Las disputas entre la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo, por el control del territorio en Chocó, provocaron en septiembre del año pasado el desplazamiento de alrededor 1.200 integrantes de la comunidad Isla de Cruz, en El Salado, quienes tuvieron que desplazarse a Istmina. En esta zona viven afrodescendientes, wounaáns, emberas y mestizos, que pasaron de ser receptoras de las víctimas del conflicto en el medio San Juan y Bajo Baudó a sumarse a la fila de desplazados que dejó 2021.
La lista es larga. Por un lado, la Defensoría del Pueblo reportó 160 eventos de desplazamiento forzado generados por los grupos armados ilegales el año pasado, 74 % más que los reportados en 2020, mientras que la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) indica un incremento del 57 % en los casos registrados, así como la salida de 73.900 personas (181 % más que en 2020), de las cuales 31.400 son afrodescendientes (42 %), 11.200 indígenas (15 %), 13.000 niños y niñas (18 %) y 280 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
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Y si bien el 32 % de las emergencias se dieron, como en El Salado, por enfrentamientos y hostigamientos, también se destacan casos en los que las amenazas fueron directas a través de llamadas telefónicas, panfletos y mensajes, así como revictimizaciones de personas que ya habían sido previamente desplazadas, en especial resguardos indígenas y consejos comunitarios, y que siguen desplazándose por las mismas causas.
Entre lo más grave que destaca Ocha es que de las 73.900 personas desplazadas forzadamente, solo 11.700 retornaron a su territorio, mientras que el resto sigue en lugares de acogida, muchos de los cuales no tienen los recursos para brindar la atención humanitaria, por lo que persisten vulnerabilidades en “el acceso a alojamientos temporales, alimentos, servicios de salud, educación y agua”, señala el informe “Impacto y tendencias humanitarias entre enero y diciembre de 2021.
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En cuanto a la afectación territorial, se evidencia que el 75 % de los casos de desplazamiento masivo y confinamiento se concentran en Chocó (Alto y Bajo Baudó, Nuquí, Bagadó y Bojayá), Cauca (Argelia y El Tambo), Valle del Cauca (Buenaventura) y en Nariño (Roberto Payán, Tumaco, Santa Bárbara de Iscuandé, entre otros).
Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en los últimos años se ha evidenciado un aumento del desplazamiento en el país, pero en unas dimensiones muy diferentes a las que se presentaban antes de la firma del Acuerdo de Paz, no solo por la cantidad de personas, sino por las razones que hay detrás de su salida.
“Antes el desplazamiento era un instrumento del conflicto para amedrentar, pero hoy es diferente porque es más por la necesidad de someter a las organizaciones comunitarias y obligarlas a que se plieguen a una de las organizaciones armadas en territorio, por eso ahora los desplazamientos están en lugares en los que hay disputas entre grupos armados y no donde, por ejemplo, hay una disputa entre el Eln y el Ejército”.
Por su parte, Juan Pappier, investigador de Human Rigths Warch (HRW), ha señalado que el Gobierno no ha cumplido su responsabilidad de enfrentar la violencia de los grupos que se configurarían tras la desmovilización de las Farc. “Hay dinámicas regionales en el país. No es lo mismo lo que pasa en Nariño, lo que pasa en Arauca o lo que pasa en Cauca, pero lo que sí vemos a escala nacional son tres grandes factores que explican el aumento de la violencia: por un lado la política de seguridad del gobierno de Duque que no está dando resultados, que logra atrapar a los cabecillas, pero que no mejora la seguridad en los territorios; una implementación dispareja de un Acuerdo de Paz y, por último, la pandemia que ha hecho que algunos funcionarios abandonen las regiones y los que se quedaron para expandir su control fueron los actores armados”, dijo Pappier en una transmisión en vivo con El Espectador.
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Confinamientos
Hay otras problemáticas visibles, como es el caso de los confinamientos. Según Ocha, “más de 85.700 personas han sufrido fuertes restricciones a la movilidad y/o al acceso de bienes y servicios a través de la imposición de toques de queda y códigos de conducta por parte de los grupos armados no estatales”, la mayoría de los cuales se dieron por amenazas directas a la población, principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes (85,5 %), puntualmente en Nariño y otras zonas del sur del Pacífico, siendo mayo el mes en el que se desencadenaron las protestas, en las que más episodios se registraron.
Entre estos se destacan casos como los de Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí, en Chocó, donde según la Defensoría, a lo largo del año se reportaron disputas territoriales armadas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Esto no solo se ha visto materializado en el desplazamiento y confinamiento forzado, sino en amenazas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la reactivación de los cultivos ilícitos, los combates en medio de procesos de erradicación y control de la minería ilegal, y las agresiones y asesinatos a líderes sociales tal y como lo describe la Alerta temprana 027 de 2021, sobre la situación en Nóvita y Condoto (Chocó).
Tanto la Ocha como Jorge Restrepo señalan que en este caso hay un agravante, que es el subregistro por la naturalización de estas acciones de los grupos armados y la falta de acompañamiento de organizaciones estatales como externas. “No hay un dispositivo para proteger del desplazamiento o el confinamiento. Si se le pregunta a algún comandante de fuerza qué puede hacer, va a decir que nada, porque no tienen planes ni acciones dirigidas a proteger a las comunidades de esas disputas y no tienen tampoco la confianza y cómo construirla con la población. En el pasado había unos planes de acción integral, que primero los diseñó la Armada y después los copió el Ejército e involucraron a la Policía desde el Ministerio de Defensa, con el objetivo de construir confianza y desarrollo. Tiene que haber una manera diferente de operar a nivel territorial. Si la Fuerza Pública sigue seleccionando uno de los grupos en disputa para enfrentarlo, nunca no va a poder intervenir lugares como Chocó, Risaralda, el Bajo Cauca, Nariño o el Catatumbo”.
La cuestión es que la tensión persiste. A finales de 2021 se presentaron confinamientos masivos en el Bajo Baudó, a partir de enfrentamientos entre el Eln y las AGC, que han ido avanzando hasta el Bajo Calima, en Buenaventura. “Se tomaron parte de las veredas y comenzaron a regular a la comunidad y le restringen la movilidad por el río y los caceríos, y el primer hecho que vimos es que asesinan a un par de jóvenes que iban en una embarcación por el río, pero hay varias disputas territoriales que se pueden unir. Por el sur, el grupo Jaime Martínez de las disidencias asesinaron a siete jóvenes a comienzos de este año”, indicó Dennis Huffington, investigador de Pares en el Pacífico.
A esto se le suman los desplazamientos masivos registrados en Arauca por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias y los confinamientos y asesinatos que han sido alertados por la Defensoría en Putumayo.