En las entrañas del modelo de salud del Guainía

Allí, donde las etnias y los colonos dependen del antojo del río Inírida, que las desplaza en épocas de inundaciones y las atrae a su cauce en verano, se puso en marcha en 2016 un plan piloto: el MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), ambicioso proyecto que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La estrategia fue concebida para ser replicada en otros territorios y entre sus objetivos están mejorar el acceso en salud y fortalecer el aseguramiento en un departamento donde el 85 % de sus 50.636 pobladores son indígenas.

Según el diagnóstico elaborado en 2014 y que sirvió de base para su implementación, el Guainía tenía una elevada tasa de mortalidad (266,12 por cada 100.000 habitantes), prevalencia de desnutrición global (23,4 frente a 13,2 del promedio país), elevada tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias (140,11 frente a 15,69 % total nacional), mortalidad por tuberculosis a tasas de 5,13, cuando la del país se establece en 1,96 y mortalidad de niños menores de cinco años a una tasa del 47,66 % frente al 15,69 % nacional.

(Desmond Tutu y su discurso en Cali: “Mi humanidad está contenida en la del otro”)

Oportunidades de mejoramiento

Aunque estos indicadores han mejorado en estos seis años y, sobre todo, se observa una mayor articulación entre sus principales componentes (asegurador, prestador, ente territorial e institucionalidad indígena), existen compromisos y variables por mejorar, que van desde la asignación de mayores recursos presupuestales y equipamiento de puestos y centros de salud hasta la incorporación al programa de los saberes indígenas y la oportunidad en el suministro de medicamentos, principalmente, en los lugares más dispersos.

Etnias como los curripacos —la mayor del departamento—, cubeos, tucanos, piapocos, sikuanis o jivis, guarequenas y puinaves, entre otros, tienen diferentes percepciones sobre la bondad del MIAS, pero su mayor queja es por el incumplimiento de incorporar al Modelo los saberes ancestrales, situación que se dio a conocer a una misión de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

Las distancias y características de los ríos hacen parte también de los imprevistos del MIAS que le han surgido a la financiación del programa. Aunque se cuenta con un Hospibarco, dotado de laboratorio para toma de muestras, sala de consulta y una unidad de odontología, su desplazamiento, generalmente, depende de las condiciones del río, toda vez que en verano baja el caudal y su navegación se hace imposible. Pero, además, hay comunidades que están tan alejadas que las misiones médicas tienen que prepararse para viajar entre 60 y 90 días, llevando agua, mercado y artículos de aseo y chinchorros para dormir donde los sorprenda la noche.

“Es nuestra misión. Llevo seis años como médica familiar, trabajando con las comunidades indígenas del Guainía”, relata Isabel Fernanda Martínez, una bogotana que llegó al territorio recién graduada y como funcionaria del Hospital Manuel Elkin Patarroyo, la IPS del MIAS, ha tenido que internarse en la selva, acostumbrarse a la intimidación de fieras y soportar el ataque de murciélagos, una de sus primeras e ingratas experiencias.

(Lesionados por pólvora en Colombia ya son 980: el número más alto en cuatro años)

Difícil acceso

De Inírida, la capital de este territorio de 72.238 kilómetros cuadrados, a San Felipe, en la frontera con Venezuela, hay 238 kilómetros de distancia y se puede llegar en pequeñas aeronaves. Sin embargo, el envío de medicamentos se realiza por el río y casi siempre, por no decir que siempre, hay que hacer trasbordo de lanchas a botes debido a los raudales. La travesía puede durar más de un mes, con temperaturas que pueden superar los 35 grados y costos de gasolina promedios de $50.000 el galón.

“Un medicamento que en Bogotá vale $10.000, llevarlo a una comunidad indígena de La Guadalupe, el caserío más lejano donde termina Colombia y empiezan Venezuela y Brasil, puede costar millón y medio”, afirma Angie Carolina Arturo Cuéllar, directora del Hospital Manuel Elkin Patarroyo, una médica joven, especialista en Gerencia en Salud, oriunda de Sibundoy, Putumayo, que llegó al Guainía para cumplir su año rural. Allí se quedó y no sabe hasta cuándo.

Con ella estuvimos en el Hospibarco, atracado en un remanso del Inírida, a la espera de un nuevo recorrido. La sola prendida puede costar $30 millones. “La misión principal del Hospibarco es acercarnos de manera eficaz a las comunidades, con una infraestructura más adecuada y con mayor comodidad para atender a las poblaciones con el fin de que no tengan que trasladarse hasta la capital para recibir la atención de bacteriología, medicina general y odontología”, explica en tono entusiasta.

