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En la mañana del martes 19 de septiembre se presentaron bloqueos en la vía que comunica a la ciudad de Cartagena con la isla de Barú. La comunidad de la zona protesta por los cierres de Playa Blanca de dos días, cada dos meses, que decretó la Alcaldía.
El decreto 1239 del 14 de septiembre 2023 autoriza que se permitan los cierres de dos días cada 30 días, durante los próximos nueve meses y comenzó aplicarse esta semana, entre el martes 19 y miércoles 20 de septiembre. No es la primera vez que esta medida se aplica. Entre noviembre de 2022 y abril de 2023 estuvo activa la restricción al acceso a las playas por dos días.
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Por esta razón, habitantes de la zona decidieron manifestarse bloqueando el puente Campo Elías Terán, pues consideran que el decreto afecta su economía. Los operadores turísticos, por ejemplo, ya habían contratado reservas para los días de cierre.
“Rechazamos de plano esos cierres donde el nativo es el directamente afectado y no se le respeta el derecho al trabajo. Ya muchos trabajadores, hoy en día, no ganan ni el mínimo vital. Hacemos un clamor y pedimos la intervención de la Personería, del Defensor del Pueblo, y todas las entidades defensoras de los derechos humanos, así como autoridades distritales, departamentales y nacionales, exigimos que tomen cartas en el asunto, no queremos más atropellos con los nativos de Playa Blanca”, señaló Claudia Martínez, una de las voceras de la protesta.
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Según indicó la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, a Blu Radio, estas medidas son necesarias para darle un respiro al medio ambiente de este importante destino turístico.
“Tuvimos unos importantes resultados durante todo el primer semestre de 2023, y desde el final del año del 2022, cuando se puso en marcha la medida […] estos cierres fueron aprobados con todo el entusiasmo en el contexto del Comité Local de Playas, en donde participa el Ministerio de Turismo, Cardique, Planeación, todas las diferentes instancias, más la Procuraduría y los demás entres de control, y es así como se tomó por unanimidad la decisión de dar continuidad a la medida, por su éxito en la implementación”, añadió la funcionaria.
González aseguró que esta fue una medida que inició porque la propia comunidad del lugar la solicitó. Además, según ella, las labores de limpieza, resiembra de corales o los talleres de formación de los habitantes han sido recibidas de manera positiva.
Según la Secretaría del Interior y Convivencia, la medida se decretó también para esclarecer incidentes recientes. El pasado 17 de septiembre se presentó el ahogamiento de un hombre en Playa Tranquila, de Barú. Sin embargo, según Martínez, esta no puede ser razón para tomar unas medidas que no fueron concertadas con la comunidad, les tomó por sorpresa y vulneran su derecho al trabajo.
Los voceros de la protesta indicaron que tomarán medidas legales para tumbar el decreto.