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Cerca de 5.000 habitantes de la zona rural de Cali se vieron afectados por el nuevo avalúo catastral, que en algunos casos incrementó más de un 2.000 %, así como algunos predios pasaros de estar en estrato 1 a estrato 5.
La concejal María del Carmen Londoño, del Pacto histórico, hizo un llamado al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, a la Procuraduría, la Contraloría y la Personería para que investiguen la forma en que se hizo avalúo, debido a que se estaría poniendo en riesgo la economía de los campesinos.
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En algunos corregimientos se incrementaron los avalúos de los predios entre el 300 y el 3.000 %. Esto no solo implica un precio más alto del predial, sino además cambios en las tarifas de los servicios públicos, mientras que en los hogares catalogados en estrato 5 se les impide acceder a beneficios del Estado como el Sisben, las becas estudiantiles y los auxilios en salud y vivienda, entre otros.
Londoño también solicitó que se haga un nuevo avalúo y que no se proyecte para el año 2026, como lo propone la Administración del alcalde Alejandro Eder. “Se hizo un avalúo catastral mal hecho, y eso qué significa: que predios que costaban 66 millones de pesos pasaron a costar 3.500 millones de pesos. Estos trae para el campesino de ese predio que tenga que pagar 35 millones de pesos en el impuesto predial y que tenga incrementos en la tarifa de servicios públicos” añadió Londoño.
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🧐El alcalde @alejoeder debe revisar el avalúo catastral que incrementó en más de un 2000% el impuesto predial a más de 5mil familias que habitan la zona rural de #Cali . Además aumentó en más del 100% los servicios públicos y deja sin estudios universitarios a jóvenes campesinos pic.twitter.com/RTfH2t1Pfy
— María del Carmen Londoño Sanna (@MariaCconcejala) February 12, 2024
La concejal también llamó la atención sobre los riesgos que implica este aumento desmesurado, ya que puede darse para malas interpretaciones, generando que se les abran investigaciones judiciales a los campesinos por enriquecimiento ilícito porque sus predios pasaron de costar $350 millones a $3.000 millones.
Londoño aclaró que también se teme que si no se hacen los ajustes, los campesinos deban vender sus predios, a grandes urbanizadores, debido a las dificultades que tendrían para pagar los impuestos.