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Ser mujer en el Catatumbo es un acto de resistencia. Así lo afirma la Red de Mujeres de esa subregión nortesantandereana, que lleva 27 años en la labor de visibilizar las voces de las comunidades víctimas del conflicto armado. En lo que va de 2022, al menos siete mujeres han sido amenazadas en Tibú, uno de los municipios de la subregión. Según el Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, ese territorio es el segundo con mayor número de violencias basadas en género (VBG) del departamento, con un 6,3 % del total de casos.
“Las mujeres en Tibú sienten angustia y miedo porque no existe un lugar seguro para ellas, ya sea en el espacio público, debido a los múltiples enfrentamientos que hay entre los grupos armados; o en sus casas, por terror a ser interceptadas o asesinadas”, cuenta Adriana Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género.
Las cifras corroboran sus afirmaciones. En 2021 ocurrieron 14 feminicidios en el Catatumbo, entre ellos el de la fiscal Esperanza Navas, quien vivía a pocas cuadras de la sede de la Fiscalía en Tibú, y dejó a dos hijas: una en Bucaramanga y la otra en Canadá. Aún no se ha esclarecido la autoría de este crimen.
En ese contexto, según el alcalde (e) de Tibú, Nelson Leal, el municipio resultó golpeado por una oleada de feminicidios, y aunque en lo que va del 2022 no se ha reportado el primer caso de manera oficial, las alarmas están prendidas: varias mujeres, entre ellas lideresas sociales, han recibido amenazas de manera sistemática a través de panfletos o mensajes vía WhatsApp. “La Personería ha estado pendiente. También, a través de los líderes que se encuentran en las zonas hemos investigado si los casos son verdaderos o falsos. Pero no solo las mujeres han tenido problemas, sino también los niños. A mi hijo, por ejemplo, también lo amenazaron”, dice Leal.
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Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio, la mayoría de las víctimas de amenazas son mujeres, y es un común denominador que aquellas que sufrieron otro tipo de VBG no denuncien ante las autoridades o instituciones correspondientes. Además, también se reportó que muchas de ellas han cerrado sus redes sociales por miedo a las amenazas que reciben. “Muerte a esas sapas”, son algunas de las frases con las que son amedrentadas.
Ahora, las VBG no ocurren solo en Tibú sino en otros territorios del Catatumbo e incluso del Norte de Santander, con Cúcuta como el epicentro de mujeres que se desplazan forzadamente tras ser amenazadas, que fueron 36 durante 2021 según el Observatorio.
Pero ¿qué pasa entonces si no se denuncia? El alcalde (e) Leal declara que la falta de institucionalidad ha hecho que los problemas no se eleven al Estado, sino que se resuelvan a través de los grupos armados. “A veces se sienten más protegidos por los grupos ilegales que por la misma institucionalidad, por eso tenemos gestores de paz que hacen presencia en los territorios para que las personas conozcan las rutas”.
Por la misma línea, la Red afirma que algunos homicidios contra mujeres no se reconocen como feminicidios. “En últimas, los que reportan la acción son los funcionarios de la Fiscalía. Muchas veces los casos no se tipifican, entonces, aunque los feminicidios suceden, no se contabilizan como tales. Hoy en día hay feminicidios sin respuesta, más que todo en Ocaña y El Tarra. Tipos que están prófugos y que, a pesar de que la justicia los identificó, dejó que se escaparan”.
Según la Red, muchos funcionarios carecen de los conceptos que reconoce la Ley 1257 de 2008, cuyo objetivo es adoptar normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.
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Lideresas amenazadas
Durante 2021, según el Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, hubo 54 amenazas a mujeres en el Catatumbo. Según la Red de Mujeres de esa subregión, la cifra para este año se ha mantenido en varios de los municipios que la conforman, con las lideresas sociales como principales afectadas.
“Nosotras estamos protegidas por un esquema de protección de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), porque hacemos parte de uno de los casos que se están esclareciendo, pero esta protección no es general: hay unas mujeres que viven en la ruralidad y no tienen las mismas garantías. Además, en el Catatumbo está muy claro que no pueden ingresar carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP). ¿De qué otra forma una mujer lideresa en la ruralidad se traslada si no hay garantías?”, dice la Red.
El alcalde Leal acepta que, antes de su llegada, había muchas políticas públicas que no se estaban cumpliendo, entre esas la equidad de género. “Hemos trabajado con los concejos municipales de paz, las Naciones Unidas, y la Diócesis de Tibú. No solamente han sido feminicidios y desplazamientos a través de panfletos, sino también a comerciantes”, cuenta Nelson Leal, alcalde (e) de Tibú.
Sin embargo, la Red de Mujeres afirma que “no existen comités en los municipios, y a nivel departamental ni siquiera suenan las mesas consultivas de género. Eso quiere decir que hay una ausencia total de política pública, donde nosotras terminamos siendo fortines políticos. Actualmente hay lideresas amenazadas en múltiples municipios de la región del Catatumbo”.
Por eso, la Red está exigiendo un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas —más conocido como Cerrem— para atender las necesidades específicas de las mujeres en el marco de la Ruta de Protección del programa de la UNP, y así evaluar las garantías para las lideresas en el Norte de Santander.
“Los 40 alcaldes del departamento están en mora de construir políticas basadas en género, haciendo un diagnóstico situacional real de la violencia que viven las mujeres. Por nuestra parte, desde Madres del Catatumbo y Mujeres del Catatumbo hemos dicho que aquí estamos y aquí nos quedamos”, concluye la Red.
