Corporación Vínculos, apostándole a aliviar el sufrimiento emocional de la guerra

La lista de las vulneraciones a los derechos humanos que han vivido las más de 9 millones y medio de víctimas del conflicto armado colombiano, según la Unidad para las Víctimas, es larga y dolorosa. Derechos como el acceso a servicios de salud, una vida libre de violencias basadas en género, la tierra, la vivienda digna, la educación, la verdad, la justicia y la reparación, por nombrar apenas unos cuantos, fueron y continúan siendo violados, engrosando así ese lamentable inventario.

Es claro que la guerra deja una enorme huella en la calidad de vida y la salud de las víctimas directas o indirectas. Pero también genera un sufrimiento emocional que en Colombia “no ha sido suficientemente atendido y que se reproduce intergeneracionalmente porque no se ha logrado tramitar, pues permanece vivo en las vidas de las personas, las familias y en la sociedad”, asegura la psicóloga Mariana Sáenz Uribe, directora de la Corporación Vínculos.

Desde 2003 esta corporación adelanta procesos de atención psicosocial, emocional y de cuidado con comunidades, organizaciones y víctimas de violencia sociopolítica en un país que si bien en las últimas dos décadas ha creado programas y mecanismos para aliviar el sufrimiento que deja el conflicto armado -como la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI) del Ministerio de Salud-, todavía son insuficientes. “La dimensión de las víctimas de la guerra y la violencia sociopolítica es tan grande que las necesidades de atención psicosocial son altas y en Colombia tenemos dificultades de cobertura”, añade Sáenz.

Pero esa atención, en consideración de la directora de Vínculos, debe contar con un enfoque de derechos. Es decir, que las víctimas reciban una reparación o rehabilitación integral: a la par de la atención psicosocial y cuidado emocional, se les garanticen el acceso a derechos básicos, como la vivienda, la salud o la justicia, para rehacer sus vidas.

Las barreras para una plena atención psicosocial

Cuando empezó sus labores hace 20 años, la Corporación Vínculos se encontró con un escenario complejo. “Se conformó por un equipo de profesionales, en su mayoría psicólogos, que tenían un interés muy grande en atender a víctimas, pues en ese momento ni siquiera se hablaba de conflicto armado ni las víctimas eran reconocidas”, comenta Sáenz.

Desde entonces, la Corporación comenzó un acompañamiento permanente con enfoque psicosocial para diferentes poblaciones afectadas por el conflicto armado y otras violencias sociopolíticas: mujeres, líderes y lideresas de derechos humanos, jóvenes, personas mayores, desmovilizados de grupos armados, entre otras. En 2022, por ejemplo, Vínculos adelantó procesos psicosociales con más de 1400 víctimas. En medio de ese trabajo, como lo explica Karen Urueña, psicóloga y coordinadora de Gestión del Conocimiento, se han detectado una serie de barreras para este tipo de atención en el país.

La primera de las barreras es la cobertura. “Lo que vemos en las medidas de rehabilitación y reparación es que no llegan a las comunidades, a los municipios más alejados. La atención psicosocial se ha centrado en lo urbano. Además, por los procesos de contratación de los programas, la atención se brinda por unos meses en los territorios y no logra una cobertura a largo plazo”, asegura Urueña.

Precisamente, la falta de continuidad en la atención psicosocial es la segunda barrera. Para esta psicóloga es clave que las familias de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo las desapariciones forzadas o las masacres, tengan un acompañamiento constante para aliviar el sufrimiento, puesto que las afectaciones emocionales en estos casos pueden durar años, décadas o toda la vida. Si los programas de atención apenas duran unos meses o años, como lo dice la directora de Vínculos, el dolor seguirá allí, incrustado en lo individual y lo colectivo.

Otras barreras están relacionadas con la falta de presupuesto y la atención con enfoque psicosocial por parte del Sistema General de Salud en Colombia. “Los hechos traumáticos se somatizan en el cuerpo, muchas veces a través de enfermedades. Entonces, es necesario abordarlos desde lo emocional. Por eso es importante un programa como el PAPSIVI. Pero la realidad nos ha mostrado que todavía estamos lejos de lograr que el enfoque psicosocial se incorpore en el sistema de salud”, afirma Urueña, y agrega que sobre el papel los programas están bien diseñados y estructurados, pero en la práctica se encuentran las dificultades.

