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Conversamos con Juan Carlos Quintero, campesino de la región del Catatumbo en Aserrío- Teorama, quien es vicepresidente de la Asociación Nacional de Reserva Campesina (Anzorc), cofundador de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y uno de los voceros departamentales del Comité del Paro en Norte de Santander sobre la situación de la región, el pliego de peticiones y el proceso de diálogo con el gobierno.
Si bien Ascamcat se ha adherido en varios aspectos al pliego de peticiones nacional, ¿cuáles son las peticiones particulares de la organización?
Hay unas deudas viejas del Estado con otras movilizaciones como fue el paro del 2013, el del 2017 y las deudas históricas que tiene en la región. En ese sentido, una de las primeras cosas que hicimos fue unificar el pliego de peticiones del departamento que radicamos el pasado 19 de mayo en la Gobernación de Norte de Santander y que involucra 17 sectores sociales. En ese pliego nosotros estamos exigiendo la necesidad de que se reactive la Mesa de Interlocución y acuerdo (MIA), un escenario que viene funcionando desde el 2009 y que está reconocida en el Decreto 870 del 2014 y que el gobierno actual nunca lo ha querido convocar. Ahí hay unos acuerdos sobre el tema de inversiones que comprometen al Gobierno Nacional y al Departamental.
Nuestra otra gran exigencia es el cumplimiento de la Sentencia T052 de 2017 de la Corte Constitucional que involucra a Ascamcat y al Pueblo Barí, que ha ordenado a la Agencia Nacional de Tierras resolver el conflicto territorial desde los resguardos indígenas y la constitución de la Zona de Reserva Campesina. Ese proceso también ha estado alterado porque el gobierno se ha excusado con el tema del Covid-19 y no lo ha vuelto a convocar. Por ende, exigimos que esa sentencia se cumpla en su integralidad para resolver los derechos campesinos y los derechos indígenas. Los primeros se resuelven constituyendo la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo y los derechos indígenas se resuelven saneando, delimitando y ampliando los resguardos donde haya consensos comunitarios y donde técnicamente así sea determinado.
También proponemos sobre la necesidad de derogar el Decreto 380 que le da vía libre a las fumigaciones con glifosato, seguimos insistiendo en que es necesario que se suspenda esta práctica, también la de erradicaciones manuales forzadas y violentas. Que se cumpla el programa nacional de sustitución (PNIS) en los municipios de Tibú y Sardinata, pero que además se permita que el resto de municipios afectados por la siembra de cultivos ilícitos en Norte de Santander se les dé un tratamiento primordial de sustitución voluntaria.
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Seguimos insistiendo en la urgencia de que se implemente de manera plena e integral el Acuerdo de Paz, sobre todo en el punto uno de reforma rural integral. Necesitamos claridades con presupuestos, vigencias y normatividad en relación a cómo va a ser el fondo de tierras en el Catatumbo, toda la ruta de la formalización de la propiedad en el Catatumbo, cómo se amplía también la participación en los PDET, porque nosotros hemos dicho que el del Gobierno de Iván Duque no es el PDET del acuerdo de paz. Ahí hay una hoja de ruta de la que fuimos excluidos, debe haber una rendición de cuentas amplia y clara de parte del gobierno nacional.
También hay otros temas de inversiones que consideramos significativas, planteando la idea de exigir la pavimentación plena de la vía que comunica La Gabarra con Astilleros, la pavimentación de la vía El Tarra a Tibú, la ampliación de cobertura de electrificación al área rural, sobre todo veredas de Tibú, del área rural de Cúcuta, el Zulia y Sardinata que, a pesar que están tan cerca de las zonas urbanas del departamento, no cuentan con ese servicio básico.
También la construcción de los puentes significativos para el Catatumbo como son el que comunicaría el Aserrío – Teorama, el puente vehicular sobre el Río Catatumbo a la altura de Filogringo, un puente sobre la altura del Río Sardinata que permita comunicar por la vía de las Llanas a las veredas de los municipios de Tibú y El Tarra. Esas obras significativas las planteamos en el marco del paro nacional para que la gente se lleve ideas concretas de lo que se exige. Además, nos sumamos al pliego nacional, sobretodo en tema de garantías dado que el trato a la protesta social ha sido brutal a un mes de movilizaciones.
¿Cuál es el panorama que ustedes leen como organización campesina sobre las necesidades propias del Catatumbo?
El tema de la implementación integral del acuerdo de paz y el tema de la sentencia, pues son dos cosas que atacan de manera estructural la posibilidad de que se mejoren las causas que generan los conflictos en el Catatumbo. De pronto cuando uno da las explicaciones puede sonar en abstracto, pero recuerde que la causa principal del conflicto en Colombia es la tierra y el Catatumbo no está exento de eso.
El gobierno se comprometió con entregar tres millones de hectáreas de tierra para darle a quienes no tienen o a quienes tienen poca. Entonces nosotros decimos, ¿de dónde van a salir esas tierras y cómo van a beneficiar a los campesinos catatumberos?
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El PDET se supone es el instrumento para transformar los territorios más golpeados por la violencia, pero este PDET se volvió una lista de mercados de obras de infraestructura que no recogen las demandas que ha tenido históricamente el Catatumbo.
