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Cuando se habla de movilizaciones y protesta social en el Cauca la atención suele centrarse en las poblaciones indígenas que a lo largo de los años han consolidado un movimiento de base y de relevancia nacional como es el CRIC. Su fortaleza ha quedado demostrada a través de la minga que ha hecho presencia en las múltiples protestas que se han desarrollado en el país desde 2019, y cuyo escenario más reciente fue la ciudad de Cali, a donde miles de mingueros llegaron a acompañar la movilización en momentos en que la violencia se estaba recrudeciendo en las calles. Finalmente, la minga salió el miércoles de la capital vallecaucana para concentrarse y seguir en la construcción de su pliego de peticiones en El Pital, Caldono. Sin embargo, en el departamento hay fuerzas de otros sectores que también se han organizado alrededor de los reclamos del paro nacional y que llevan la vocería de organizaciones afros, feministas y campesinas que también piden ser escuchadas. El conflicto armado se ha recrudecido en el último año y la llegada de la pandemia ha desnudado nuevamente los problemas estructurales de salud y educación que hay en esta zona del país.
Los bloqueos que se han presentado en la vía Panamericana desde hace más de dos semanas tienen al departamento en una situación delicada frente al desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos. Aunque desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) aseguran que seguirán en paro, 20 asociaciones y sectores campesinos, estudiantiles y trabajadores emitieron un comunicado el miércoles 12 de mayo para pedir que las protestas no incluyan bloqueos de vías. “Los bloqueos son una bomba de tiempo que les puede explotar debajo de los pies a los participantes en las movilizaciones, causando mucho daño a toda la lucha social”, se lee en el documento. Aseguran que la no habilitación de un corredor humanitario permanente está afectando de manera directa a quienes viven del diario y no pueden parar de la forma en que lo hace alguien con un trabajo formal y estable.
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La movilización indígena comenzó incluso antes de que arrancara el paro nacional. El jueves 22 de abril, el CRIC se declaró en minga hacia dentro tras el asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora y líder ambiental del resguardo de La Laguna, en Caldono (Cauca). A diferencia de la minga hacia fuera, la idea de esta estrategia era “identificar nuestras situaciones, nuestros problemas y así empezar a limpiarlos y a armonizar todo”, explica Yoana Acosta Zapata, lideresa indígena, defensora de derechos de las mujeres y del pueblo nasa.
Peña cumplía con una labor de control territorial centrada en la erradicación manual de cultivos ilícitos en el departamento. Un rol que, según Acosta, la convirtió en objetivo militar de los grupos armados que hacen presencia en el territorio y cuyo accionar ha dejado este año un saldo de siete líderes y lideresas sociales asesinados y cinco masacres, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El papel de las mujeres en las organizaciones sociales del Cauca también ha sido clave, y por eso sus reclamos tienen un enfoque de género. Mujeres como Sandra Liliana o Aída Quilcué, consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, han elevado la importancia de la figura femenina dentro de la organización indígena del Cauca. “Tener mujeres tan visibles es fundamental, porque eso implica un impacto simbólico para el género que refuerza las capacidades políticas”, sostiene Valeria Mosquera, integrante de la organización eco feminista Comunitar.
“El feminismo desde el punto de vista territorial, que es el que tenemos en el Cauca, nos permite ver que hay una desigualdad de género en términos muy generales. Acá vemos una discriminación no solo por ser mujer, sino que aquellas que viven en la parte rural y son indígenas, campesinas o afros la tienen mucho más complicado por las circunstancias sociales y de conflicto armado que las que vivimos en las zonas urbanas. La ausencia de las institucionalidad acá en el departamento ha implicado una serie de riesgos diferentes para las mujeres”, agregó Mosquera, asegurando que además han sido violentadas física, mental y sexualmente durante el conflicto.
Pero no son solo los indígenas y las mujeres quienes están en esta lucha. En los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi, ubicados sobre el océano Pacífico, predomina la población afro que también ha sido abandonada, que ha vivido en carne propia los rigores de la guerra en Colombia y que, con la llegada de la pandemia por COVID-19, ha visto cómo se deterioran aún más las condiciones de educación, salud y orden público. Según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, en el Cauca se autorreconocen como afrodescendientes 245.362 personas, es decir, el 17,32 % de la población total del departamento.
“Nosotros hemos evidenciado una reestructuración del conflicto armado en el marco de que hay un olvido estatal hacia las comunidades que vivimos en el Cauca, lo cual se agudizó cuando llegó la pandemia. Cuando llegó el COVID-19 a nuestros territorios, teníamos una visión de que el Pacífico caucano iba a desaparecer. Nosotros hemos vivido de crisis en crisis, pues hay problemas de educación, salud y orden público”, aseguró Luisa Mery Vásquez, integrante de la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca). Un panorama al que hay que agregarle que, como durante más de un año los niños, niñas y jóvenes no han podido asistir a la escuela, los grupos armados han aumentado el reclutamiento forzado.
En abril de este año los pueblos afros hicieron una caravana fluvial humanitaria para rechazar el no cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el reclutamiento forzado de menores de edad, el asesinato de líderes y lideresas sociales, entre otros aspectos. Dentro de los resultados de esta manifestación se dio la idea de crear una mesa para la mujer, los niños, niñas, jóvenes y comunidad diversa para buscar una respuesta ante la constante violencia por parte de los grupos ilegales. La iniciativa está en proceso de estructuración y en un comienzo está planteada únicamente para ser conformada por organizaciones sociales, para luego incluir a las autoridades departamentales.
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Para Valeria Mosquera, el Cauca tiene una capacidad organizativa muy buena que ha permitido evidenciar las violaciones de los derechos humanos en las comunidades. Si bien la organización de los indígenas en torno al CRIC es un ejemplo a seguir, las comunidades afros, mujeres y campesinos también han logrado reunirse en espacios importantes para estos sectores de la ciudadanía, para hacer de sus protestas algo más general como ocurrió con la gran minga del suroccidente, que en octubre de 2020 llegó hasta Bogotá y en la que participaron diferentes colectivos.
Desde el CRIC han insistido en el deseo de sostener una reunión con el presidente Iván Duque para que escuche las peticiones y soluciones que se proponen desde las comunidades. Sin embargo, el encuentro se ha frustrado ya en dos ocasiones y los indígenas consideran que no hay voluntad del Gobierno para establecer un diálogo abierto. “Hoy ya no tiene que hablar solo con nosotros, es con todos los sectores sociales, porque es el país el que se está movilizando, no la minga”, asegura Jorge Eliécer Sánchez, coordinador político del CRIC.