El claroscuro de la protesta estudiantil en Medellín

La trágica muerte de la universitaria Stefany Orrego Bedoya, en Medellín, tras manipular explosivos, trae a la memoria la pérdida fatal de otros cuatro estudiantes a quienes les explotaron en sus manos artefactos similares: en 2005, Paula Ospina y Magaly Betancur, y en 2019, Julián Orrego. Algo similar ocurrió en 2002 con el caso de Juan Esteban Saldarriaga, solo que él murió por el impacto de una papa bomba que iba dirigida a la Fuerza Pública.

La trágica muerte de la universitaria Stefany Orrego Bedoya, en Medellín, tras manipular explosivos, trae a la memoria la pérdida fatal de otros cuatro estudiantes a quienes les explotaron en sus manos artefactos similares: en 2005, Paula Ospina y Magaly Betancur, y en 2019, Julián Orrego. Algo similar ocurrió en 2002 con el caso de Juan Esteban Saldarriaga, solo que él murió por el impacto de una papa bomba que iba dirigida a la Fuerza Pública.

Stefany Orrego Bedoya perdió la vida en la noche del pasado 8 de junio en Medellín. Junto a ella se encontraban tres estudiantes que resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Pablo Tobón Uribe. La detonación sucedió en el interior de una casa del barrio El Chagualo, a pocas cuadras de la Universidad de Antioquia (UdeA), en el norte de la capital de Antioquia.

El hecho se registró durante el día del Estudiante Caído, que se conmemora el 8 y 9 de junio en memoria de integrantes de la comunidad académica que han fallecido en todo el país. Stefany era estudiante de química de la Universidad de Antioquia y tenía otros talentos como la pintura y la danza. Incluso, vendía algunas de sus obras en óleo a través de las redes sociales y bailaba con frecuencia en la academia Diamonds Academy, en el municipio de Bello.

Tras la noticia de su muerte, en el campus de la UdeA aún hay carteles con su nombre en los cuales se lee: “No te olvidaremos” y “Hasta que la lucha sea digna”.

Cuando las autoridades registraron la vivienda donde ocurrió la explosión hallaron pólvora carbonatada y otros productos químicos para la creación de explosivos artesanales. Ya hay cuatro personas investigadas, entre ellas los tres estudiantes que resultaron heridos y una mujer de 29 años que fue capturada.

“Muy seguramente estos elementos estaban siendo preparados para la actividad de protesta social y termina con este desenlace por la actuación irresponsable de estos jóvenes manipulando artefactos explosivos”, dijo el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Rolfy Jiménez.

Desde 2012, Colombia ha presenciado un fuerte auge de la movilización pública. Entre los sectores protestantes se encuentran los estudiantes que salen a las calles, en su mayoría de manera pacífica, para respaldar las causas que consideran justas. Por eso, según Sandra*, docente de la UdeA, situaciones como las de Stefany son instrumentalizadas para estigmatizar al movimiento estudiantil. Llaman “vándalos, guerrilleros, comunistas y vagos” a quienes lo conforman, pero la solución, afirma la profesora, “no debe ser la estigmatización, sino el reconocimiento de que sus expresiones son las de unos jóvenes que desean un cambio en Colombia”.

Sin embargo, no puede ocultarse que la otra cara de estas manifestaciones son aquellos integrantes de la comunidad educativa que usan las acciones violentas como forma de protesta. ¿Es o no una forma adecuada para levantar la voz? Intentar responder a esa pregunta resulta complicado, incluso para quienes han investigado el tema durante años, pero una serie de hechos históricos pueden intentar darle contexto al asunto que genera múltiples opiniones entre estudiantes, docentes, directivas y demás sectores de la ciudadanía.

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¿Qué ha pasado en la UdeA?

El proyecto Hacemos Memoria tiene una línea de tiempo titulada “50 años de violencia y resistencia” en la Universidad de Antioquia, en alianza con la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Instituto de Estudios Políticos. Es una recopilación de 300 hechos de violencia y acciones de resistencia que ocurrieron en la UdeA entre 1968 y 2018.

Anteriormente, la UdeA no tenía muros que la separaran del resto de Medellín: los edificios de sus facultades estaban divididos entre el centro y otros barrios, hasta que en 1968 se inauguró la ciudadela y se levantaron las vallas que hoy en día permanecen. “Cuando se empieza a hacer la reconstrucción, se comprende que alrededor de la universidad han girado dinámicas de protesta social por parte del movimiento estudiantil, entre ellas las acciones violentas que se caracterizan por la represión o la fuerza excesiva contra los movimientos sociales, y que suceden dentro o fuera del campus universitario, como el uso de petardos y explosivos que tienen un alto impacto”, dice Yhoban Hernández, periodista e investigador de Hacemos Memoria.

