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Mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que murieron ocho policías en diferentes municipios del departamento de Antioquia, en lo que va corrido de este mes, las comunidades del nordeste antioqueño, Bajo Cauca y sur de Bolívar aseguran que “nos encontramos ante una situación de alto riesgo, a causa de los enfrentamientos que vienen ocurriendo entre los diferentes grupos armados legales e ilegales que operan en la región”.
El accionar de los grupos ilegales estaría afectando con mayor intensidad la zona oriental del municipio de Remedios, más precisamente el corregimiento de Carrizal -compuesto por 13 veredas-. También se incluyen veredas del municipio de Segovia, colindantes con estas.
Así lo hacen saber en un documento inédito denominado “Alerta temprana número 1”, del 17 de julio de 2022, suscrita por lo menos por 33 pobladores que se sienten asediados por las balas y amenazas de grupos armados al margen de la ley asentados en esa región.
Afirman que quienes están en mayor riesgo son hombres y mujeres entre 25 y 64 años, especialmente los que ejercen actividades de liderazgo social en el territorio, entre ellos dignatarios o líderes de las Juntas de Acción Comunal, miembros de organizaciones sociales y las personas (y sus familias) que vienen adelantando proceso de reincorporación y son excombatientes de las Farc-Ep, domiciliados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Juan Carlos Castañeda”, ubicado en el corregimiento de Carrizal.
Denuncian, además, y que “se observan riesgos para los jóvenes entre los 15 y 24 años, pues existe interés de parte de los grupos armados organizados al margen de la ley de reclutarlos e instrumentalizarlos para el logro de sus objetivos”.
Entre los hechos expuestos mencionan que desde hace varios meses denunciaron la grave situación en el sur de Bolívar, a raíz de la confrontación entre un sector del Eln y las disidencias de las Farc-Ep, “la cual ha generado más de una decena de muertes, así como en el Bajo Cauca. Esta situación motivó la realización del “Llamamiento humanitario” del 18 de julio de 2021, que además se hizo llegar a la Defensoría del Pueblo municipal, departamental y nacional, por parte de las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, en el que entre otras manifestaciones suplicaban a los grupos armados respeto a sus derechos y se invitaba al diálogo como mejor mecanismo para resolver diferencias”.
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Y consideran que otra encrucijada es la amenaza de los paramilitares que siguen llegando desde el Nudo de Paramillo a las zonas del Bajo Cauca, y desde allí se desplazan al nordeste antioqueño y sur de Bolívar. “Es esta dinámica de reposicionamiento de los paramilitares del llamado Clan del Golfo la que llevó a la ocupación en los últimos meses del caserío de Puerto López y de las veredas aledañas, haciendo presencia con importante número de efectivos uniformados con armas largas y cortas”, aseveran.
También se refirieron a enfrentamientos armados entre la guerrilla del Eln y disidencias de las Farc en contra del Clan del Golfo, entre el 5 y 7 de julio, lo que provocó el desplazamiento de los habitantes de algunas veredas.
Finalmente, denunciaron que durante los enfrentamientos mencionados desaparecieron dos ciudadanos ecuatorianos que se desplazaban por la vía que conduce de la vereda El Puná hacia Remedios.
En respuesta a los hechos e inquietudes de la comunidad, la Personería de Remedios señaló que “la preocupación de la comunidad está basada en desinformación sustentada en la actividad minera que se realiza en la zona (...) más que una posible acción que se realiza en su contra, temían que el Ejército llegara a hacer operativos en contra de sus actividades de subsistencia”, al tiempo que estuvo de acuerdo con las preocupaciones sobre la calidad de vida de los habitantes de la zona debido al abandono estatal.
Peticiones
Entre otras peticiones los firmantes piden la intervención y presencia integral del Estado y de órganos internacionales para garantizar los derechos de los pobladores del corregimiento de Carrizal y veredas aledañas; implementar los Acuerdos de Paz para la región del nordeste antioqueño; investigar a funcionarios de las alcaldías y de la fuerza pública por la posible omisión en combatir a los grupos paramilitares; y le piden acompañamiento a las comunidades nacional e internacional en el seguimiento y monitoreo permanente a la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan las comunidades de la región.