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Uno de los más recientes fallos del Tribunal Superior de Cundinamarca marcó un precedente trascendental en materia de cómo se van a juzgar de ahora en adelante los falsos positivos, que, en palabras de esa corte, son delitos de lesa humanidad. La sentencia hace referencia al caso de Faír Leonardo Porras Bernal, uno de los 11 jóvenes de Soacha (Cundinamarca) que terminaron enterrados en fosas comunes en Ocaña (Norte de Santander), después de ser acribillados por miembros de la Brigada 15 Móvil del Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate.
La madre del joven, Luz Marina Bernal, una de las fundadoras de la organización Madres de Soacha, manifestó que aún siente dolor y que quedan muchas batallas por ganar, pero que se reconociera que en el interior del Ejército existía un grupo criminal y que se tipificara el caso de su hijo como delito de lesa humanidad lo califica de histórico. Asimismo agregó que todos los casos de ejecuciones extrajudiciales deben ser tratados como lo hizo el Tribunal Superior de Cundinamarca, que además admitió que en el caso de los jóvenes de Soacha sí se dieron los delitos de concierto para delinquir (un plan para hacer daño) y desaparición forzada.
“Lo que sucedió aquí ha sido muy importante. El reconocimiento de delito de lesa humanidad debe ser un punto de partida para que haya justicia en los otros expedientes, porque en el de mi hijo la hubo. Los procesos van a paso lento, pero todo es culpa de las dilaciones de los abogados defensores de los militares. Todos estos casos son crímenes de lesa humanidad, porque los muchachos fueron engañados con un supuesto trabajo que jamás fue real y, además, a muchos de ellos los torturaron, doblegaron y se los llevaron a las malas”, señaló Bernal.
La historia de Faír Leonardo es aberrante. Un accidente de tránsito, ocurrido cuando su madre tenía cinco meses de embarazo, le provocó severas lesiones en el cerebro. El niño nació prematuro y a los tres meses le diagnosticaron una meningitis que lo mantuvo en estado vegetal durante ocho meses. Tanto el accidente como la enfermedad dejaron secuelas irreparables y una discapacidad mental por la cual, a pesar de los 26 años que tenía cuando desapareció, pensaba como un niño de 9. El 8 de enero de 2008, día en que su madre indica que desapareció, fue su hermano mayor, John Smith, quien lo abrazó y vio por última vez, ya que Faír Leonardo supuestamente se iba a colaborarle a algún vecino como acostumbraba.
“Fuimos tres veces a la Fiscalía de Soacha. A las 72 horas, al mes y a los ocho meses. En todas las diligencias que hicimos para encontrarlo nos decían que lo más probable es que estuviera con una novia y que no quería volver con nosotros”, cuenta Luz Marina Bernal. La espera de la familia Porras Bernal terminó el 16 de septiembre de 2008, cuando el cuerpo de Faír Leonardo fue hallado en una fosa común de Ocaña en la que estaban enterrados unos supuestos guerrilleros muertos en combate. Sólo las denuncias del personero de Soacha y la presión de los medios permitieron que se abriera una investigación para conocer la verdad de los hechos y esclarecer por qué al joven le habían disparado en 13 oportunidades.
Las irregularidades cometidas por la Fuerza Pública empezaron a conocerse tan pronto la Fiscalía inició el proceso. El Ejército había manifestado que el joven, a pesar de su discapacidad mental, era jefe de una facción guerrillera y que cuando fue encontrado muerto tenía un arma en la mano derecha. Grave error: Faír Leonardo era zurdo por sus limitaciones motrices. “Los hechos fueron ejecutados como respuesta a todo un plan diseñado previamente. Ubicaban jóvenes de sectores humildes para ser ultimados y reportados como muertos en combate, y así presentar éxitos operacionales, hechos que sucedían como una cadena sistemática de acciones para llevar a cabo el fin de la empresa criminal”, argumentó el tribunal para tipificar como delito de lesa humanidad el crimen de Faír Leonardo.
La decisión de la corporación rechazó todo lo que había dicho el juzgado de primera instancia, aumentó las penas de 35 a 55 años de prisión y condenó al mayor Marco Wilson Quijano, el teniente Diego Aldaír Vargas, el cabo Carlos Manuel González y los soldados Richard Contreras Aguilar, Carlos Antonio Zapata Roldán y Ricardo Corzo por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, de los cuales habían sido absueltos en primera instancia. Fueron 13 meses los que tuvo que esperar Luz Marina Bernal para que el 30 de julio de este año se hiciera justicia en el caso de su hijo. Ahora sólo queda esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en caso de que ese alto tribunal acepte la demanda de casación interpuesta por los militares.