El retorno a clases presenciales no debe posponerse: Procuraduría
El ente de control llamó a alcaldes y gobernadores a que garanticen el retorno seguro y efectivo de las y los niños, adolescentes y jóvenes a las instituciones educativas.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) le pidió a los alcaldes y gobernadores del país que fortalecieran las medidas de bioseguridad en los colegios, para acelerar el regreso a las aulas.
El retorno a los colegios no debe postergarse por las consecuencias negativas que se generan en más de 10 millones de niños y niñas inscritos en el sistema escolar, advirtió la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la entidad, Viviana Mora Verbel.
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El ente de control le envió una carta a los mandatarios para que le dieran prioridad a garantizar el derecho a la educación de los menores, especialmente para quienes no tienen los recursos necesarios para la virtualidad.
“Garantizar el retorno seguro a la presencialidad de las instituciones educativas y en los servicios de primera infancia del ICBF es una prioridad nacional y plantea para toda la institucionalidad del país en los tres niveles de gobierno”, indicó la Procuraduría en la carta que le envió a los mandatarios locales y departamentales.
También en el documento se refería a la necesidad de que se revisara la situación actual de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes del país, “y de los retos que demanda lograr su efectividad en cada territorio”.
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Antes de esta solicitud de la Procuraduría, en julio de este año (luego de las vacaciones) hubo una “lluvia de tutelas” en distintos lugares del país para evitar que las clases presenciales regresen.
La mayoría de estas acciones judiciales fuero interpuestas por asociaciones de educadores y en algunos lugares de los municipios de Santander, Huila y Cauca. En varias ocasiones consiguieron frenar el retorno de las y los niños a los colegios con el argumento de que no estaban dadas las condiciones para ello.
Desde la Procuraduría aseguraron que la importancia del regreso a las aulas se desprende del “plan de acción 2021 desarrollado por la estrategia Hechos y Derechos”.
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Este es conformado por la PGN, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Federación Nacional de Departamentos (FND), las consejerías Presidencial para la Juventud y para la Niñez y la Adolescencia; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La Procuraduría General de la Nación (PGN) le pidió a los alcaldes y gobernadores del país que fortalecieran las medidas de bioseguridad en los colegios, para acelerar el regreso a las aulas.
El retorno a los colegios no debe postergarse por las consecuencias negativas que se generan en más de 10 millones de niños y niñas inscritos en el sistema escolar, advirtió la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la entidad, Viviana Mora Verbel.
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El ente de control le envió una carta a los mandatarios para que le dieran prioridad a garantizar el derecho a la educación de los menores, especialmente para quienes no tienen los recursos necesarios para la virtualidad.
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También en el documento se refería a la necesidad de que se revisara la situación actual de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes del país, “y de los retos que demanda lograr su efectividad en cada territorio”.
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Antes de esta solicitud de la Procuraduría, en julio de este año (luego de las vacaciones) hubo una “lluvia de tutelas” en distintos lugares del país para evitar que las clases presenciales regresen.
La mayoría de estas acciones judiciales fuero interpuestas por asociaciones de educadores y en algunos lugares de los municipios de Santander, Huila y Cauca. En varias ocasiones consiguieron frenar el retorno de las y los niños a los colegios con el argumento de que no estaban dadas las condiciones para ello.
Desde la Procuraduría aseguraron que la importancia del regreso a las aulas se desprende del “plan de acción 2021 desarrollado por la estrategia Hechos y Derechos”.
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Este es conformado por la PGN, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Federación Nacional de Departamentos (FND), las consejerías Presidencial para la Juventud y para la Niñez y la Adolescencia; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).