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Menos de 24 horas antes de que llegara el presidente Juan Manuel Santos a Cali el viernes pasado, Jovanny Hernández moría afuera de una tienda del barrio Seminario, víctima de nueve disparos que le propinaron dos hombres desde una moto.
El ataque sicarial ocurrió pasadas las siete de la noche, cuando Hernández tomaba cerveza. En medio del tiroteo, el periodista deportivo John Jairo Patiño recibió dos disparos, de los cuales se recupera en una clínica, según dijo la esposa del comunicador.
Un vocero de la Policía informó la captura de una persona sospechosa y aseguró que se investigan las causas del homicidio, el cual se suma a una oleada de atentados que, hasta el fin de semana pasado, dejaba 68 personas asesinadas. Ocho de ellas en una masacre perpetrada el viernes 3 de octubre en el exclusivo sector de La María, en el sur de la ciudad.
Ese día, en una casa que se alquila para eventos, conocida como Villa Pance, agentes del CTI de la Fiscalía encontraron ocho cadáveres con tiros de gracia en la cabeza. En el lugar se incautaron también diez fusiles, una subametralladora, tres vehículos, una motocicleta y chalecos con distintivos de la Policía.
Cuatro días después de esa matanza, dos hombres que iban en un Mini Cooper fueron ultimados a bala en el tradicional barrio San Fernando. Esa misma semana, otros dos jóvenes murieron tras recibir varios impactos por arma de fuego dentro del MIO, el sistema de transporte masivo de esa ciudad, que moviliza más de 650.000 pasajeros al día.
La seguidilla de muertes violentas disparó el miedo de los caleños, quienes han sufrido como pocos el accionar y las venganzas de la mafia durante las últimas dos décadas. No en vano dos de los más grandes grupos de narcotraficantes tuvieron como epicentro de sus acciones la capital del Valle: el cartel de Cali y el del norte del Valle.
El incremento de las muertes violentas en Cali durante la primera semana de octubre, cuando hubo 39 asesinatos, mereció la visita del director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, quien dispuso el traslado inmediato de 200 uniformados para apoyar a los 5.450 agentes con que cuenta la ciudad.
* ¿Vamos seguros?
Sin embargo, esta medida no pareció suficiente y una semana más tarde, el martes 14 de octubre, once días después de la masacre, el Gobierno Nacional dio a conocer un plan de choque denominado “Vamos Seguros”, que se implementará por tres meses no solo en Cali, sino también en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Neiva y Pasto. Medida anunciada por el presidente Santos y que tiene como objetivo combatir seis delitos: homicidio, hurto, microtráfico, extorsión, contrabando y minería ilegal.
Pese al anuncio, algunos voceros autorizados manifestaron dudas ante la eficacia del plan de choque. Es el caso de Jesús González, quien coordina el Observatorio Social de la Arquidiócesis de Cali, quien dijo que “toda acción que contribuya a la seguridad es bienvenida”, pero lamentó que “no se hubiera tenido en cuenta a las comunidades afectadas para conocer bien su contexto social, cultural y económico, evitando así más preocupaciones entre los ciudadanos”.
“No todo deben ser acciones policivas, hay otros asuntos que deben ir de la mano con ellas, como mejorar la justicia, lo que en estas intervenciones brilla por su ausencia. Por eso, cuando se terminan los planes especiales, las cosas vuelven a estar como antes. Por lo menos así pasó en Cali hace poco con la erradicación de las ‘ollas’ de droga”, cuestionó González.
Debido en parte a esa especie de rechazo y a que los homicidios no han bajado durante lo corrido del mes, el propio presidente decidió visitar Cali y dar el primer parte de éxito: “Ya desmantelamos una banda criminal de nueve personas dedicadas al sicariato y la extorsión en Cali”, relató el jefe de Estado ante un auditorio colmado por personalidades de la región.
Pese a ello, ácidos reclamos de ciudadanos atemorizados y hastiados esperaban al primer mandatario. Uno de los más fuertes lo escribió Laura Posada Suso, columnista del diario El País, quien pidió soluciones definitivas.
