Dionisio Vélez, exalcalde de Cartagena, fue suspendido ocho meses por la Procuraduría

Dionisio Vélez Trujillo, exalcalde de Cartagena, fue sancionado con una suspensión de ocho meses por irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Cartagena

La Procuraduría sancionó con suspensión de ocho meses al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, (2013 - 2015), y con destitución e inhabilidad de 15 años a la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Martha Cristina Rodríguez de Gaviria, por irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad.

En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que la administración municipal destinó 100.000 millones de pesos para invertir en la intervención de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, para beneficiar a más de 470.000 personas; sin embargo, no ejecutó las obras programadas, las cuales están abandonadas.

La Procuraduría señaló que el exalcalde “a pesar de tener toda la información sobre los inconvenientes que se presentaban en la ejecución de los contratos, no impartió oportunamente instrucciones eficientes y eficaces para asegurar el adecuado y correcto desarrollo de las actividades delegadas. Además, no asumió el control sobre los trabajos ni removió de sus funciones a la entonces directora del DADIS, a pesar de no responder con las expectativas al frente del proyecto”.

La investigación fue abierta en marzo de 2019 cuando el Ministerio Público halló durante una visita preventiva y de control de gestión que las obras se encontraban inconclusas. “Algunas en estado de abandono, y que los equipos de dotación médica, plantas eléctricas y materiales de construcción, entre otros, se estarían deteriorando y perdiendo su funcionabilidad”.

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Para el órgano de control, el exalcalde debió propender por el cumplimiento de los fines de la contratación y por la prestación efectiva del servicio público de salud para los habitantes de la ciudad. Por su parte, Rodríguez adelantó esta licitación pública (DADIS 001 de 2014) sin contar con los estudios y diseño definitivos, ni con las licencias de construcción y aprobaciones técnicas del Ministerio de Salud.

Esto evidenció una “inadecuada planeación que se refleja en las improvisaciones” surgidas durante la etapa de ejecución en la que se tuvieron ampliar los plazos, priorizar la construcción de 25 de los 39 centros de salud contemplados y, finalmente, suspender los trabajos por el “deficiente análisis económico y financiero sobre el que se calculó el presupuesto del proyecto”.

Sumado a esto, la Procuraduría encontró que la exfuncionaria consignó información que no correspondía a la realidad en la firma de un otro sí del contrato. Rodríguez habría indicado que los diseños arquitectónicos de cuatro de las obras requeridas habían sido aprobados y ajustados de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Esto no era cierto en el momento en que fue firmado el documento.

Por eso, el Ministerio Público señaló que se vulneraron los principios de responsabilidad, economía y planeación que regulan la contratación estatal, así como los de eficiencia y eficacia de la función administrativa.

La conducta Vélez es considerada una falta grave culposa, mientras que Rodríguez fue sancionada por tres cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas: dos cometidas a título de culpa grave y la restante con culpa gravísima. La Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria al supervisor del contrato de interventoría, Francisco Javier Martínez Santos.

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