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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, por presunta infracción al deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a otros funcionarios públicos. El organismo le reprochó al mandatario que, presuntamente, se refiriera en términos soeces e irrespetuosos hacia los concejales, en una sesión que se realizó el 13 de abril del año pasado.
Según la Procuraduría estas expresiones para referirse a los concejales afecta la dignidad e integridad moral de los mismos, y además vulnera lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que señala “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.
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Asimismo, la Procuraduría también señaló al concejal Laureano Miguel Curí Zapata, quien al parecer, usó términos soeces para referirse al alcalde y darle respuesta a sus intervenciones, acción con la que pudo “infringir un deber legal en los términos del artículo 23 del Código Disciplinario Único”.
Para la Procuraduría tanto el alcalde como el concejal pudieron incurrir en una violación de las normas de obligatorio cumplimiento y de las asignadas a sus cargos, “al probablemente no propender por un actuar encaminado al respeto y salvaguarda de la dignidad humana”, señaló el organismo.
William Dau respondió al pliego de cargos por parte de la Procuraduría y sostuvo que “hubo una airada discusión porque estaba muy molesto con el concejo distrital que le hacían saboteo a mi administración. Ahora, que porque nos hayamos echados unos ‘madrazos’ ¡por Dios! ¿Ahora la Procuraduría es la policía de la moral? No sancionan la corrupción. Tenemos dos concejales que fueron directores de los fondos de pensiones donde se desaparecieron miles de millones de pesos y ahí están despachando y la Procuraduría no hace nada”.
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Las presuntas faltas de los dos funcionarios fueron calificadas provisionalmente como graves a título de dolo, esto quiere decir que fueron cometidas con intencionalidad. La sanción de este tipo de faltas es la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, que va de uno a doce meses, esto según la Sentencia 00102 de 2013 del Consejo de Estado.
Ante esta posible sanción, el alcalde dijo: “yo pienso que si a mí me llegan a suspender Colombia entera se va a levantar en contra de la Procuraduría por estar pendejeando con estas cuestiones y haciéndose los de la vista gorda con la corrupción. Esto no puede ser”.