(Norte de Santander, ¿otro año sombrío?)

Distintas percepciones

El MIAS, que tiene un fuerte componente de involucramiento de las comunidades indígenas en su diseño, implementación y ejecución, no es percibido por igual entre ellos. Para unos está bien concebido y ha sido fundamental para aumentar el aseguramiento (ahora en manos de la EPS Coosalud), mientras que para otros el modelo no ha avanzado al ritmo esperado y se necesitan ajustes para proyectar su viabilidad.

Marcelino Horacio, indígena representante de la comunidad del Remanso, establecida en la ribera del Inírida, en las estribaciones del cerro Mavicure, dice que, si bien existe un puesto de salud, las instalaciones no están suficientemente dotadas de equipos médicos, escasean los medicamentos y los medios de transporte para remitir pacientes graves.

“Aquí es frecuente que lleguen indígenas a consulta de comunidades aledañas como del Zamuro, Piedra Alta, Venado, Huesitos, Sejalito, Paloma y La Ceiba, y no tenemos cómo atenderlos. Si son casos graves, como la mordedura de serpiente, no hay antídotos ni una lancha para llevarlos oportunamente a Inírida.

Juan Martínez Gómez, del pueblo puinave, quien ha incursionado en política, indica que el modelo es mejor que lo que había antes, pero persisten los problemas de suministro de medicamentos, aunque atribuye los contratiempos a la distancia y las dificultades de navegación. “Para llegar acá se gastan hasta tres o cuatro días, generalmente hay que hacer trasbordo y acudir a nuestra medicina tradicional”, afirma, tras señalar que en su comunidad de 350 habitantes no ha habido un solo muerto por covid-19.

A poca distancia de la cabecera municipal de Inírida está Cocoviejo, de mayoría curripaca. Allí Alirio Torcuato Tibidor, capitán de la comunidad, líder espiritual de la iglesia evangélica y promotor de artesanías, explica que el modelo es bien intencionado, pero está cojo porque no se ha cumplido con la incorporación del conocimiento y saberes ancestrales.

“Eso está contemplado en el Decreto 2561 del 12 de diciembre de 2014, en el que se estableció que la medicina ancestral sería reconocida y se pagaría por el ejercicio de los payés, sanadores, sobanderos, parteras y médicos tradicionales; eso no ha avanzado”, puntualiza.

Sin embargo, Fredy Iván Martínez, capitán de la comunidad caranacoa, con 446 habitantes, tiene otra percepción. “El MIAS ha sobresalido en el resguardo yurimorocoto al que pertenecemos. Allí, el puesto de salud funciona y hay una mejor atención a nuestra gente. Las situaciones leves las atendemos con el auxiliar de enfermería y el gestor comunitario; las más complejas las remitimos al prestador del servicio, que es el Hospital Manuel Elkin Patarroyo. Por fortuna no se han tenido inconvenientes con el suministro de medicamentos”, complementa.

(Crisis humanitaria en Arauca por enfrentamientos entre el Eln y disidencias)

Falencias y retos

El MIAS, que tiene como antecedente ser el primer modelo en salud que contó con consulta previa, en el que participaron los pueblos indígenas de las cinco cuencas hidrográficas del departamento (Guaviare, Atabapo, Inírida, Isana-Cuyarí y Guainía-Negro), está aún en construcción y con oportunidades de mejoría.

“El modelo se implementó en 2016 y ha tenido falencias, le faltan recursos y la atención en las comunidades periféricas ha sido difícil por la dispersión poblacional; aun así, hemos tenido cambios positivos en las tasas de morbilidad y mortalidad, ampliación de la cobertura de aseguramiento y acceso a especialistas”, señala el gobernador del departamento, Juan Carlos Iral Gómez.

Con avances y tropiezos, el MIAS es un modelo diferencial en salud y una excelente apuesta del Estado, según la secretaria de Salud del Guainía, Eliana Patricia Peña Camargo, quien conoce a fondo las dificultades del territorio y los riesgos de los pobladores rurales, pues como médica, en una ocasión debió atender, sin mayores recursos tecnológicos, a un paciente que llegó con el hombro destrozado por el ataque de un tigre.

Además de los factores de dispersión geográfica, dificultades en el transporte, diversidad de etnias con familias lingüísticas distintas e inconformismo por el reconocimiento económico a quienes practican los saberes ancestrales, el modelo también ha sido afectado por la presencia de población venezolana en el territorio que demanda servicios de salud.