La Fuerza Pública y algunos grupos de encapuchados han sido responsables de esas acciones en diferente medida: los primeros pertenecen al Estado, tienen un armamento determinado y unas leyes que los cobijan, y los segundos justifican el uso de la capucha, junto con explosivos y demás acciones, bajo la consigna de que “no hay garantías para la manifestación pacífica”.

“Estos enfrentamientos son asimétricos. Hay casos selectivos de agentes que han actuado de forma ilícita con el uso inadecuado de armas de menor letalidad, la mutilación ocular, fracturas en el cráneo y rostro, golpizas e incluso torturas. Por eso resulta más exigible el uso ponderado de la fuerza hacia quienes representan al Estado. Sin embargo, los grupos clandestinos utilizan unos mecanismos sumamente peligrosos. Quienes además de la capucha acuden a otros mecanismos violentos son personas que actúan desde el temor a sufrir represalias por participar públicamente o por defender banderas y reivindicaciones que han sido perseguidas, pero paradójicamente se exponen con mecanismos que también los ponen en grave riesgo”, afirma Leyder Perdomo, docente de la UdeA e integrante del Instituto de Estudios Políticos.

Para Sandra, el argumento de que no hay garantías para la manifestación pacífica era diferente hace años, según las diversas coyunturas por las que ha atravesado el país. “Hoy en día no sé si sea igual. Hay un proceso de paz, un clamor por la justicia a los asesinatos de los líderes sociales, y otros movimientos que exigen garantías para sus derechos. Es paradójico que durante el Día del Estudiante Caído, que conmemora las luchas estudiantiles y hace homenaje a las vidas perdidas, se pierdan otras por causas que uno puede decir que son históricas. ¿Qué tanto nivel de autocrítica tienen los estudiantes sobre el uso de estos explosivos? ¿Cuántas más Stefany, Paula o Magaly necesitamos?”.

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¿Qué estaba pasando el 8 de junio?

El 8 de junio de 1973, en medio de una manifestación en la calle Barranquilla, Fernando de Jesús Barrientos fue herido por la Fuerza Pública con una bala que le perforó el pulmón y le costó la vida. Por eso, la plazoleta que da a la misma calle donde Fernando fue asesinado lleva su apellido. Allí, después de lo que ocurrió con Stefany Orrego, el pasado 8 de junio, se hicieron actos en su nombre: varias sillas vacías que representaban a cada compañero perdido y un afiche que decía: “Stefany vive en el fragor de la lucha”.

“Hay acompañamientos de varios tipos: desde lo cultural y la memoria, pero también desde el uso de la violencia, la confrontación y el uso de artefactos explosivos. Durante el 8 de junio en la universidad hubo situaciones de tensión, pero realmente el ambiente está tenso desde que entramos a las clases luego de la pandemia. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de estos jóvenes que manipularon artefactos? ¿Se justifica todavía el uso de estos repertorios de violencia?”, dice Yhobán como reflexión personal.

Por la misma línea, Sandra menciona que “somos muy dados a echar culpas como sociedad, pero no hablaría de culpas, sino de responsabilidades, y ella no cae solamente en estos cuatro chicos o en los colectivos de los estudiantes que reivindican el tropel. Siento que hay responsabilidades colectivas que tenemos que pensarnos. Creo que los chicos que estaban manipulando estos explosivos tienen responsabilidades, y también los colectivos que la reivindican. Pero la responsabilidad está en la comunidad universitaria”.

Por ejemplo, hace dos semanas se divulgó un video de una moto de la Policía siendo quemada en la plazoleta Barrientos. “Yo veía esas imágenes y me preocupaba. Ahí hay un asunto de cuál es la responsabilidad de quienes, en medio del tropel, celebran la violencia. Como profesores y como directivos debemos hacernos preguntas como: ¿qué reflexiones estamos generando para dar respuesta a la pregunta de hasta cuándo la lucha nos costará la vida? ¿Qué tantas respuestas se están brindando para los estudiantes que regresaron tras la pandemia? Tenemos que escuchar, los docentes y directivas tienen que aportar y el silencio no ayuda. Nos debemos una conversación muy difícil, que hemos eludido en muchos momentos, pero que es necesaria”, dice Sandra.

Por ahora hay familias en vilo como consecuencia de la explosión del pasado 8 de junio: la que vela a Stefany Orrego Bedoya y las que esperan el proceso penal para los tres estudiantes heridos.

Por su parte, la Diamonds Academy, donde Stefany Orrego bailaba, presentará un musical el 2 y 3 de julio, en la Casa de la Cultura de Bello, donde le rendirán homenaje.

* Nombre modificado por petición de la fuente.