado por medio de la red social Facebook con los funcionarios para advertirles que tenían que salir en menos de 72 horas de la ciudad.
En la amenaza les indican que saben “donde viven el 80% de la guardia y sus familiares (...) por tanta tortura vamos a hacer lo mismo con sus perros, a los cuales vamos a envenenar”. Adicionalmente, hacen una advertencia a la población civil y señalan que tengan cuidado “porque no queremos que paguen inocentes por esos corruptos del Inpec”.
Frente a las amenazas, la investigación ya llegó a la Fiscalía General de la Nación, que se reunirá con los guardianes del Inpec amenazados, por lo que es posible que sean trasladados a otras cárceles del país.
Según las primeras versiones de las autoridades, las amenazas no se deben solamente al incendio ocurrido, sino también porque más de 300 reclusos están siendo trasladados a otros centros penitenciarios, debido a que se hallaron deficiencias en las instalaciones, que podrían generar una nueva emergencia.
Aunque lo ocurrido el 28 de junio es materia de investigación, el hecho sí ha levantado preguntas sobre el funcionamiento de la cárcel, la precariedad del sistema carcelario y la posible negligencia de los guardias, por lo que las amenazas no dejan de generar preocupación.