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En Buenaventura todo el que haga algún tipo de negocio paga vacuna. Tanto el que está remodelando la cocina de su casa, como la señora que vende arepas en una esquina pagan extorsión. No importa que en las calles, como pasa en Pueblo Nuevo, haya soldados de infantería patrullando, porque el poder de los grupos ilegales es tan grande que tienen el control de casi todo lo que ocurre en el puerto.
Esta situación llamó la atención del país esta semana, ante una balacera que se registró en la Comuna 7, entre los barrios San Luis, San Francisco, Kennedy y Juan XXIII, el pasado miércoles, en las que se utilizaron armas de largo alcance. Los hechos mantienen la zozobra en todo el casco urbano de Buenaventura, en donde en los últimos dos años se han incrementado las fronteras invisibles y el desplazamiento intraurbano por cuenta de la guerra que hay entre Espartanos y los Shottas.
Se trata de dos grupos armados que se conformaron tras el fraccionamiento del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Local, que de acuerdo con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en 2021, era una banda sucesora del Clan del Golfo, que no tendría relación directa con las Agc, pero que sí habría logrado agrupar a varias de las bandas locales del puerto.
La división se dio en 2020 y desde diciembre de ese año han mantenido la disputa por el control territorial y de las rentas ilegales, lo que acrecentó los homicidios, el desplazamiento intraurbano y el reclutamiento de niños.
“Las esquinas son muy importantes en los barrios populares, porque es donde se sientan los muchachos a hablar, y cuando pasan esas situaciones, como la de esta semana, quedan solas. Ya uno sabe que pasó algo cuando las esquinas están desoladas, dice Ghina Castrillón, investigadora de Pares en Buenaventura.
El cuento
Las situaciones son muy complejas. Líderes del municipio advierten que estos últimos días la mayoría del comercio ha preferido no abrir, ante el temor de que haya un nuevo hecho de violencia en cualquier parte, mientras que los conductores de buses y taxis temen entrar en los barrios, ya que cada vez son más evidentes las fronteras invisibles y de ello hay varios ejemplos.
Hace un par de meses, asesinaron en el barrio Kennedy a un joven muy querido que las señoras de la zona dan fe que “no estaba metido en el cuento”, como se refieren a lo que hacen las dos bandas delincuenciales. El dolor por el asesinato del muchacho fue grande, pero al cementerio solo llegaron las mujeres que acompañaban el féretro, porque esa es una frontera invisible y todos temían correr la misma suerte del asesinado.
El miedo también está en el reclutamiento de niños, ya que la semana pasada el Ejército rescató, en el río Yurumanguí, a seis menores de edad, entre ellos uno de siete años, que habían sido reclutados, mientras que en los colegios se empezó a denunciar que los grupos armados iban a entrar, hubo policías en las entradas ante un altercado y amenaza a los vigilantes, pero solo estuvieron por unos días.
“Nos preocupa la capacidad de estos grupos para generar una especie de identidad. Acá hay barrios donde si te pones una camiseta de un color eres de un grupo y también hay canciones de rap que se relacionan con las bandas. Hasta se ve a los niños en la calle jugando a ser de uno u otro grupo, por lo que esto iría más allá de desarmar bandas”, manifestó Castrillón.
Para el personero de Buenaventura, Edwin Janes Patiño, las acciones que se han venido adelantando para contrarrestar la violencia en todo el municipio han sido insuficientes, mientras que para Miguel Yusti, alto consejero de Seguridad de la Gobernación del Valle, ha habido una deformación en el puerto y se ha convertido en una sociedad extorsionada.
“Buenaventura es la joya de la corona, por eso hemos venido exigiéndole al Gobierno Nacional que la presencia no solo debe ser por dos meses, sino que debe tener un plan diferente a los que se han aplicado hasta ahora”, indicó Yusti, quien resalta la relevancia que como corredor de droga tiene el puerto para la economía legal del país.
“Nada de lo que pasa es nuevo. Lo que hay es un reacomodo de estructuras. Estamos en el punto en que no podemos perder el puerto. El alcalde de ahora, elegido por la inercia del paro, todavía está exigiendo que le cumplan con lo que se acordó. Por eso, en estos momentos la solución está en el Gobierno Nacional”, agregó Yusti.
Eso fue precisamente lo que se hizo desde la Alcaldía. Poco después de que se registró la balacera, el alcalde Víctor Vidal viajó a Bogotá, donde se reunió con el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien anunció un consejo de seguridad para el próximo 6 de septiembre, en el que además estará el ministro de Defensa.
Asimismo, el mandatario se reunió con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien hizo un llamado a los grupos armados “como la banda La Local, con sus facciones, los Shottas y los Espartanos, a dejar al margen de las confrontaciones a la población civil”.
Desde la Gobernación del Valle se reclamará por los compromisos del paro, así como por acciones que no solo atomicen las bandas delincuenciales y demás grupos armados, como las disidencias, Eln y Agc, que están en la zona rural del municipio, sino que se lleven acciones puntuales a la población. En esto coinciden desde Pares, quienes insisten en la necesidad de atender a los jóvenes. “Se debe fortalecer la articulación institucional y programas que prioricen la juventud, que está agobiada; hacer seguimiento a, por ejemplo, la deserción, que se relaciona con el reclutamiento, y garantizar oportunidades laborales y educativas que faltan, porque no solo es llegar con fuerza pública, eso es un círculo vicioso que no resuelve por completo la problemática”, manifiesta la experta Castrillón.
