La apicultura como apuesta a la conservación de los Farallones

María Eugenia Ojeda vive en el corregimiento de Villacarmelo, a 20 minutos de Cali. Se ha dedicado por años al cultivo de yuca, plátano, piña y guayaba. En su pequeña tierrita, como la llama, hay gansos, patos y curíes. Hace casi ocho años, se interesó en la apicultura como una forma de conservar las abejas y ayudar con los procesos de polinización en el sector. Desde el año pasado, hace parte de las 40 familias de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural los Farallones que fueron beneficiadas con unidades apícolas entregadas por la Gobernación del Valle del Cauca.

El proyecto de Desarrollo de Iniciativas Productivas para el Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad tiene como objetivo impulsar la conservación de los ecosistemas en Los Farallones, por medio de alternativas productivas como la apicultura. Nasly Vidales, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento, indica que la iniciativa se pensó como una forma de vincular a familias que subsistían a partir de la minería ilegal para que se dediquen a la apicultura. El proyecto cobija a 40 familias ubicadas en corregimientos como Pance, Pichindé y Villacarmelo. “De estas 40 familias, 15 vivían de la minería ilegal de subsistencia, y otras realizaban actividades de aprovechamiento de bosque. Eran acciones que podían estar afectando el ecosistema”, detalla la secretaria.

La Gobernación, una unidad del Parque, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y otras entidades identificaron a las familias dedicadas a la minería ilegal para su subsistencia y las integraron al programa adelantado por la Gobernación. A pesar de que ya llevan más de un año dedicados a la apicultura, muchos de ellos han sido amenazados y varios prefieren conservar el anonimato por su seguridad.

A principios de 2021, la Gobernación les entregó a las familias 23 unidades apícolas, que para octubre de este año ya habían aumentado a 40 colmenas. El grupo de apicultores de Villacarmelo, del que hace parte María Eugenia, ha sacado dos cosechas desde que recibieron las nuevas unidades. La primera la repartieron entre las familias productoras, para saber cómo les había quedado, y la segunda cosecha, de la que sacaron 25 litros de miel, la vendieron. “Sale una miel muy buena, y ya nos están pidiendo más para vender, pero vamos despacio, aún estamos aprendiendo varias cosas”, manifiesta María Eugenia. La Gobernación les ha propuesto que vendan la miel en mercados orgánicos de Cali y los productores ya le han empezado a vender a sus conocidos en el corregimiento.

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Juan Carlos* es otro de los apicultores que ha participado de este proceso. Cuenta que el cuidado de las colmenas demanda atención, porque se tiene que realizar un monitoreo constante “para revisar que las colmenas estén activas, que las reinas estén presentes. Dos veces por semana pasamos a verificar que todo ande bien”. El apicultor indica que, a grandes rasgos, el proceso de cosecha tiene cuatro momentos: la precosecha, el aumento del flujo de néctar, la disminución del néctar y el invierno. Durante el segundo período, cuando aumenta la recolección de néctar, las abejas maduran más miel. “Cuando el alza, o caja, está completamente llena de miel, sabemos que la podemos sacar”, explica Juan Carlos.

Durante el invierno, cuando baja la temperatura, las cosechas están en pausa, aunque las colmenas estén produciendo miel. “La temperatura interna de las colmenas es muy alta, entonces no las podemos abrir”, detalla Juan Carlos. En esos meses, la labor de los apicultores se centra en mantener las colmenas bien cuidadas y asegurarse de que las abejas estén bien alimentadas.

El proyecto de la Gobernación apunta a proteger la diversidad del Parque los Farallones, que consiste en más de 196 mil hectáreas, siendo el área protegida más grande en el Valle del Cauca. Allí, se conservan más de 540 especies de aves y nacen más de 30 ríos, que abastecen el suroccidente del país. “Las abejas son polinizadoras y nos ayudan con la proliferación de las semillas de los árboles o de las especies que están ubicadas en este ecosistema”, señala la secretaria Nasly Vidales.

Además de esto, la transición de la minería ilegal a la apicultura representa también una disminución en los perjuicios a los Farallones, ya que se ha registrado que el mercurio, producto de la minería ilegal, contamina las fuentes hídricas en el Parque. La secretaria de Ambiente explica que, a pesar de que se le apostará a esta alternativa productiva, es solo una medida de mitigación ante la problemática que se presenta en los Farallones.

