¿Cuáles son las peticiones del Comité Nacional del Paro?
El pliego de emergencia presentado a los representantes del Gobierno tiene siete puntos, entre ellos intervención a la salud, renta básica y educación.
César Giraldo Zuluaga
Luego de dos semanas de negociaciones entre los delegados por el Gobierno Nacional y los miembros del Comité del Paro, el lunes 24 de mayo se anunció un documento de preacuerdo entre las partes. Su contenido y los puntos que deberán ser refrendados por ambos actores para instalar las mesas de negociación no fue revelado, pero según Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), busca que se garanticen las condiciones para la protesta pacífica.
El documento ya obtuvo el visto bueno por parte del Comité y está a la espera de que el Gobierno lo refrende. Luego comenzarían las mesas de negociación.
Al margen de este preacuerdo, la CUT ha publicado el pliego de emergencia, que contiene seis peticiones y una serie de propuestas para financiarlas.
1. “Intervención del Estado al sistema de salud y formalización laboral para todos los trabajadores de ese sector”
Según una circular de la Procuraduría que fue emitida en enero de este año, “los contratos tercerizados constituyen el 71,37 % de los puestos de trabajo en el sector, lo que contradice a todas luces el mandato legal, que determina que la regla general de la administración pública es que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa y excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados”.
Este documento señala que solo 46.715 de los más de 136.000 trabajadores del sector tienen un contrato directo. El entonces procurador, Fernando Carrillo, manifestó su preocupación por la precarización laboral de los trabajadores de la salud. Sobre la atención de la pandemia, no es claro cuáles son las exigencias puntuales al Gobierno, que emitió el 24 de abril de 2020 la Resolución 666, donde se disponen los protocolos de bioseguridad para controlar el COVID-19
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2. Renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, y en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet y gas) durante cuatro meses.
El Gobierno lanzó desde abril de 2020 el Programa Ingreso Solidario, que transfiere $160.000 a hogares pobres, en pobreza extrema y vulnerabilidad económica. Este irá hasta junio, pero para los integrantes del Comité es insuficiente. Proponen que se dé un salario mínimo para treinta millones de personas en esa condición, aunque no es claro si la renta sería para personas u hogares ni cuál sería el gasto del Estado.
La Superintendencia Financiera impulsó un programa, que también acabará en junio, y que acompaña a deudores otorgándoles períodos de gracia o redefinición del crédito. El Comité también pide que se prohíba el corte de los servicios de agua, electricidad, internet y gas durante cuatro meses.
3. Defensa de la producción nacional y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MiPymes.
Según la encuesta Pulso Social, del DANE, publicada en febrero de este año, casi dos millones y medio de hogares en Colombia comen menos de tres porciones diarias.
“Una cosa es proteger el nivel de bienestar de los colombianos y otra el proteccionismo. Hay un debate largo a zanjar sobre esto y no sé si la emergencia sea el momento para hacerlo”, aseguró Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, sobre la propuesta de defensa de producción nacional.
El Ministerio de Agricultura ha implementado varias medidas que buscan alivianar el impacto económico en este sector a raíz de la pandemia, como programas de apoyo para el transporte de productos agrícolas y créditos financieros. Sin embargo, varias organizaciones campesinas consideran que no es suficiente y piden más ayuda desde el Estado.
4. Apoyo al sistema educativo público, dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y apoyo al sector cultural. No al retorno a las clases presenciales mientras no estén las garantías.
El presidente Duque y la ministra de Educación anunciaron la matrícula cero para el segundo semestre de este año, la cual beneficiará a los alumnos de estrato 1, 2 y 3 que estudien o deseen estudiar en instituciones públicas de educación técnica, tecnológica y universitaria. La medida no resuelve asuntos de fondo, según Andrés Felipe Mora, experto en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, ya que no es claro cómo garantizar la permanencia de los beneficiarios una vez acabe el 2021, ni ayuda a resolver el problema de la desfinanciación de las universidad públicas.
