Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se creó el 24 de febrero de 1971, en el Resguardo de Toribío, en un momento en el que las etnias del occidente colombiano decidieron unirse de manera política y administrativa como “una gran casa”, como dicen los estatutos, una organización a través de la que “luchemos juntos con el corazón de todos como fuéramos uno”.
A su creación asistieron cinco cabildos: Toribío, San Francisco, Tacueyó, Jambaló y Totoró, además de representantes de los municipios de Corinto y Miranda. El CRIC se convirtió en el representante y gestor del “plan de vida” de culturas del occiente colombiano como los paeces, guambianos, yanaconas, totoroes, coconucos, inganos y kamzas. (Más: En Pereira confirman la muerte cerebral de Lucas Villa).
Filosófica e históricamente defienden los principios independentistas y reivindicatorios que heredaron de la cacica La Gaitana, del siglo XVI, de “sabios mayores” como Juan Tama, del siglo XVII, hasta Manuel Quintín Lame, en el siglo XX. Cada comunidad actúa a partir de cabildos, desde donde sus “sabios”, y gobernadores y gobernadoras, promueven y defienden los principios rectores: “Unidad, tierra, cultura y autonomía”. La creación y fortalecimiento del CRIC, según sus documentos de memoria histórica, se dio como parte de las necesidades sociales de la población en medio de la marginación y discriminación de parte del gobierno departamental y nacional, que sistemáticamente les había negado sus derechos a la tierra y al desarrollo social. Constituido el CRIC su vocería e influencia se hizo creciente ante las autoridades civiles y así como se fortaleció su capacidad de lucha contra el avance terrateniente sobre los que consideran sus tierras ancestrales. (Recomendamos: Entender el estallido social de Cali desde las cifras).
Esa organización les permitió reclamar los beneficios inclusivos que por fin les reconoció la Constitución de 1991. En la Asamblea Nacional Constituyente de ese año participaron los líderes indígenas Lorenzo Muelas, guambiano; Francisco Rojas, embera; y Alfonso Peña Chepe, nasa. La Carta subraya que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, la propiedad colectiva de los Resguardos, la autonomía administrativa, acceso a los recursos, educación bilingüe y autonomía para administrar justicia en los territorios. Es a partir de allí que se transforman en la agrupación indígena más grande y poderosa de Colombia por sus “proyecto político, proyecto socio cultural y proyecto económico”.
En 1993 ya habían integrado a más de cien mil personas a través de 84 resguardos y 115 autoridades tradicionales de diez pueblos indígenas a quienes a su vez agruparon en nueve Asociaciones de Cabildos, reconocidas legalmente a través del del decreto 1088 de ese año. Apenas en junio de 1999, el Ministerio del Interior reconoció a la Autoridad Tradicional Indígena del Cauca como una entidad pública de carácter especial. En 2011 ya reportaban la existencia de 103 cabildos y una fuerza social integrada por “320 mil comuneros y comuneras del departamento”. La capacidad de convocatoria del CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) juntas. (Más: siga en vivo los acontecimientos del paro nacional).
También cuentan con una “plataforma de lucha”, definida como “un pensamiento propio para exigir derechos y refirmar nuestra existencia milenaria como pueblos indígenas”. Ese objetivo lo concretaron a través del reconocimiento jurídico, de sus propias leyes consagradas en el derecho indígena, y de su cada vez mayor influencia política, potencializada con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Floro Tunubalá, por ejemplo, fue gobernador del departamento del Cauca. Jesús Piñacué, un antropólogo, pasó de ser vicepresidente del CRIC a ser candidato a la Vicepresidencia de la República como fórmula del candidato presidencial Antonio Navarro Wolf, en 1994, y entre 1998 y 2010, fue senador de la República como otros líderes indígenas.
La mayor dificultad, volviendo a sus memorias, no radicó tanto en lograr poder político sino en recuperar los territorios que les habían sido usurpados desde la época de la Conquista, porque tuvieron que hacerlo al tiempo que querían demostrar neutralidad en medio de una guerra en la que participaban guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas del Estado. Para lograrlo, el CRIC se apoyó en la guardia indígena, el cuerpo policivo disuasivo, que se vale de los indígenas más jóvenes, armados de bastones y machetes. Su comandante, Luis Acosta, que era profesor del corregimiento Huellas, municipio de Caloto, recuerda: “Empecé con 7.000 indígenas del Cauca. Ahora coordino a 70 mil en 29 departamentos del país”.
A través de la guardia, el CRIC puede movilizar en un día a miles de sus miembros a través de su capital ancestral, Santander de Quilichao, hacia Cali, a menos de una hora de camino, como se vio el fin de semana y como se ha visto durante los últimos 30 años de movilizaciones desde la carretera Panamericana hasta la capital de Colombia, tal y como ocurrió la última vez durante las manifestaciones de 2019. Añade Acosta: “Mantenemos estas grandes campañas porque mientras reclamamos alternativas de reconocimiento y desarrollo, siempre han querido acallarnos con una política militarista errada”.
Paralelamente, el CRIC demostró que a pesar de la violencia y la exclusión, lideraba un proceso pacífico, educativo y productivo. El Proyecto Nasa fue el ganador del Premio Nacional de Paz en el año 2000. Esto a pesar de matanzas como la de El Nilo, en diciembre de 1991, donde 20 paeces más fueron asesinados por narcotraficantes y policías que les querían arrebatar una finca. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero el cronograma de asignación de tierras que ordenó la sentencia fue incumplido gobierno tras gobierno. Así hasta masacres como la del Alto Naya, en abril de 2001, con al menos un centenar de muertos a manos de paramilitares, mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denunciaba que sólo el 40 por ciento de las tierras recibidas por los Nasa entre 1991 y 2005 eran aptas para la producción agrícola.
Según Indepaz, cerca de 350 indígenas han sido asesinados en el país desde 2016, más de 40 líderes en 2019, la mayoría en el Cauca. Esas culturas indígenas ahora sobreviven a los ataques de las disidencias de la exguerrilla Farc, que actúan como carteles del narcotráfico, y de paramilitares, también mafiosos, como las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo.
Son las luchas que el CRIC dice que mantendrá “en defensa de nuestro territorio” (“kwe´sx txiwe nwe´way”). Una historia de 50 años que lo volvieron el punto de referencia para las demás regiones indígenas de Colombia, el decano de las movilizaciones sociales más influyentes a través del trabajo de las mingas comunitarias.
Las autoridades indígenas del norte del Cauca condenaron los hechos de violencia del fin de semana en Cali. A través de consejeros como Ferley Quintero, dicen que lo único que hicieron fue actuar en defensa propia luego de que los atacaran con armas de fuego cuando atravesaban el sur de esa ciudad en una movilización en favor del paro nacional. Las autoridades, en cabeza de la Fiscalía, investigan los excesos de parte de civiles armados y de los indígenas que dejaron una decena de heridos y daños materiales.