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Un juez penal ordenó la detención domiciliaria de la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada Benavides, capturada el 14 de enero cuando se movilizaba en una camioneta en la que encontraron un kilo de cocaína, tres armas y cerca de ocho millones de pesos en efectivo.
La cabildante del partido Liberal deberá portar vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, según la orden del juez 18 penal con control de garantías.
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La misma medida le fue impuesta a Avelino Villamizar, quien también se transportaba en la camioneta con Estrada el día que fueron capturados. A Martín Barreto, pareja de la presidenta del Concejo, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
“En este caso la imposición de una medida de aseguramiento para estas personas es lo que compete ya que se cumplen todos los requisitos legales, pero para que se pueda imponer esa medida el juez debe tener en cuenta unas circunstancias adicionales como los arraigos sociales y familiares que tienen en Cartagena; trabajan en la ciudad y tienen el derecho a la presunción de su inocencia, mientras un juicio demuestre lo contrario, especialmente la condición de casualidad mencionada por sus defensores”, manifestó el juez.
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A las tres personas se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que a Barreto se le acusó además por porte ilegal o tráfico de armas de fuego o municiones, porque en el momento de la captura tenía un arma con un salvoconducto sin vigencia.
Por su parte, Estrada insiste en que no tenía conocimiento del kilo de cocaína hallada en el interior del vehículo. “Los señores empezaron a revisar el vehículo, haciendo sus labores, y dijeron que había una... sustancia psico...alucinógena, diciendo que estaba ahí”, dijo Estrada. “¿Tú tenías conocimiento de que esa sustancia iba en ese vehículo?”, preguntó el abogado defensor, Juancho Royero, ante lo que la concejala respondió: “Nunca, no tenía ningún conocimiento”.
La Fiscalía en un principio solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para las tres personas porque según exponen, los capturados podrían estar al servicio de bandas criminales, y además “hay suficientes elementos de juicio para que la misma proceda. El delito es muy grave porque atenta contra la seguridad pública y contra la integridad personal”.