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El pasado 2 de noviembre, más de diez centros educativos de Argelia, Cauca, anunciaron la suspensión de actividades académicas hasta finalizar el período escolar, como medida ante el recrudecimiento del conflicto en el municipio. De momento, hay casi tres mil niños en clases virtuales, según el docente Andrés Mosquera, de la Institución Educativa Sinaí. El número de niños desplazados cambia cada día según las dinámicas mismas de la violencia. “La semana pasada eran 1.000 estudiantes desplazados, hoy en la mañana eran 120, pero en la tarde ya había 250 desplazados”, explica el docente.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta el pasado 29 de octubre los desplazamientos masivos habían afectado a 6.501 personas, que se vieron obligadas a salir de sus veredas en busca de refugio hasta la cabecera municipal por cuenta de los enfrentamientos entre grupos ilegales y Fuerza Pública.
Por ejemplo, los combates que se registraron entre el 15 y el 20 de octubre de este año entre la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional provocaron dos desplazamientos masivos en menos de una semana, según la Oficina de las Naciones Unidas para Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA). Solo durante estos días, unas 450 personas fueron desplazadas de las veredas Encanto, Higuerones, Guayabal, Mundo Nuevo y El Sinaí. Los desplazamientos masivos y brotes de violencia, evidenciados en los 59 homicidios y diez víctimas de minas antipersona en lo que va del año, han generado en la población un sentimiento de miedo e incertidumbre.
La grave situación de violación de derechos humanos en Argelia no es asunto nuevo. Desde octubre de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre la violación de derechos humanos en el municipio y advirtió sobre riesgos en los corregimientos de La Emboscada, El Plateado, Santa Clara, Puerto Rico, El Sinaí, La Belleza, El Diviso y El Mango y más de 45 veredas. “Lo que está sucediendo es la misma situación de todo el país: un conflicto que se está recrudeciendo, por un acuerdo que no se implementó”, explica Jhonnatan Patiño, alcalde de Argelia.
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El informe de la Defensoría da cuenta de la confluencia de distintos grupos armados, que se disputan el control del territorio. Históricamente, el sur del Cauca ha sido un foco de interés para varias insurgencias; por eso confluyeron allí en una época los frentes 60, 8 y 29 de las Farc, el Bloque Calima de las Auc y el Frente Milton Hernández. Después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en 2016, y la salida de esa guerrilla del territorio, otros grupos se movilizaron y ganaron más control. Actualmente en Argelia hay presencia del Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Jaime Martínez y la Columna Móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, y del Frente José María Becerra, del Eln.
El interés de los grupos ilegales tiene que ver con una tendencia histórica de esta zona: la presencia de cultivos de uso ilícito. El informe de 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala a Argelia-El Tambo como uno de los enclaves productivos de cultivos de coca, con un estimado de 8.396 hectáreas cultivada. Camilo González, director de Indepaz, afirmó en una entrevista en 2020 que alrededor de 150 toneladas de cocaína circulan al año por la zona del Cañón del Micay, un área que comprende cuatro municipios del sur del Cauca: Argelia, El Tambo, López de Micay y Timbiquí. El Cañón del Micay es una zona estratégica que comunica el sur del departamento con el océano Pacífico, y el municipio de Argelia, junto con El Tambo y Balboa, conforman un corredor de movilización para acceder a los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima y Nariño.
El control que ejercen dichas estructuras en Argelia se manifiesta precisamente en el dominio que tienen sobre el negocio de los cultivos ilícitos, así como en las amenazas que hacen a campesinos de la región. “La respuesta departamental y estatal para solventar la situación se ha enfocado principalmente en dar ayuda humanitaria”, indica el alcalde Jhonnatan Patiño. El pasado 28 de octubre, la Gobernación del Cauca anunció una mesa técnica para atender la crisis en Argelia, cuya primera sesión estaba pensada para este 8 de noviembre. “Acordamos tratar los temas más importantes con la comunidad de El Sinaí, especialmente de educación, salud e infraestructura”, sostiene Luis Cornelio, secretario de la Gobernación del Cauca.
Aun así, más que soluciones enfocadas en mitigar la crisis inmediata, lo que los habitantes claman es el cese de la violencia y la implementación definitiva del Acuerdo de Paz, especialmente el capítulo relacionado con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), cuya implementación en Argelia, con una alta concentración de cultivos de coca, es determinante. Sin embargo, según el alcalde del municipio, “la implementación ha sido nula, va en el 0 %”.
“Siempre hay un clamor por parte de la comunidad: el cumplimiento de los PNIS. La gente quiere tener una opción para sustituir voluntariamente los cultivos, pero manifiestan que no se ha cumplido”, señala el secretario de la Gobernación. Agregó que desde el Gobierno ya hay unas estrategias que se están diseñando de acuerdo con las necesidades del municipio: “Nosotros estamos articulando para que, una vez se pueda hacer presencia institucional, con lo que tiene que ver con seguridad, podamos articular los proyectos del Gobierno sobre el PNIS”.
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Para la comunidad, entretanto, es claro que el no cumplimiento de los temas claves del Acuerdo de Paz fue el punto de quiebre que le abrió las puertas a la guerra. “Los cultivos de cocaína que hay desataron una disputa del más fuerte, muchos vieron las oportunidades que trae el narcotráfico. Las bandas que hoy se han conformado juegan con la pobreza de los que no tienen oportunidad. El Gobierno no cumplió, Argelia ha sido construido con el empuje de las comunidades, de buscar alternativas”, indica una lideresa campesina del municipio que prefiere no ser identificada. El miedo persiste en la población.
La difícil situación que se vive en el territorio quedó también plasmada en los hechos ocurridos el pasado 31 de octubre cuando cerca de cinco mil campesinos de El Plateado y Puerto Rico realizaron una movilización hasta Tambo Largo, para protestar en contra de la violencia y exigir la implementación de los acuerdos. Cuando llegaron al lugar donde se encontraba un grupo del Ejército, unos disparos hicieron que la multitud se dispersara y buscara refugio. En medio de la confusión, un grupo de campesinos cayó en un campo minado. Diez resultaron heridos, dos de gravedad y uno de ellos perdió la pierna. En videos difundidos por redes sociales después del hecho, campesinos atienden a los heridos. Sin esperar la llegada de ninguna institución o autoridad a ayudarlos, uno de ellos dice: “Lo que nos toca hacer aquí es echarnos este ‘pelao’ al hombro”. Juntos arman una camilla improvisada, hecha de ponchos, y sacan al herido del campo minado, en busca de ayuda.