“Lo cierto es que a esta problemática (las muertes violentas), enquistada desde años atrás y de raíces profundas, no se le puede tratar con más paliativos. Realizar un sinfín de diagnósticos, tomar medidas desesperadas, aumentar los controles y el pie de fuerza sólo parecieran cumplir el propósito de generar un impacto inmediato para aliviar y cambiar la ‘percepción’. ¿Y qué de las soluciones definitivas? Dicen que las ciudades más seguras son las que menos policías necesitan. Aquí funciona a la inversa”.
* Hablan las cifras
La situación delincuencial en Cali es una total paradoja, ya que como lo dice su alcalde, Rodrigo Guerrero Velasco, “la tasa de homicidios en Cali ahora es muy alta si la miramos en comparación con otras ciudades capitales, pero es la más baja en la historia de la ciudad”.
El burgomaestre caleño se refiere a los 81 asesinatos por cada cien mil habitantes que es la tasa de esa ciudad durante los últimos cinco años y que frente a los 32 homicidios por cada cien mil habitantes, el promedio nacional este año, dejan mal clasificada a la capital del Valle.
Pese a ello, los 1.173 asesinatos que se habían registrado en Cali hasta el jueves pasado, frente a los 1.589 en el mismo lapso del año pasado, indican una reducción importante del crimen.
“Se trata de 416 vidas que hemos salvado”, dice Guerrero, y agrega que “nunca hemos tenido una reducción en el número de muertes tan significativa como la de ahora. Que falta mucho, sí; que debemos hacer más, sí; pero nos estamos moviendo en la dirección correcta y estamos mostrando resultados”.
El esfuerzo de la administración del médico Guerrero fue reconocido por el presidente Santos durante su visita. “Acá se ha hecho una labor importante, los homicidios se han reducido en 27%, las lesiones comunes han bajado 37%, lo mismo que el secuestro extorsivo. Esta mejoría de seguridad no ha sido espontánea, responde a un trabajo serio que ha permitido identificar los sitios donde se concentra el delito y emprender acciones sencillas, como iluminar los parques o llegar a esos lugares con alternativas sociales, eso debe continuar”, resaltó el primer mandatario.
El Alcalde caleño compartió los honores con la Policía y la Fiscalía locales, de quienes dijo que “hay que reconocerles el trabajo de inteligencia que ha marcado la diferencia y que vienen realizando de manera articulada, logrando capturas como la banda de Los Invisibles, a la que se le hizo seguimiento por casi un año, o la banda Los Pozos de Rentería, de la que capturaron a 17 personas que delinquían en el barrio Potrero Grande. En total son unas 45 bandas que hemos neutralizado y vamos por otras 27 que nos faltan”.
* Voces en contravía
Pero el discurso oficial sobre la reducción de homicidios y demás delitos no cala en todos los oídos ni convence al ciudadano común, que vive con miedo a ser víctima de alguna acción violenta.
Según Álvaro Guzmán Barney, sociólogo de la Universidad Javeriana, lo que intriga en el caso de Cali “son las altas cifras de violencia homicida que persisten en el tiempo (ver tabla), al contrario de las otras capitales colombianas. Al revisar este comportamiento histórico tenemos que asumir que algo está mal en el tejido social de la ciudad, en el funcionamiento de su estado local, en la acción de su policía. Se trata de un problema estructural, más allá de las responsabilidades de los individuos con cargos de mando”.
Y es allí, al señalar que la violencia responde a un asunto estructural, que las críticas de este profesor se cruzan con las del personero de Cali, Andrés Santamaría Garrido. “Hemos presenciado una mutación de la violencia en Colombia que consiste en la presencia de bandas del crimen organizado con control territorial en las ciudades. Cali no es ajena a ello. En esta ciudad se apoderaron de las rentas ilegales como tráfico de drogas al menudeo, extorsiones y robos, esa situación ha generado incluso desplazamientos intraurbanos”.
Según el representante del Ministerio Público, “lo que se ve es un control de esas rentas a través de unas oficinas que se mimetizan en cualquier barrio y un accionar delictivo a través de las más de cien pandillas que hemos identificado en la ciudad”.