Justamente en el balance al componente de rehabilitación -donde se contempla la atención psicosocial- de la Ley de Víctimas, hecho por la Procuraduría General de la Nación en 2020 y en el que participó Sáenz, se enuncian estas barreras y dentro de las recomendaciones que se hacen están la ampliación de la cobertura, la reparación integral, la articulación entre los programas psicosociales con el sistema de salud y la formación del talento humano especializado en este tipo de atención para las víctimas.

Prevención y construcción de culturas de paz

Uno de los derechos que tienen las víctimas de conflicto armado es la garantía de la no repetición de los hechos que les causaron sufrimiento. Es por eso que Vínculos también le apuesta a la construcción de culturas de paz como mecanismo de prevención de violencias en territorios complejos. “Hay valores, prácticas o imaginarios que legitiman la violencia. Por ejemplo, buscamos con esta estrategia que niños, niñas y jóvenes en contextos afectados por el conflicto armado no construyan la identidad del ‘guerrero’. La idea es que tengan una visión crítica sobre la violencia”, dice la directora de la Corporación.

Esas culturas de paz se construyen entre toda la sociedad: padres, maestros, funcionarios, organizaciones sociales, entre otros actores de los territorios. En 2022 participaron 107 menores en esta estrategia y 858 profesionales que acompañan a víctimas se vincularon a procesos de sensibilización y cuidado emocional, al igual que en formación para la exigencia de derechos como la reparación integral.

También, como parte de la prevención, Corporación Vínculos forma en atención psicosocial a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a líderes y lideresas sociales para que sean ellas y ellos los primeros en escuchar las necesidades emocionales de las víctimas del conflicto armado y la violencia política. Que alguien esté presente y disponible para escucharlas es vital porque las ayuda a aliviar el dolor que dejan más de 60 años de guerra.

(*) Periodista de derechos humanos y colaborador de Dejusticia.

Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.

La lista de las vulneraciones a los derechos humanos que han vivido las más de 9 millones y medio de víctimas del conflicto armado colombiano, según la Unidad para las Víctimas, es larga y dolorosa. Derechos como el acceso a servicios de salud, una vida libre de violencias basadas en género, la tierra, la vivienda digna, la educación, la verdad, la justicia y la reparación, por nombrar apenas unos cuantos, fueron y continúan siendo violados, engrosando así ese lamentable inventario.

Es claro que la guerra deja una enorme huella en la calidad de vida y la salud de las víctimas directas o indirectas. Pero también genera un sufrimiento emocional que en Colombia “no ha sido suficientemente atendido y que se reproduce intergeneracionalmente porque no se ha logrado tramitar, pues permanece vivo en las vidas de las personas, las familias y en la sociedad”, asegura la psicóloga Mariana Sáenz Uribe, directora de la Corporación Vínculos.

Desde 2003 esta corporación adelanta procesos de atención psicosocial, emocional y de cuidado con comunidades, organizaciones y víctimas de violencia sociopolítica en un país que si bien en las últimas dos décadas ha creado programas y mecanismos para aliviar el sufrimiento que deja el conflicto armado -como la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI) del Ministerio de Salud-, todavía son insuficientes. “La dimensión de las víctimas de la guerra y la violencia sociopolítica es tan grande que las necesidades de atención psicosocial son altas y en Colombia tenemos dificultades de cobertura”, añade Sáenz.

Pero esa atención, en consideración de la directora de Vínculos, debe contar con un enfoque de derechos. Es decir, que las víctimas reciban una reparación o rehabilitación integral: a la par de la atención psicosocial y cuidado emocional, se les garanticen el acceso a derechos básicos, como la vivienda, la salud o la justicia, para rehacer sus vidas.

Las barreras para una plena atención psicosocial

Cuando empezó sus labores hace 20 años, la Corporación Vínculos se encontró con un escenario complejo. “Se conformó por un equipo de profesionales, en su mayoría psicólogos, que tenían un interés muy grande en atender a víctimas, pues en ese momento ni siquiera se hablaba de conflicto armado ni las víctimas eran reconocidas”, comenta Sáenz.

