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Se iniciará formalmente la demolición del polémico edificio Aquarela, un proyecto inmobiliario construido frente al Castillo de San Felipe, en el centro histórico de Cartagena. Así lo anunció la viceministra de Cultura, Adriana Molano, quien tuvo una reunión con el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, e indicó que el 20 de febrero será la fecha escogida para empezar a desmontar la obra.
Molano dio detalles sobre el proceso, en el cual se invertirán $11 mil millones. “Eso es una técnica que es piso por piso. El alcalde decidió no hacer la implosión, porque tenía mayores riesgos, entonces es una técnica bastante elaborada y por eso es tan costosa”, explicó.
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A pesar de que el objetivo del mandatario local es que la demolición dure tres meses, el concepto de la interventora es que podría durar más. “Pero esperamos que, con esta inversión y con el acompañamiento técnico del ministerio, lo logremos en 90 días”, preciso la viceministra.
Para Molano, este proceso marca un antes y un después en materia de defensa del patrimonio cultural. “Esto es un hito histórico para la defensa del patrimonio cultural del país, ha sido una gran afectación que ha puesto en riesgo el paisaje cultural, y el paisaje de las fortificaciones, los monumentos y el centro histórico de Cartagena. Ustedes saben, es una de nuestras joyas a nivel mundial, y que, incluso, ponía en riesgo frente a la declaratoria de patrimonio”, concluyó.
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La constructora respondió al anuncio
La constructora del edificio reaccionó al anuncio de desmonte de una obra que inició en marzo de 2017 y que fue suspendida en octubre del mismo año. “No existe una sentencia definitiva que ordene la demolición de la estructura. A la fecha, no existe decisión judicial o administrativa en firme que ordene la demolición total de la torre uno del proyecto habitacional Aquarela”, señala un comunicado de la empresa Promotora Calle 47 S.A.S.
Y es que la compañía argumenta que la única orden emitida por las autoridades no obliga a tumbar la torre. “La medida correctiva impuesta en sede policiva en octubre de 2018 ordenó la restitución de 24 metros de superficie de antejardín, equivalentes a 619.59 metros cuadrados, al contabilizar en forma vertical, que corresponde solo a una porción del edificio, lo cual es viable de ser ejecutado desde el punto de vista técnico sin necesidad de efectuar una demolición de toda la estructura. En cualquier caso, dicha orden policiva se encuentra demandada en sede judicial, sin que haya hasta el momento un fallo definitivo al respecto”, añade el comunicado.
Finalmente, la Promotora dice que dicha demanda la interpusieron porque el único estudio que considera la demolición total fue hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) con información que consideran incompleta. Adicionalmente, “a la fecha, no se conocen los estudios de fondo que señalan las autoridades para proceder con la demolición de la estructura”, aseguraron.