Santamaría advierte una negación de la administración municipal y las autoridades de Policía ante el fenómeno ya que, según dice, “argumentan que esas estructuras no existen porque no se ven de la forma tradicional: con uniformes camuflados y fusiles”.
E insiste en que hay señales claras de la relación entre crimen organizado y menores de edad. “El hecho de que gran porcentaje de los delitos de alto impacto (homicidios, hurto agravado, extorsión) son cometidos por adolescentes o jóvenes, unido a que los mayores móviles del homicidio en Cali sean los enfrentamientos entre pandillas (304 casos a octubre de 2014) y las venganzas (296 a octubre de 2014), así lo indican”.
Además, critica la usencia de una respuesta integral ante las causas estructurales de la inseguridad y la violencia. “Los jóvenes caleños están en riesgo y a merced de las bandas del crimen organizado debido a que la respuesta estatal se enfoca en acciones policivas y a que los recursos invertidos en campañas sociales de prevención son bastantes escasos. En algunos casos, las bacrim son vistas por estos muchachos excluidos del bienestar como una opción para salir de la marginalidad”.
El personero también señala como la precaria capacidad del sistema judicial frente al número de delitos que se cometen es otra de las causas de la inseguridad. “Eso contribuye a que un alto porcentaje de hechos de violencia se quede en la impunidad. Por ejemplo, la Unidad de Vida que investiga los homicidios en Cali, a nivel seccional, está conformada por 19 fiscales y 35 miembros de Policía Judicial, ellos deben investigar y esclarecer los 1.180 asesinatos que van este año”.
Santamaría advierte que el sistema judicial está al punto del colapso. “Imagínese, las estaciones de Policía funcionan como prisiones provisionales, pues las cárceles que sirven a Cali presentan hacinamiento. Villa Hermosa, por ejemplo, tiene 6.600 reclusos pero su aforo es apenas para 1.100 personas. Nosotros advertimos que cualquier fin de semana, cuando entran las visitas, puede ocurrir una desgracia”.
* Debate sin fin
Como se ve, el panorama de la seguridad en la capital del Valle ofrece grandes retos para el gobierno local. El ascenso de los homicidios ha convertido de nuevo el tema en prioridad para el debate público, tanto así que ayer fue discutido en una sesión plenaria del Concejo.
Y aunque no se llegó a ninguna conclusión definitiva, se escucharon propuestas extremas, como la de Fernando Tamayo, concejal conservador que hace parte de la coalición del alcalde, quien pidió “militarizar algunas zonas de la ciudad donde el control de los delitos de alto impacto no se ha podido consolidar”.
El concejal se refiere a siete comunas, tres de ellas (1, 18 y 20) ubicadas en la ladera, al oeste, y las otras cuatro (13, 14, 15 y 21) en el distrito de Aguablanca, al oriente de Cali. Estas comunas, según un estudio de la Personería, son las mayores receptoras de población víctima del conflicto armado que llega del Pacífico y el sur de Colombia.
Un punto del debate que parece no tener fin es el de los recursos públicos, pues el municipio no cuenta con dinero suficiente para intervenir ese círculo vicioso de bandas criminales y pandillas.
Al menos así lo reconoció el alcalde Guerrero, quien dijo a El Espectador que si bien tiene una estrategia de intervención que se llama TIOS (Territorios de Inclusión y Oportunidades), “cuyo objetivo es generar condiciones de equidad en las 52 áreas de Cali donde se registran indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad, apenas tenemos $20.000 millones para esa campaña”.
Guerrero explicó que, además de los TIOS, su administración trabaja con “colectivos de muchachos de los barrios y los organizamos para que hagan algunas actividades, como adoquinamiento de sectores, para que ellos tengan ingresos. También trabajamos con las escuelas juveniles en temas deportivos, tenemos 420 promotores activos y un total de 17.000 muchachos que se benefician”.
Con los homicidios en aumento y unas condiciones precarias en la aplicación de justicia, los caleños confían en que el plan de choque anunciado por el Gobierno Nacional funcione. De lo contrario, las fiestas navideñas y de fin de año podrían verse opacadas por la inseguridad.
@Jabonfab