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“Tenemos que ser realistas: nosotros podemos trabajar con estas familias, pero es muy diferente entrar a conciliar con un grupo de extraños, o grupos armados, que están en la zona con su propia maquinaria”, explica. Desde hace más de una década, distintos actores armados ilegales han estado en los Farallones, interesados en la extracción ilegal de oro. De acuerdo con el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, con presencia en los Farallones, el general Wilson Cháwez, se trata de organizaciones delincuenciales y grupos dedicados al narcotráfico. El Eln y disidencias de las Farc han sido señalados como presuntos responsables de la minería ilegal en esta zona y el ‘Clan del Golfo’, las ‘Águilas Negras’ y ‘los Pelusos’ también han sido identificados extraoficialmente.

En el primer semestre de 2020, los ambientalistas Jorge Enrique Oramas y Jaime Monge fueron asesinados. Compartían varias similitudes: ambos vivían en el corregimiento de Villacarmelo, en la zona de amortiguamiento de los Farallones; ambos luchaban por la protección de los ecosistemas del Parque; y ambos fueron asesinados con un arma de fuego por hombres armados no identificados. Aunque las motivaciones detrás de estos crímenes no son claras, conocidos de Jorge Enrique Oramas indicaron que, días antes de su asesinatos, iba a denunciar una mina ilegal en los Farallones. La Asociación Colombiana de Sociología, de la que hacía parte, afirmó en un comunicado, después de su muerte: “Era un claro defensor de la biodiversidad de los Farallones de Cali, opositor irreductible de la explotación y el extractivismo minero”.

El panorama de la cantidad de mineros y socavones que hay en el Parque en la actualidad no es del todo claro, aunque se sabe que más de 600 hectáreas han sido devastadas por la minería ilegal a lo largo de los últimos 20 años, según Robinson Galindo, director territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales. El funcionario también indicó que, desde 2016 hasta 2020, se detectaron 421 socavones en la zona del Socorro. De estos, 327 seguían teniendo acceso para 2020. A principios de este año, el alcalde de Cali señaló que hay más de 600 mineros y 30 campamentos en el Parque, en sectores como el Alto del Buey y el Socorro.

Entre 2020 y el primer semestre de 2021, el Batallón de Alta Montaña adelantó la captura de 37 personas relacionadas con la minería ilegal en los Farallones. Las autoridades no han indicado los nombres de los involucrados en estas actividades tampoco, aunque desde 2011 el alcalde Ospina ha nombrado a Ferney Herrera y Zacarías Hidalgo como dos de los dueños del negocio de la minería ilegal en el Parque.

El control de grupos que controlan la minería ilegal es tal que en septiembre de 2015 se “robaron” la quebrada La Mina, en el sector de Socorro. Construyeron un túnel de 80 metros de largo, a través del cual desviaron la quebrada hacía la cuenca del río Anchicayá, en el Pacífico, para lavar oro. La recuperación del afluente tomó varias semanas y la intervención de casi 100 funcionarios del CTI, el Ejército y Parque Nacionales.

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A la problemática de orden público se suman los impactos ambientales de la minería. El pasado 26 de octubre, la Gobernación del Valle del Cauca denunció que hay, por lo menos, cinco toneladas de residuos sólidos contaminados con mercurio, una situación que afecta el agua de los ciudadanos caleños, que viene directamente de los Farallones. El agua de los ríos Felidia, Pichindé, Lili, Meléndez y Cañaveralejo, en los Farallones, surte directamente al río Cali. Este afluente, junto con el río Cauca, provee de agua a la gran mayoría de más de dos millones de caleños. El Felidia y Pinchindé han resultado especialmente afectados por la minería ilegal.

En palabras del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina: “Lo que están arrojando en términos de cianuro y mercurio es altamente contaminante. También están acabando con especies de flora que tardan de 10 a 20 años para desarrollarse”.