Opiniones

Marcelino Horacio, representante de la comunidad El Remanso:

“Hay temas que se han solucionado y otros que están pendientes. Ya se construyó nuestro puesto de salud y contamos con un auxiliar de enfermería y una gestora, pero nos falta un poco de dotación de elementos médicos y medicamentos. El mayor problema es que no contamos con una lancha, que es el único medio de transporte para llevar a Inírida, que está a unas dos horas de aquí, los enfermos graves que requieran remisión. Tenemos una planta solar que es insuficiente y muchas dificultades de comunicación con el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, que es el prestador del programa MIAS”.

Martín Agatita Durango, médico ancestral:

“Mis abuelos me enseñaron la medicina tradicional y hoy por hoy sigo trabajando con ella. Nosotros no nos oponemos a la medicina occidental, pero necesitamos que nos reconozcan económicamente nuestro trabajo, porque así quedó establecido en MIAS y no se ha implementado por problemas jurídicos. Nosotros tenemos que internarnos dos o tres días en la selva para conseguir las plantas con las que curamos diversas enfermedades”.

Alexánder Guarín Silva, gobernador del resguardo indígena de El Paujil:

“El modelo de salud implementado en el Decreto 2561 tiene un enfoque diferencial, que incluye la participación étnica de nuestro departamento. El programa es muy bueno, pero muchas cosas se han quedado en el papel. Falta el reconocimiento de los médicos tradicionales, especialmente en el hospital, las parteras y los sobanderos, entre otros. Este resguardo indígena alberga 6.538 personas, pero tenemos deficiencias en la atención oportuna y el suministro de medicamentos. La visita que del equipo de inspección de la Superintendencia de Salud es muy oportuna para que se conozca de primera mano la realidad del asunto.

Humberto Castillo, guardia indígena:

“Hago parte de la guardia indígena del Paujil y nuestra misión es controlar la entrada de personas a nuestro puerto. Aquí tratan de entrar muchas personas ajenas a la comunidad, especialmente migrantes venezolanos. Durante la pandemia ejercimos un estricto control y por ello la pandemia del covid-19 no nos dio tan fuerte”.

Alirio Torcuato Tibidor, capitán de la comunidad Coco Viejo:

“El mayor problema del modelo de salud es que no se acepta como se debería la medicina tradicional. En mi caso, manejo treinta plantas medicinales que son efectivas. Curan heridas, llagas, limpian el estómago y, por ejemplo, muchos de nuestros 311 habitantes las utilizaron para evitar el contagio de la pandemia. El hospital de Inírida quiere que nosotros curemos, pero no nos pagan”.

Allí, donde las etnias y los colonos dependen del antojo del río Inírida, que las desplaza en épocas de inundaciones y las atrae a su cauce en verano, se puso en marcha en 2016 un plan piloto: el MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), ambicioso proyecto que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La estrategia fue concebida para ser replicada en otros territorios y entre sus objetivos están mejorar el acceso en salud y fortalecer el aseguramiento en un departamento donde el 85 % de sus 50.636 pobladores son indígenas.

Según el diagnóstico elaborado en 2014 y que sirvió de base para su implementación, el Guainía tenía una elevada tasa de mortalidad (266,12 por cada 100.000 habitantes), prevalencia de desnutrición global (23,4 frente a 13,2 del promedio país), elevada tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias (140,11 frente a 15,69 % total nacional), mortalidad por tuberculosis a tasas de 5,13, cuando la del país se establece en 1,96 y mortalidad de niños menores de cinco años a una tasa del 47,66 % frente al 15,69 % nacional.

(Desmond Tutu y su discurso en Cali: “Mi humanidad está contenida en la del otro”)

Oportunidades de mejoramiento

Aunque estos indicadores han mejorado en estos seis años y, sobre todo, se observa una mayor articulación entre sus principales componentes (asegurador, prestador, ente territorial e institucionalidad indígena), existen compromisos y variables por mejorar, que van desde la asignación de mayores recursos presupuestales y equipamiento de puestos y centros de salud hasta la incorporación al programa de los saberes indígenas y la oportunidad en el suministro de medicamentos, principalmente, en los lugares más dispersos.

Etnias como los curripacos —la mayor del departamento—, cubeos, tucanos, piapocos, sikuanis o jivis, guarequenas y puinaves, entre otros, tienen diferentes percepciones sobre la bondad del MIAS, pero su mayor queja es por el incumplimiento de incorporar al Modelo los saberes ancestrales, situación que se dio a conocer a una misión de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

Las distancias y características de los ríos hacen parte también de los imprevistos del MIAS que le han surgido a la financiación del programa. Aunque se cuenta con un Hospibarco, dotado de laboratorio para toma de muestras, sala de consulta y una unidad de odontología, su desplazamiento, generalmente, depende de las condiciones del río, toda vez que en verano baja el caudal y su navegación se hace imposible. Pero, además, hay comunidades que están tan alejadas que las misiones médicas tienen que prepararse para viajar entre 60 y 90 días, llevando agua, mercado y artículos de aseo y chinchorros para dormir donde los sorprenda la noche.