El tema de las Zonas de Reserva Campesina incluye la urgencia de darle carácter de economía campesina a gran parte del territorio de la zona del Catatumbo. Todos estos temas que el gobierno conoce son los que se están abordando en el marco del paro nacional.
¿Cuáles son los acuerdos a los que se puede llegar para una sustitución efectiva de los cultivos ilícitos que les brinde garantías y oportunidades a los campesinos del Catatumbo?
Nosotros creemos en la arquitectura que está en el punto cuatro del Acuerdo de Paz, lo que pasa es que el gobierno simuló a nombre del Acuerdo que estaba impulsando el PNIS y generó una sensación de fracaso. Pero en ese punto cuatro se abordan tres grandes cosas para enfrentar el narcotráfico: el primero es el programa nacional de sustitución que vincula a las comunidades que vivimos de los cultivos de coca. Esos programas nacionales e integrales son los que hizo fracasar el gobierno de Iván Duque y de los que no quiere saber nada. Está planteado que en Colombia no ha sido posible la sustitución porque los grupos armados matan a los líderes que llevamos adelante estos procesos en las comunidades, a quien le corresponde combatir a esos grupos es al Estado, que no lo ha hecho en estos años y por el contrario lo que han hecho es fortalecerse.
El tercer aspecto del punto cuatro es cómo se trata a quienes consumen, no desde el punto de vista punitivo sino desde la salud pública. Si esas tres cosas no van al compás ninguna estrategia de sustitución va a ser posible. Pero a eso se le suma que no pueden dejar que solo el PNIS haga eso, o lo articulan con el PDET y la Reforma Rural Integral, sino nos pasa lo de la canción de Escalona: la casa en el aire. Si la sustitución solo se queda en planteamientos asistencialistas y no se resuelve la tenencia de tierras en Colombia es como tirar billetes a un abismo, eso no sirve para nada.
¿Cuáles son los principales acuerdos a los que se ha llegado en el ejercicio político del Cabildo Abierto?
Lo más difícil era consolidar un pliego a nivel nacional y a nivel departamental. Hay una variedad de solicitudes que tienen intereses en cada uno de los sectores pero que hemos logrado unificar. En ese sentido hemos acordado a través del Comité Departamental de Paro 17 mesas de negociación, una por cada sector, y nos dieron vía libre para arrancar por el tema de las acciones de bloqueo. En esa mesa estuvo el doctor Archila, le propusimos avanzar en unos mínimos como la priorización de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Catatumbo y que haga un anuncio público que suspende las erradicaciones forzadas y las fumigaciones. A cambio de ese anuncio nosotros distensionamos la vía todos los días desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. sin importar el tipo de transporte de carga que se realice. Desafortunadamente, hasta anoche estuvimos en intercambios y el gobierno no quiere negociar nada. Quieren apostarle al desgaste del paro a través de la dilatación de la negociación y la represión hasta disminuir los aliados del paro.
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez trinó en sus redes sociales estigmatizando la protesta social en el Catatumbo y a las organizaciones que la convocan. ¿Cuáles son las consecuencias de esto dentro del territorio?
Los anuncios del expresidente en Twitter se han convertido en órdenes para la fuerza pública y lo que desarrolla en el terreno. Esa cuenta, se ha demostrado en otras ocasiones, incide a la violencia y quiere provocar la sensación de caos en el país apostándole al recaudamiento de votos de cara a las elecciones del 2022. En ese análisis es que el movimiento popular tiene que hilar fino para tomar decisiones sobre el paro nacional.
¿Cuáles son las rutas posibles para las organizaciones de cara al paro nacional frente a la negativa de diálogo?
Hasta hoy, la decisión en el caso de nosotros como organización, es mantenernos en el paro nacional. Tenemos encuentros con el sector de mineros y pequeños empresarios para oxigenarlos económicamente y que eso no revierta la importancia de la movilización. El lunes 31 de mayo acompañamos la movilización liderada por el pueblo Barí, que se da en el marco de que junto a Ascamcat estamos situados en el Tribunal Superior de Cúcuta para verificar el cumplimiento de la sentencia de la que conversamos anteriormente.
Uno de los puntos particulares del pliego del Catatumbo es la reapertura de la frontera ¿Cómo esto puede mejorar las condiciones de los y las catatumberas?
La reapertura de la frontera hace parte de uno de los puntos nodales del pliego departamental. Hemos solicitado la necesidad de que se reaperture la frontera para lograr la estabilización social y económica en el departamento de Norte de Santander. Recordemos que nosotros somos la ciudad con más desempleo en el país después de Quibdó, en el Chocó. Esa situación se profundiza con el cierre de la frontera y los conflictos diplomáticos. Tradicionalmente hubo una dinámica de hermandad entre los dos pueblos y, segundo, una dinámica de comercio que ha permitido hacer alianzas tácticas con los empresarios. Al parecer en este sentido hay unos avances y se está anunciando que para el 1 de junio se reabrirá la frontera con Venezuela. Si esto se concreta será una victoria de los nortesantandereanos que hemos estado en las carreteras movilizados desde hace un mes.