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No habrá prisión preventiva para 11 de los 20 capturados en el caso de lavado de activos dentro de la cadena de almacenes Tierra Santa. Así lo anunció el abogado de los implicados mediante un comunicado en sus redes sociales. El juez del caso decidió dejar en libertad durante el resto del proceso a más de la mitad de los implicados, ya que no los consideraba un riesgo para el proceso que se adelanta.
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“No es necesaria ni proporcional la medida en establecimiento carcelario, razón por la cual el juez no acogió la solicitud de la Fiscalía y por el contrario, les dio razón a nuestros abogados en permitir que los acusados se defiendan en libertad” afirmaron los abogados defensores a través de un comunicado después de que el juez de control de garantías asignado al caso decidiera que no era necesario privarlos de la libertad ni en un centro carcelario ni en su residencia.
En su momento, las autoridades vincularon a 20 miembros de la empresa al proceso por lavado de activos. Los sospechosos fueron identificados como Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jebara, Eduardo Enrique Mejía Leguía, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
En este caso, las autoridades capturaron a 13 personas y judicializaron a otras 20 por ser los presuntos responsables de ingresar por contrabando millonarios cargamentos de textiles. Entre los vinculados se encuentran seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia. Los libaneses capturados son integrantes de la junta directiva del conglomerado empresarial.
De acuerdo con la investigación, se descubrió una sociedad financiera de la que hacen parte por lo menos 60 empresas asociadas en un conglomerado empresarial. Estas empresas estaban organizadas solo en el papel, ya que su fin era facilitar el lavado de activos a través de contrabando de ropa y accesorios.
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Además, también se adelantó una operación de extinción de dominio contra inmuebles con un valor que superaría los $1.2 billones. La Fiscalía logró incautar 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. Estos bienes estarían ubicados en 17 departamentos y ciudades capitales como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Neiva, Pasto y Valledupar.
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