¿Qué está pasando con las invasiones en Cali?

A la oficina de la inspectora de la comuna 21 de Cali, Fanny Torres, llegó una amenaza junto con cuatro balas marcadas con los nombres de cuatro funcionarios que han estado detrás del proceso de desalojo de la invasión Villa Victoria, en el sector de Cauquita, uno de los 180 puntos en los que se han identificado ocupaciones ilegales en la capital del Valle del Cauca.

A la oficina de la inspectora de la comuna 21 de Cali, Fanny Torres, llegó una amenaza junto con cuatro balas marcadas con los nombres de cuatro funcionarios que han estado detrás del proceso de desalojo de la invasión Villa Victoria, en el sector de Cauquita, uno de los 180 puntos en los que se han identificado ocupaciones ilegales en la capital del Valle del Cauca.

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En la misiva señalan que los habitantes de la zona rechazan los procesos adelantados para sacar a las familias que ocupan las 287 viviendas identificadas. “No sabemos cuál es el beneficio oculto que tienen al realizar el desalojo. Nos vemos en la obligación de enviar esta advertencia pacífica para que desistan de sus acciones o que cambien el proceso que están llevando de una manera en la que no nos afecten o sino nos veremos en la obligación de proceder de una manera más contundente (Sic)”.

Pero este no es un caso aislado, pues a la corregidora rural de La Buitrera le llegó una corona de flores fúnebre, firmada por los habitantes de la invasión de la zona de La Reforma.

Las invasiones en Cali han venido creciendo, específicamente desde la pandemia y el Paro Nacional de 2021. De acuerdo con cifras de la unidad anti invasiones de la Secretaría de Seguridd de la ciudad, hasta agosto de este año se tenía registro de 2.424 viviendas en zonas de invasión, por lo que se habla de más de 10.000 ocupando predios ilegalmente.

“Las invasiones no son un tema nuevo. Tenemos registros desde el siglo pasado como ejemplo la legalización de la invasión Terrón Colorado, Siloé y con el maremoto en Tumaco de los años 80, la conformación del Distrito de Aguablanca”, dice César Lemos, delegado ante el Comité de Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas de Cali.

Las dinámicas de Cali son similares a las que se presentan en otras partes del país con los tierreros, que se organizan, nivelan el terreno, lo lotean y lo ocupan de un día para otro con un gran grupo de personas que llegan con palos y polisombras a construir sus cambuches.

“Algunos predios han estado cercados, enmallados y tienen seguridad, pero está tan organizada la delincuencia que montan la logística para movilizar la gente y tomar por vías de hecho, tumbando los cercos y los cultivos. Hasta instalan ferreterías dentro de las invasiones para comenzar las construcciones”, agrega Lemus.

Después de instalados, sacarlos no es fácil. En las primeras 48 horas la Policía tiene derecho a intervenir sin ningún requerimiento previo, luego de eso la administración o el dueño del predio debe hacer todo el proceso que va desde la instauración de la querella en la inpección o la corregiduría rural, por eso las amenazas a las funcionarias.

“Es un concierto para delinquir. Ellos (los tierreros) contratan los abogados para poner las tutelas, dilatar los procesos de restitución y complicar el proceso. Mientras tanto en las zonas invadidas comienzan a construir en ladrillo. Ya conocemos esa ruta, por eso avanzamos con la caracterización y con base en eso, hacemos la oferta institucional y revisamos quienes pueden obtener subsidio u otro tipo de ayudas”, afirmó Lemus.

¿Dónde están las invasiones?

La alcaldía de Cali tiene identificados 180 puntos, de lo cuales los más preocupantes se encuentran en el oriente de la ciudad, más específicamente en el borde urbano, por lo que no solo se está poniendo en riesgo la ruralidad, sino además zonas de protección ambiental que son clave para la ciudad.

El principal ejemplo son las invasiones de Villa Mercedes, Cauquita y Mauricio, que están en predios del patio-talles del MIO, que fueron tomadas durante el Paro de 2021. El problema es que allí está la laguna y el humedal Pondaje, que es uno de los más importantes reguladores de las aguas de la ciudad, pero como fue rellenado por los invasores, la zona protegida ha ido perdiendo su capacidad y por lo menos siete barrios aledaños se han visto afectados durante la temporada de lluvias de este año.

Otro de los casos es el del Jarillón del río Cauca, pues si bien hubo ocupantes que bajo la figura de confianza legítima lograron la instalación legal de servicios públicos y posteriormente fueron reubicados a otras zonas por el riesgo, hay nuevos ocupantes que han afectado las obras y que no podrán acogerse a este beneficio.

Aunque en zonas como el humedal Ibis y Pacheco, así como en parte de Navarro y Comfandi se ha realizado con éxito el desalojo de las invasiones, el constante temor es a que sigan creciendo las que ya están, pero además que ya se ha visto colapsada la capacidad local para atender este tipo de situaciones, no solo por la gran organización de por lo menos 20 entidades para hacer una intervención, sino además los costos y demás acciones para prevenir nuevas ocupaciones.

“Las invasiones se alimentan en gran parte de un proceso de desplazamiento de quiénes son afectados por la violencia y de quienes buscan un mejor horizonte de vida, ingresos y de estudio para sus hijos. El problema es que no hay una oferta de vivienda para ese nivel de ingreso, por lo que es un tema importante que se debe mirar desde el Gobierno Nacional”, concluye Lemus.