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Cualquier imagen que se reproduzca de lo que ocurrió en la cárcel de Tuluá el pasado martes deja mucho que pensar. Tanto las llamas saliendo entre los barrotes de las ventanas, que se encuentran en la parte más alta del pabellón 8, pasando por los rastros en el baño que dejaron los internos que intentaron apagar las llamas con el agua de los inodoros, hasta el sonido de dolor de las familias que esperaron hasta por 18 horas para conocer el nombre de los reclusos que murieron. En total fueron 53 las personas fallecidas y 25 las heridas de la cárcel de Tuluá, donde esta semana ocurrió la tragedia más grande en un penal que se ha registrado durante este siglo en Colombia.
De lo que ocurrió adentro por ahora no se conoce mucho. Desde el primer día tanto el director del Inpec, Tito Castellanos, como el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, deslegitimaron las versiones que indicaban un motín e indicaron que todo habría comenzado por una riña entre internos, que prendieron fuego a colchonetas. “Fue una discusión de internos que termina generando la conflagración. La guardia trató de controlar las llamas y luego tuvo que intervenir el Cuerpo de Bomberos del municipio”, dijo el ministro.
De la pelea interna se cree que era una disputa por el poder entre alias Brai, quien llegó hace dos meses a la cárcel y Miller, quien tenía el control. En medio de la noche el grupo del primero rompió las planchas de concreto que servían de cama y comenzaron a lanzar trozos contra el otro bando, que al parecer respondió de la misma forma, por lo que intentaron escudarse con los colchones. En medio de esto los reclusos habrían prendido el fuego que terminó arrinconando al grupo de Miller en el baño.
Sobre lo que se vivió adentro, Jonathan Becerra, uno de los bomberos que atendió la emergencia, indicó a El Espectador que ellos llegaron sobre la 1:35 a.m. y tras pasar los filtros de seguridad iniciaron la refrigeración por las ventanas primero. “Luego subimos al cuarto piso, donde está el pabellón y empezamos a ver a los guardias que estaban sacando los heridos que podían caminar. Les tocaba guiarlos porque el humo era muy denso. Otras víctimas, aproximadamente 20 o 22, las sacamos en hombros porque por incidencia respiratoria y el calor no estaban conscientes. Fue una tragedia muy larga y difícil, había muchos cuerpos en el piso que tocaba revisar con linterna y hacer a un lado para poder caminar. Hasta las 4:20 a.m. pudimos controlarla”.
Por su parte, el teniente Azarías Hincapié, comandante de Bomberos de Tuluá, resalta que en el sitio ya se habían presentado tres connatos de incendio, pero a diferencia del incendio de esta semana, las emergencias habían sido en el día y los reclusos se encontraban en otros espacios. “En las visitas que hacemos revisamos que tengan los implementos básicos de atención de incendios, pero no hay una legislación fuerte que diga que debe tener cada edificación. En esta parte antigua se tenían extintores, pero la emergencia fue mucho más grande”.
Sobre lo ocurrido, las familias han criticado que en el momento de la emergencia solo había un guardia, mientras que los otros se encontraban en el concierto de cierre de la Feria de Tuluá. Al respecto, el Inpec ha indicado que una vez se encierran en las celdas para dormir, queda en cada pabellón un pabellonero y los puestos de garitas y rejas, y el oficial de servicio, que hace el recorrido por la cárcel, mientras que con respecto a los turnos señalan que hay tres compañías: una en servicio, otra en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional esperando a recibir turno y una tercera en descanso.
Esto no es lo único que se ha puesto en duda. Más allá de las medidas estructurales, la falta de un sistema antiincendios, debido a que el pabellón se construyó hace más de 60 años e inconsistencias en la atención en la contingencia que analizan la Fiscalía y la Procuraduría, están condiciones como el hacinamiento y la preparación ante este tipo de circunstancias, pues en marzo de 2020 se vio en la cárcel La Modelo de Bogotá un motín que terminó con la vida de 21 personas, mientras que en septiembre de 2021, en el incendio también de colchonetas dentro de la estación de Policía de San Mateo dejó 11 reclusos muertos en una celda de menos de 10 metros cuadrados.
Para Manuel Iturralde, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, “cuando empiezan a haber casos similares en diferentes cárceles del país, hacinadas, con infraestructura precaria, poco personal y sin protocolos de seguridad para enfrentar situaciones de incendios, no es raro que se vaya a amotinar y enciendan colchones. Es el síntoma de la precariedad del sistema, que no cumple con los requerimiento mínimos de derechos, como ha dicho la Corte Constitucional, ni con el fin de rehabilitar a quienes entran a ellas”.
En este mismo sentido, Santiago Tobón, analista de crimen y seguridad de la Universidad Eafit, indica que el sistema penal tampoco está preparado para este tipo de emergencias. “La última vez que el país estuvo sin un nivel de hacinamiento fue en septiembre de 1993. A partir de esa fecha todo el sistema ha tenido más internos que la capacidad total, y aunque esto varía mucho en cada establecimiento, hay unos hasta con 500 %, lo que propicia lo que ocurrió en Tuluá: espacios pequeños en los que es imposible gestionar una evacuación”.
Desde 1997, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en las cárceles, es decir, que dentro de ellas se vive bajo una grave y masiva violación de los derechos. Este año la Corte reiteró que el hacinamiento está desbordado, pero que además se ha llegado a tal estado que las personas capturadas no pueden ser trasladadas, ni ingresar formalmente al sistema penal.
Para Iturralde, la solución no está en construir más cárceles, que además de costoso para el sistema tampoco soluciona de raíz el hacinamiento. “Lo que se debe hacer es reducir la dimensión del sistema, con una política carcelaria distinta, que no resuelva los problemas enviando toda la gente a la cárcel. Se hace con una posición distinta, penas alternativas, sistemas preventivos o que a la cárcel solo lleguen quienes manifiestan algún riesgo como quienes cometen homicidios o delitos sexuales”. Asimismo, considera que se debe garantizar la no repetición del delito, lo que se logra ofreciendo verdaderos servicios.
“Si no se les ofrecen alternativas, cómo reducir la criminalidda. El sistema ahora es un círculo vicioso porque reproduce el problema pero no se busca una solución. Se requiere de una política pública para reducir la criminalidad y un enfoque más regional, que también asuman los municipios porque es un problema de todos”, agregó Iturralde.
Por su parte, Tobón asegura que el sistema penitenciario como está planteado hoy no es sostenible, por lo que hay que replantear muchas cosas. “El problema fundamental es de política criminal. El Congreso crea nuevos tipos penales, amplía sentencias y obliga a que lleguen más personas, lo que está desconectado al sistema, porque cuando se aprueba un proyecto que crea nuevos tipos penales nadie hace la cuenta de cuántos cupos adicionales se necesitan y cuánto tiempo toma hacer esas inversiones e implementarlas”.
Tras registrarse la tragedia, el presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que “el Estado ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación”, por lo que mencionó la necesidad de replantear la política carcelaria, mientras nuevas propuestas aparecen, las familias de los presos del pabellón 8 de la cárcel de Tuluá continúan a la espera de la entrega de los cuerpos de las víctimas, así como el Inpec continuará esta semana con el traslado de los reclusos de los pabellones 8, 9, 10 y 11, por el riesgo de la estructura, con la esperanza de que se conozcan las responsabilidades de esta tragedia y no quede en el olvido como lo sintieron esta semana las familias en la atención de la emergencia.v