Para la secretaria de Ambiente, Nasly Vidales, el Gobierno nacional debe interceder en la problemática, por la diversidad de intereses que persisten. Para Vidales, el entusiasmo por la iniciativa de apicultura demuestra una vocación de cuidado del ambiente por parte de los habitantes. “Yo nací en esta tierra y la conozco como la palma de mi mano, siempre he querido cuidar de todo el bosque. La apicultura es una forma más de conservarlo. Esperamos llegar a 100 colmenas y poder avanzar más con nuestra miel”, puntualiza María Eugenia Ojeda.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

María Eugenia Ojeda vive en el corregimiento de Villacarmelo, a 20 minutos de Cali. Se ha dedicado por años al cultivo de yuca, plátano, piña y guayaba. En su pequeña tierrita, como la llama, hay gansos, patos y curíes. Hace casi ocho años, se interesó en la apicultura como una forma de conservar las abejas y ayudar con los procesos de polinización en el sector. Desde el año pasado, hace parte de las 40 familias de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural los Farallones que fueron beneficiadas con unidades apícolas entregadas por la Gobernación del Valle del Cauca.

El proyecto de Desarrollo de Iniciativas Productivas para el Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad tiene como objetivo impulsar la conservación de los ecosistemas en Los Farallones, por medio de alternativas productivas como la apicultura. Nasly Vidales, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento, indica que la iniciativa se pensó como una forma de vincular a familias que subsistían a partir de la minería ilegal para que se dediquen a la apicultura. El proyecto cobija a 40 familias ubicadas en corregimientos como Pance, Pichindé y Villacarmelo. “De estas 40 familias, 15 vivían de la minería ilegal de subsistencia, y otras realizaban actividades de aprovechamiento de bosque. Eran acciones que podían estar afectando el ecosistema”, detalla la secretaria.

La Gobernación, una unidad del Parque, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y otras entidades identificaron a las familias dedicadas a la minería ilegal para su subsistencia y las integraron al programa adelantado por la Gobernación. A pesar de que ya llevan más de un año dedicados a la apicultura, muchos de ellos han sido amenazados y varios prefieren conservar el anonimato por su seguridad.

A principios de 2021, la Gobernación les entregó a las familias 23 unidades apícolas, que para octubre de este año ya habían aumentado a 40 colmenas. El grupo de apicultores de Villacarmelo, del que hace parte María Eugenia, ha sacado dos cosechas desde que recibieron las nuevas unidades. La primera la repartieron entre las familias productoras, para saber cómo les había quedado, y la segunda cosecha, de la que sacaron 25 litros de miel, la vendieron. “Sale una miel muy buena, y ya nos están pidiendo más para vender, pero vamos despacio, aún estamos aprendiendo varias cosas”, manifiesta María Eugenia. La Gobernación les ha propuesto que vendan la miel en mercados orgánicos de Cali y los productores ya le han empezado a vender a sus conocidos en el corregimiento.

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Juan Carlos* es otro de los apicultores que ha participado de este proceso. Cuenta que el cuidado de las colmenas demanda atención, porque se tiene que realizar un monitoreo constante “para revisar que las colmenas estén activas, que las reinas estén presentes. Dos veces por semana pasamos a verificar que todo ande bien”. El apicultor indica que, a grandes rasgos, el proceso de cosecha tiene cuatro momentos: la precosecha, el aumento del flujo de néctar, la disminución del néctar y el invierno. Durante el segundo período, cuando aumenta la recolección de néctar, las abejas maduran más miel. “Cuando el alza, o caja, está completamente llena de miel, sabemos que la podemos sacar”, explica Juan Carlos.

Durante el invierno, cuando baja la temperatura, las cosechas están en pausa, aunque las colmenas estén produciendo miel. “La temperatura interna de las colmenas es muy alta, entonces no las podemos abrir”, detalla Juan Carlos. En esos meses, la labor de los apicultores se centra en mantener las colmenas bien cuidadas y asegurarse de que las abejas estén bien alimentadas.

El proyecto de la Gobernación apunta a proteger la diversidad del Parque los Farallones, que consiste en más de 196 mil hectáreas, siendo el área protegida más grande en el Valle del Cauca. Allí, se conservan más de 540 especies de aves y nacen más de 30 ríos, que abastecen el suroccidente del país. “Las abejas son polinizadoras y nos ayudan con la proliferación de las semillas de los árboles o de las especies que están ubicadas en este ecosistema”, señala la secretaria Nasly Vidales.

Además de esto, la transición de la minería ilegal a la apicultura representa también una disminución en los perjuicios a los Farallones, ya que se ha registrado que el mercurio, producto de la minería ilegal, contamina las fuentes hídricas en el Parque. La secretaria de Ambiente explica que, a pesar de que se le apostará a esta alternativa productiva, es solo una medida de mitigación ante la problemática que se presenta en los Farallones.

