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Desde la madrugada el martes 31 de agosto, la Alcaldía de Cali, miembros de la fuerza pública, representantes de tres secretarías, entre otras entidades, avanzan en el desalojo de cientos de familias que habían construido sus viviendas sobre el Jarillón del río Cauca. En la mañana del 1 de septiembre, los funcionarios y la maquinaría amarilla regresaron al sector de “Brisas del nuevo amanecer” para continuar con la recuperación del sector.
Eli Shnaider, gerente del Proyecto Plan Jarillón de Cali, reiteró que “no se van a tolerar ni permitir ningún tipo de invasión en zonas Jarillón y menos en zona que ya se recuperaron en el pasado, zonas donde ya hicimos las labores de reforzamiento del dique”. El funcionario también manifestó que el plan para este miércoles era llegar hasta la zona boscosa y evaluar las afectaciones y daños ambientales que calificó como “enormes”.
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Por su parte, Carlos Javier Soler, secretario de Seguridad de la ciudad advirtió que la administración local no dejará solas a las personas que han sido desalojadas y que se trabaja de manera articulada con tres secretarías, además de la Defensoría y la Personería, para “activar la ruta de víctimas de desplazamiento. De esta manera podremos cumplir, al menos por 30 días, con kits de alimentación, ropa e implementos de aseo, así como garantizar el hospedaje de estas personas”.
Según Schnaider, detrás de la construcción y ocupación de esta zona del Jarillón podría haber actividades criminales, “esta es una zona que ya se había recuperado, en esta zona hasta hace tres meses no había nadie. Hace más de dos meses llegaron a asentarse acá entre 1000 y 1600 cambuches y eso lo que nos da a entender es que hay una actividad sistemática, organizada, premeditada, posiblemente criminal”. El gerente del Jarillón sostuvo que el mensaje de la alcaldía ha sido claro, “sobre el Jarillón nunca se va a negociar. Lastimosamente tendremos que actuar con toda la contundencia del caso porque esto se trata de salvar vidas”.
Al respecto, el proyecto encargado de velar por el dique, ha manifestado que de romperse el Jarillón “siete comunas de la ciudad y el corregimiento de Navarro, serían afectadas por el desbordamiento del río Cauca”, y que las obras para reconstruir las zonas afectadas podrían tomar hasta 25 años. El secretario Soler estimo que, de romperse el dique, cerca de 950.000 personas se verían damnificadas.
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En los operativos por recuperar este sector del Jarillón hacen las secretarías de Seguridad y Justicia, así como la de Infraestructura. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería y la Defensoría velan por los derechos de las personas que están siendo desalojadas del sector. Mientras tanto la Fuerza Pública brinda protección a los funcionarios que avanzan con la demolición de los cambuches que fueron construidos sobre esta margen del río.