El miércoles 26 de mayo comenzó la vacunación para profesores de instituciones públicas y privadas de educación primaria, secundaria y media. Según el Ministerio de Salud, se espera proteger a 412.586 profesores y administrativos del sector escolar.
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5. Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para garantizar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia.
Otra de las consecuencias graves que trajo consigo la pandemia fue el aumento de la violencia contra las mujeres. Según el Observatorio Colombiano de las Mujeres, en los primeros dos meses de la pandemia, las llamadas a la línea 155, que atiende las denuncias por violencia intrafamiliar, aumentaron cerca del 155%, al pasar de 2.647 en 2019, a 6.733 durante 2020.
La organización feminista Sisma Mujer ha denunciado en reiteradas oportunidades los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que han sido víctimas para acceder a la justicia. También advierte que existen falencias para brindar ayuda psicológica y jurídica a las víctimas.
Una situación similar han vivido las personas LGBTQ. En septiembre del año pasado la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que alertaba el aumento de todo tipo de violencia contra esta población.
6. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol
La última petición tampoco es clara. Exige la derogación de los decretos de emergencia que han sido expedidos a raíz de la pandemia, pero no especifica cuáles. Sobre la privatización del sistema de transporte de hidrocarburos, parece ser una petición directa de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, que critica la privatización de estos sistemas y las supuestas intenciones del Gobierno de vender Ecopetrol.
7. Recursos del Estado para atender las peticiones
La primera sugerencia del Comité fue la emisión de moneda. Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, este debería ser el último recurso y no la primera opción.
La segunda fuente sería el uso de reservas internacionales. Según María del Pilar López, profesora de economía de la Universidad de los Andes, “gastar reservas manda una señal clara de inestabilidad macroeconómica al mercado crediticio”.
La tercera propuesta es la renegociación de la deuda externa que, según Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, es algo que nunca se ha hecho en el país.
La última fuente de recursos es la suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas. Para Reyes, es una medida factible pero no alcanzaría para financiar ni siquiera la renta básica que se propone.
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Luego de dos semanas de negociaciones entre los delegados por el Gobierno Nacional y los miembros del Comité del Paro, el lunes 24 de mayo se anunció un documento de preacuerdo entre las partes. Su contenido y los puntos que deberán ser refrendados por ambos actores para instalar las mesas de negociación no fue revelado, pero según Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), busca que se garanticen las condiciones para la protesta pacífica.
El documento ya obtuvo el visto bueno por parte del Comité y está a la espera de que el Gobierno lo refrende. Luego comenzarían las mesas de negociación.
Al margen de este preacuerdo, la CUT ha publicado el pliego de emergencia, que contiene seis peticiones y una serie de propuestas para financiarlas.
1. “Intervención del Estado al sistema de salud y formalización laboral para todos los trabajadores de ese sector”
Según una circular de la Procuraduría que fue emitida en enero de este año, “los contratos tercerizados constituyen el 71,37 % de los puestos de trabajo en el sector, lo que contradice a todas luces el mandato legal, que determina que la regla general de la administración pública es que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa y excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados”.
Este documento señala que solo 46.715 de los más de 136.000 trabajadores del sector tienen un contrato directo. El entonces procurador, Fernando Carrillo, manifestó su preocupación por la precarización laboral de los trabajadores de la salud. Sobre la atención de la pandemia, no es claro cuáles son las exigencias puntuales al Gobierno, que emitió el 24 de abril de 2020 la Resolución 666, donde se disponen los protocolos de bioseguridad para controlar el COVID-19
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2. Renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, y en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet y gas) durante cuatro meses.
El Gobierno lanzó desde abril de 2020 el Programa Ingreso Solidario, que transfiere $160.000 a hogares pobres, en pobreza extrema y vulnerabilidad económica. Este irá hasta junio, pero para los integrantes del Comité es insuficiente. Proponen que se dé un salario mínimo para treinta millones de personas en esa condición, aunque no es claro si la renta sería para personas u hogares ni cuál sería el gasto del Estado.
