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De acuerdo con la Contraloría General de la República, el detrimento patrimonial ocasionado por el contrato de concesión de peajes en Cartagena fue de $22.354 millones.
Las personas implicadas en este caso son: Dionisio Arango Cantillo, Luz Marina Figueroa Salgado, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal (exdirectores del Departamento de Valorización Distrital de Cartagena). También se menciona a Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador (exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDURBE S.A). Finalmente, se hace referencia a la responsabilidad fiscal de la Concesión Vial de Cartagena – CONVIVAL S.A.
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“La pérdida de recursos públicos se da por la retribución realizada al concesionario a partir del cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, ocurrida en el año 16 del mismo (que comprende el periodo de enero de 2014 a enero de 2015 y que cierra el año con una TIR de 17.27%)”, señaló el órgano de control.
También indicó que esta retribución retrasó el cumplimiento del contrato, sin contar con estudios económicos y financieros que reflejaran la realidad económica del momento en que se incorporaron los rubros a la concesión inicial. El contrato tenía como objeto el diseño, construcción, mantenimiento y operación del corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena, conformado por los subproyectos corredor de carga, zona industrial y portuaria, y accesos desde la zona industrial de Mamonal.
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En el mismo informe, la Contraloría archivó los procesos contra seis exalcaldes de Cartagena, por no encontrar responsabilidad fiscal en el detrimento patrimonial de la ciudad. Se trata de Manuel Vicente Duque, Judith Pinedo Flórez, Eduardo Vizcaino, Carlos Alberto Díaz, Alberto Barbosa y Dionisio Vélez. También se archivaron los casos contra seis exdirectores de Valorización Distrital y seis gerentes de EDURBE S.A.
Una vez notificadas, las personas y el concesionario implicado tendrán diez días hábiles para presentar sus argumentos de defensa contra la imputación y para hacer llegar las pruebas que consideren válidas.