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“Tenemos que ser realistas: nosotros podemos trabajar con estas familias, pero es muy diferente entrar a conciliar con un grupo de extraños, o grupos armados, que están en la zona con su propia maquinaria”, explica. Desde hace más de una década, distintos actores armados ilegales han estado en los Farallones, interesados en la extracción ilegal de oro. De acuerdo con el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, con presencia en los Farallones, el general Wilson Cháwez, se trata de organizaciones delincuenciales y grupos dedicados al narcotráfico. El Eln y disidencias de las Farc han sido señalados como presuntos responsables de la minería ilegal en esta zona y el ‘Clan del Golfo’, las ‘Águilas Negras’ y ‘los Pelusos’ también han sido identificados extraoficialmente.

En el primer semestre de 2020, los ambientalistas Jorge Enrique Oramas y Jaime Monge fueron asesinados. Compartían varias similitudes: ambos vivían en el corregimiento de Villacarmelo, en la zona de amortiguamiento de los Farallones; ambos luchaban por la protección de los ecosistemas del Parque; y ambos fueron asesinados con un arma de fuego por hombres armados no identificados. Aunque las motivaciones detrás de estos crímenes no son claras, conocidos de Jorge Enrique Oramas indicaron que, días antes de su asesinatos, iba a denunciar una mina ilegal en los Farallones. La Asociación Colombiana de Sociología, de la que hacía parte, afirmó en un comunicado, después de su muerte: “Era un claro defensor de la biodiversidad de los Farallones de Cali, opositor irreductible de la explotación y el extractivismo minero”.

El panorama de la cantidad de mineros y socavones que hay en el Parque en la actualidad no es del todo claro, aunque se sabe que más de 600 hectáreas han sido devastadas por la minería ilegal a lo largo de los últimos 20 años, según Robinson Galindo, director territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales. El funcionario también indicó que, desde 2016 hasta 2020, se detectaron 421 socavones en la zona del Socorro. De estos, 327 seguían teniendo acceso para 2020. A principios de este año, el alcalde de Cali señaló que hay más de 600 mineros y 30 campamentos en el Parque, en sectores como el Alto del Buey y el Socorro.

Entre 2020 y el primer semestre de 2021, el Batallón de Alta Montaña adelantó la captura de 37 personas relacionadas con la minería ilegal en los Farallones. Las autoridades no han indicado los nombres de los involucrados en estas actividades tampoco, aunque desde 2011 el alcalde Ospina ha nombrado a Ferney Herrera y Zacarías Hidalgo como dos de los dueños del negocio de la minería ilegal en el Parque.

El control de grupos que controlan la minería ilegal es tal que en septiembre de 2015 se “robaron” la quebrada La Mina, en el sector de Socorro. Construyeron un túnel de 80 metros de largo, a través del cual desviaron la quebrada hacía la cuenca del río Anchicayá, en el Pacífico, para lavar oro. La recuperación del afluente tomó varias semanas y la intervención de casi 100 funcionarios del CTI, el Ejército y Parque Nacionales.

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A la problemática de orden público se suman los impactos ambientales de la minería. El pasado 26 de octubre, la Gobernación del Valle del Cauca denunció que hay, por lo menos, cinco toneladas de residuos sólidos contaminados con mercurio, una situación que afecta el agua de los ciudadanos caleños, que viene directamente de los Farallones. El agua de los ríos Felidia, Pichindé, Lili, Meléndez y Cañaveralejo, en los Farallones, surte directamente al río Cali. Este afluente, junto con el río Cauca, provee de agua a la gran mayoría de más de dos millones de caleños. El Felidia y Pinchindé han resultado especialmente afectados por la minería ilegal.

En palabras del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina: “Lo que están arrojando en términos de cianuro y mercurio es altamente contaminante. También están acabando con especies de flora que tardan de 10 a 20 años para desarrollarse”.

Para la secretaria de Ambiente, Nasly Vidales, el Gobierno nacional debe interceder en la problemática, por la diversidad de intereses que persisten. Para Vidales, el entusiasmo por la iniciativa de apicultura demuestra una vocación de cuidado del ambiente por parte de los habitantes. “Yo nací en esta tierra y la conozco como la palma de mi mano, siempre he querido cuidar de todo el bosque. La apicultura es una forma más de conservarlo. Esperamos llegar a 100 colmenas y poder avanzar más con nuestra miel”, puntualiza María Eugenia Ojeda.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.