Desde entonces, la Corporación comenzó un acompañamiento permanente con enfoque psicosocial para diferentes poblaciones afectadas por el conflicto armado y otras violencias sociopolíticas: mujeres, líderes y lideresas de derechos humanos, jóvenes, personas mayores, desmovilizados de grupos armados, entre otras. En 2022, por ejemplo, Vínculos adelantó procesos psicosociales con más de 1400 víctimas. En medio de ese trabajo, como lo explica Karen Urueña, psicóloga y coordinadora de Gestión del Conocimiento, se han detectado una serie de barreras para este tipo de atención en el país.

La primera de las barreras es la cobertura. “Lo que vemos en las medidas de rehabilitación y reparación es que no llegan a las comunidades, a los municipios más alejados. La atención psicosocial se ha centrado en lo urbano. Además, por los procesos de contratación de los programas, la atención se brinda por unos meses en los territorios y no logra una cobertura a largo plazo”, asegura Urueña.

Precisamente, la falta de continuidad en la atención psicosocial es la segunda barrera. Para esta psicóloga es clave que las familias de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo las desapariciones forzadas o las masacres, tengan un acompañamiento constante para aliviar el sufrimiento, puesto que las afectaciones emocionales en estos casos pueden durar años, décadas o toda la vida. Si los programas de atención apenas duran unos meses o años, como lo dice la directora de Vínculos, el dolor seguirá allí, incrustado en lo individual y lo colectivo.

Otras barreras están relacionadas con la falta de presupuesto y la atención con enfoque psicosocial por parte del Sistema General de Salud en Colombia. “Los hechos traumáticos se somatizan en el cuerpo, muchas veces a través de enfermedades. Entonces, es necesario abordarlos desde lo emocional. Por eso es importante un programa como el PAPSIVI. Pero la realidad nos ha mostrado que todavía estamos lejos de lograr que el enfoque psicosocial se incorpore en el sistema de salud”, afirma Urueña, y agrega que sobre el papel los programas están bien diseñados y estructurados, pero en la práctica se encuentran las dificultades.

Justamente en el balance al componente de rehabilitación -donde se contempla la atención psicosocial- de la Ley de Víctimas, hecho por la Procuraduría General de la Nación en 2020 y en el que participó Sáenz, se enuncian estas barreras y dentro de las recomendaciones que se hacen están la ampliación de la cobertura, la reparación integral, la articulación entre los programas psicosociales con el sistema de salud y la formación del talento humano especializado en este tipo de atención para las víctimas.

Prevención y construcción de culturas de paz

Uno de los derechos que tienen las víctimas de conflicto armado es la garantía de la no repetición de los hechos que les causaron sufrimiento. Es por eso que Vínculos también le apuesta a la construcción de culturas de paz como mecanismo de prevención de violencias en territorios complejos. “Hay valores, prácticas o imaginarios que legitiman la violencia. Por ejemplo, buscamos con esta estrategia que niños, niñas y jóvenes en contextos afectados por el conflicto armado no construyan la identidad del ‘guerrero’. La idea es que tengan una visión crítica sobre la violencia”, dice la directora de la Corporación.

Esas culturas de paz se construyen entre toda la sociedad: padres, maestros, funcionarios, organizaciones sociales, entre otros actores de los territorios. En 2022 participaron 107 menores en esta estrategia y 858 profesionales que acompañan a víctimas se vincularon a procesos de sensibilización y cuidado emocional, al igual que en formación para la exigencia de derechos como la reparación integral.

También, como parte de la prevención, Corporación Vínculos forma en atención psicosocial a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a líderes y lideresas sociales para que sean ellas y ellos los primeros en escuchar las necesidades emocionales de las víctimas del conflicto armado y la violencia política. Que alguien esté presente y disponible para escucharlas es vital porque las ayuda a aliviar el dolor que dejan más de 60 años de guerra.

(*) Periodista de derechos humanos y colaborador de Dejusticia.

Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.