El desplazamiento forzado se ha agudizado en Arauca: Defensoría

En la zona fronteriza se presentan enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En lo que va corrido del año, se han registrado 17 desplazamientos masivos en el país, la mayoría de los cuales han sido en la zona fronteriza con Venezuela, en particular, en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde se han concentrado los más recientes hechos de violencia, según alerta la Defensoría del Pueblo.

La entidad tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento, de más de mil personas de diferentes zonas rurales de estos municipios, que salieron obligadas, así como ha seguido de cerca el desplazamiento de indígenas en zona fronteriza que han llegado a Puerto Carreño, ante las difíciles condiciones de seguridad.

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“Los enfrentamientos entre grupos ilegales, sobre todo entre Eln y disidencias de las Farc, son la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el mes de enero y que afectaron a 4.408 personas”, explicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo. El corredor de los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander fue donde se presentaron más casos por estas causas.

Además de esto, la Defensoría destacó la situación que también se presenta en el departamento del Chocó, donde se registraron cuatro desplazamientos masivos en enero. Estos afectaron a más de 400 familias en la región del Medio Atrato y Bajo San Juan.

“Es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas directas o caer en la violencia que están generando los grupos armados ilegales; en nuestro acompañamiento permanente encontramos en estas comunidades, la gran mayoría de sectores vulnerables, hambre, abandono y miedo”, afirmó Carlos Camargo.

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El pasado 1 de febrero, se reportó el desplazamiento masivo de 16 familias desde Buenaventura, Valle del Cauca. Esta comunidad hace parte de otras seis que habitan entre los ríos San Juan y Calima, y que han sido víctimas de los mismos hechos entre noviembre del 2021 y enero del 2022. Cinco de ellas pertenecían al Consejo Comunitario del Bajo Calima.

“Somos un corredor estratégico para el narcotráfico, pero es un territorio donde hay visionados megaproyectos, sobre todo concesiones ambientales. Las comunidades indígenas y negras vamos a oponernos a esos ejercicios”, explicó Diego Fernando Portocarrero, del Concejo Comunitario del Bajo Calima.