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La alcaldía de Cartagena tendría previsto apelar el fallo que le ordena, junto a la constructora Promotora Calle 47 SAS, realizar los estudios técnicos y gestiones administrativas para hacer la demolición del edificio Aquarela, como respuesta a una acción popular de la que determina que “al conceder los permisos y al desarrollar el proyecto, las autoridades de la capital de Bolívar vulneraron los derechos colectivos de los colombianos”.
La preocupación de la alcaldía radicaría en que el fallo pide a la constructora restituir 619 m2 de espacios públicos, que es donde se realizó la primera etapa del proyecto, pero encargó la totalidad de la demolición a la alcaldía, que de acuerdo con estudios no se puede hacer por implosión, debido a su cercanía al Centro Histórico.
De otro lado, señalan que la mayor parte de la responsabilidad no puede caer sobre la ciudad, debido a que el Gobierno Nacional también debe velar por el patrimonio, pero la alcaldía no es la única preocupada con el fallo. La constructora no descarta en tomar acciones similares: “El fallo del Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena fue notificado a la constructora el viernes 31 de marzo a las 5 de la tarde, por tanto, la constructora lo pasó a los abogados que están encargados del análisis de la resolución para determinar si habrá o no apelación”, expresó Gilma Úsuga, vocera de la promotora Calle 47.
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¿Qué ha pasado con Aquarela?
El proyecto habitacional Aquarela, de 5 torres de 32 pisos cada una, se encuentra cerca de Castillo de San Felipe de Barajas, lo que impacta de forma agresiva los bienes de interés cultural cercanos, por lo que en 2017, se suspendieron las obras por la violación de las normas de protección del patrimonio.
Sumado a esto, en el 2019, la Unesco indicó que la estructura que se alcanzó a edificar debía demolerse y le dio plazo a la ciudad para hacerlo antes de diciembre de 2022. El tiempo se incumplió, pero a la par, hace pocas semanas un juzgado, en respuesta a una acción interpuesta por el Ministerio de Cultura, ordenó a la alcaldía de Cartagena y a la constructora encargarse del proceso de demolición.
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