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En medio de los estragos ocasionados en el país por la fuerte temporada de lluvias que ya completa más de un mes, y que solo entre el 15 de septiembre y el 27 de octubre dejó 241 emergencias en 27 departamentos, continúan los llamados de alerta para priorizar las obras de mitigación. Se han realizado en las zonas que tradicionalmente han sufrido los embates del invierno, con el fin de evitar desastres por cuenta de los aguaceros, el aumento del cauce de los ríos y los deslizamientos de tierra. En Cali, por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Distrital, se adelantan obras de contención y complementarias en 67 frentes de acción, en ocho corregimientos y 15 barrios.
A eso se suman los trabajos del macroproyecto del Jarillón de Cali, una barrera construida en 1962 por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), con el fin de proteger la zona oriental de Cali de inundaciones, y cuyo dique comenzó a debilitarse desde los años 80 por factores como el asentamiento de miles de familias, la instalación de tuberías ilegales y escombreras, además de la inestabilidad de los suelos por inundaciones previas.
Tras la emergencia invernal de 2010 y 2011 producida por el fenómeno de la Niña, el gobierno nacional estableció líneas de acción en diferentes regiones del país para prevenir nuevos desastres. En Cali se creó el Plan Jarillón, con el objetivo de evitar una tragedia similar a la de noviembre de 2010, en la que se rompió el dique de Puerto Molina, dejando pérdidas de $77 mil millones de pesos en cultivos.
Los estudios entregados en 2013 por una comisión de técnicos holandeses y la Corporación Osso, confirmaron que una ruptura del Jarillón, y el posterior desbordamiento del Río Cauca, podría inundar a 10 comunas del oriente de la ciudad. Además, afectaría a 900.00 personas y destruiría la infraestructura de agua potable y alcantarillado. La reconstrucción total de Cali tardaría 25 años.
En 2015 se firmó el convenio 001, que estableció las responsabilidades del Plan Jarillón, un macroproyecto de $975 mil millones. El Fondo de Adaptación quedó a cargo del grueso de la financiación y de los proyectos de vivienda. A la Alcaldía de Cali le correspondió la reubicación de 8.777 familias. A la CVC se le encomendó la reconstrucción de 26,1 km de dique. Finalmente, las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) quedaron a cargo de la protección de las plantas de agua potable y alcantarillado.
De acuerdo con Marco Antonio Suárez, director general de la CVC, a la fecha se tienen contratadas las obras de realce y reforzamiento de 25,6 km del Jarillón. “Ya hemos construido 22 km. La idea es llegar al 97% de las obras antes de que acabe el gobierno Duque”, dijo Raquel Garavito, gerente del Fondo de Adaptación.
Suárez aseguró que, debido a la temporada de lluvias, se concertaron medidas de contingencia con los contratistas de las obras como el aumento de las jornadas de trabajo, el ingreso de mayor cantidad de maquinaria y el acopio de material en diversos sectores.
Desde algunos sectores han lanzado fuertes críticas debido a las demoras en el proceso. El concejal por Colombia Renaciente Harvy Mosquera, señaló que “este proyecto iba a durar tres años y ya ha duplicado el tiempo prometido para su ejecución”. Además, dijo que estos retrasos se deben a suspensiones de algunos contratos: “la denuncia la hicimos en su momento en respuesta al informe presentado por la Contraloría sobre la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo de Adaptación”.
De acuerdo con el informe de cumplimiento de la Contraloría de 2019, hubo controversias entre la CVC y los contratistas del reforzamiento del Jarillón. Se hace referencia a una negativa de las partes para apropiarse de los diseños de las obras, lo que llevó a retrasos del 64 por ciento, completando un tiempo superior a los 20 meses. Aunque esta línea de acción debía culminar en 2017, se tuvo que pactar una nueva fecha límite para diciembre de 2020. “La CVC no contempla el Jarillón de Cali como estructura continua, como una unidad de protección de Cali”, aseguró la Contraloría.
De acuerdo con Eli Schnaider, gerente del Plan Jarillón, cuando llegaron a la administración habían 3 contratos suspendidos porque las comunidades no permitían el ingreso al territorio. Por este motivo, se recurrió a la comunicación con la población para destrabar las obras.
Con respecto a la protección del dique, Schnaider dijo que todavía no se ha tomado dominio de los predios asentados, aunque el año pasado se evitaron 1.571 invasiones en los alrededores del Jarillón. “Desde cambuches, hasta intentos más organizados como construcciones”, afirmó.
A pesar de esto, la concejal por el Partido Liberal Diana Rojas indicó que es prioritaria la creación de una unidad de control de bordes, pues los procesos de invasión no solo se generan en el Jarillón, sino en los límites de Cali. “No podemos seguir creciendo de forma desorganizada; por eso proponemos que esta unidad esté articulada con la Secretaría de Vivienda, el DAGMA y la Secretaría de Seguridad”, agregó.
Aunque el Fondo de Adaptación afirmó que hay dinero para reubicar a las 1.500 familias restantes, y que antes del final del gobierno entregarán soluciones de vivienda a 580, el concejal Mosquera cuestionó la falta de claridad frente a la disponibilidad de recursos. “Varios organismos señalan que carecen de presupuesto para continuar su proceso; mientras la gerencia del Plan Jarillón asegura que los recursos están”, aseguró.
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Por otro lado, Schnaider sostuvo que desde la alcaldía de Jorge Iván Ospina se han reforzado los componentes sociales del proyecto. “En el pasado era un plan reconocido por la constante confrontación con las comunidades, por ello, determinamos que las familias se irán del jarillón cuando las viviendas estén disponibles”, dijo.
Según lo establecido en el Plan Jarillón, para que una persona pueda ser beneficiaria debe haber estado en el censo realizado entre 2013 y 2014, no puede contar con ningún tipo de propiedad, ni haber recibido un subsidio de vivienda previamente. Para el concejal Terry Hurtado, de la curul del Movimiento Animalista de Cali de la Alianza Verde, este enfoque es insuficiente.
“Lo que se necesita es una buena caracterización de la población que está asentada en el Jarillón, para saber las necesidades de cada familia”, aseguró. Hurtado también señaló que el proyecto no contempla tres ámbitos fundamentales: la relación de las personas con los animales, las condiciones especiales de la población (como discapacidad o vejez) y los conflictos territoriales que puedan existir en los lugares a donde son trasladados.
Finalmente, Juan Diego Flórez, gerente general de EMCALI, destacó los avances en las obras de la Laguna El Pondaje Fase II y de la Planta de Potabilización de Puerto Mallarino, necesarias para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura indispensable y para la recuperación del sistema de drenaje. Sin embargo, en el caso de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Cañaveralejo, señaló que una de las líneas operativas no está funcionando, debido a un pleito jurídico con la empresa Acciona. “Ya iniciamos el proceso con el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio y esperamos que a finales de noviembre se dé la conciliación en primera instancia”, afirmó.