La Superintendencia Financiera impulsó un programa, que también acabará en junio, y que acompaña a deudores otorgándoles períodos de gracia o redefinición del crédito. El Comité también pide que se prohíba el corte de los servicios de agua, electricidad, internet y gas durante cuatro meses.
3. Defensa de la producción nacional y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MiPymes.
Según la encuesta Pulso Social, del DANE, publicada en febrero de este año, casi dos millones y medio de hogares en Colombia comen menos de tres porciones diarias.
“Una cosa es proteger el nivel de bienestar de los colombianos y otra el proteccionismo. Hay un debate largo a zanjar sobre esto y no sé si la emergencia sea el momento para hacerlo”, aseguró Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, sobre la propuesta de defensa de producción nacional.
El Ministerio de Agricultura ha implementado varias medidas que buscan alivianar el impacto económico en este sector a raíz de la pandemia, como programas de apoyo para el transporte de productos agrícolas y créditos financieros. Sin embargo, varias organizaciones campesinas consideran que no es suficiente y piden más ayuda desde el Estado.
4. Apoyo al sistema educativo público, dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y apoyo al sector cultural. No al retorno a las clases presenciales mientras no estén las garantías.
El presidente Duque y la ministra de Educación anunciaron la matrícula cero para el segundo semestre de este año, la cual beneficiará a los alumnos de estrato 1, 2 y 3 que estudien o deseen estudiar en instituciones públicas de educación técnica, tecnológica y universitaria. La medida no resuelve asuntos de fondo, según Andrés Felipe Mora, experto en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, ya que no es claro cómo garantizar la permanencia de los beneficiarios una vez acabe el 2021, ni ayuda a resolver el problema de la desfinanciación de las universidad públicas.
El miércoles 26 de mayo comenzó la vacunación para profesores de instituciones públicas y privadas de educación primaria, secundaria y media. Según el Ministerio de Salud, se espera proteger a 412.586 profesores y administrativos del sector escolar.
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5. Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para garantizar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia.
Otra de las consecuencias graves que trajo consigo la pandemia fue el aumento de la violencia contra las mujeres. Según el Observatorio Colombiano de las Mujeres, en los primeros dos meses de la pandemia, las llamadas a la línea 155, que atiende las denuncias por violencia intrafamiliar, aumentaron cerca del 155%, al pasar de 2.647 en 2019, a 6.733 durante 2020.
La organización feminista Sisma Mujer ha denunciado en reiteradas oportunidades los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que han sido víctimas para acceder a la justicia. También advierte que existen falencias para brindar ayuda psicológica y jurídica a las víctimas.
Una situación similar han vivido las personas LGBTQ. En septiembre del año pasado la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que alertaba el aumento de todo tipo de violencia contra esta población.
6. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol
La última petición tampoco es clara. Exige la derogación de los decretos de emergencia que han sido expedidos a raíz de la pandemia, pero no especifica cuáles. Sobre la privatización del sistema de transporte de hidrocarburos, parece ser una petición directa de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, que critica la privatización de estos sistemas y las supuestas intenciones del Gobierno de vender Ecopetrol.
7. Recursos del Estado para atender las peticiones
La primera sugerencia del Comité fue la emisión de moneda. Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, este debería ser el último recurso y no la primera opción.
La segunda fuente sería el uso de reservas internacionales. Según María del Pilar López, profesora de economía de la Universidad de los Andes, “gastar reservas manda una señal clara de inestabilidad macroeconómica al mercado crediticio”.
La tercera propuesta es la renegociación de la deuda externa que, según Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, es algo que nunca se ha hecho en el país.
La última fuente de recursos es la suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas. Para Reyes, es una medida factible pero no alcanzaría para financiar ni siquiera la renta básica que se propone.
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