“Es nuestra misión. Llevo seis años como médica familiar, trabajando con las comunidades indígenas del Guainía”, relata Isabel Fernanda Martínez, una bogotana que llegó al territorio recién graduada y como funcionaria del Hospital Manuel Elkin Patarroyo, la IPS del MIAS, ha tenido que internarse en la selva, acostumbrarse a la intimidación de fieras y soportar el ataque de murciélagos, una de sus primeras e ingratas experiencias.

(Lesionados por pólvora en Colombia ya son 980: el número más alto en cuatro años)

Difícil acceso

De Inírida, la capital de este territorio de 72.238 kilómetros cuadrados, a San Felipe, en la frontera con Venezuela, hay 238 kilómetros de distancia y se puede llegar en pequeñas aeronaves. Sin embargo, el envío de medicamentos se realiza por el río y casi siempre, por no decir que siempre, hay que hacer trasbordo de lanchas a botes debido a los raudales. La travesía puede durar más de un mes, con temperaturas que pueden superar los 35 grados y costos de gasolina promedios de $50.000 el galón.

“Un medicamento que en Bogotá vale $10.000, llevarlo a una comunidad indígena de La Guadalupe, el caserío más lejano donde termina Colombia y empiezan Venezuela y Brasil, puede costar millón y medio”, afirma Angie Carolina Arturo Cuéllar, directora del Hospital Manuel Elkin Patarroyo, una médica joven, especialista en Gerencia en Salud, oriunda de Sibundoy, Putumayo, que llegó al Guainía para cumplir su año rural. Allí se quedó y no sabe hasta cuándo.

Con ella estuvimos en el Hospibarco, atracado en un remanso del Inírida, a la espera de un nuevo recorrido. La sola prendida puede costar $30 millones. “La misión principal del Hospibarco es acercarnos de manera eficaz a las comunidades, con una infraestructura más adecuada y con mayor comodidad para atender a las poblaciones con el fin de que no tengan que trasladarse hasta la capital para recibir la atención de bacteriología, medicina general y odontología”, explica en tono entusiasta.

(Norte de Santander, ¿otro año sombrío?)

Distintas percepciones

El MIAS, que tiene un fuerte componente de involucramiento de las comunidades indígenas en su diseño, implementación y ejecución, no es percibido por igual entre ellos. Para unos está bien concebido y ha sido fundamental para aumentar el aseguramiento (ahora en manos de la EPS Coosalud), mientras que para otros el modelo no ha avanzado al ritmo esperado y se necesitan ajustes para proyectar su viabilidad.

Marcelino Horacio, indígena representante de la comunidad del Remanso, establecida en la ribera del Inírida, en las estribaciones del cerro Mavicure, dice que, si bien existe un puesto de salud, las instalaciones no están suficientemente dotadas de equipos médicos, escasean los medicamentos y los medios de transporte para remitir pacientes graves.

“Aquí es frecuente que lleguen indígenas a consulta de comunidades aledañas como del Zamuro, Piedra Alta, Venado, Huesitos, Sejalito, Paloma y La Ceiba, y no tenemos cómo atenderlos. Si son casos graves, como la mordedura de serpiente, no hay antídotos ni una lancha para llevarlos oportunamente a Inírida.

Juan Martínez Gómez, del pueblo puinave, quien ha incursionado en política, indica que el modelo es mejor que lo que había antes, pero persisten los problemas de suministro de medicamentos, aunque atribuye los contratiempos a la distancia y las dificultades de navegación. “Para llegar acá se gastan hasta tres o cuatro días, generalmente hay que hacer trasbordo y acudir a nuestra medicina tradicional”, afirma, tras señalar que en su comunidad de 350 habitantes no ha habido un solo muerto por covid-19.

A poca distancia de la cabecera municipal de Inírida está Cocoviejo, de mayoría curripaca. Allí Alirio Torcuato Tibidor, capitán de la comunidad, líder espiritual de la iglesia evangélica y promotor de artesanías, explica que el modelo es bien intencionado, pero está cojo porque no se ha cumplido con la incorporación del conocimiento y saberes ancestrales.

“Eso está contemplado en el Decreto 2561 del 12 de diciembre de 2014, en el que se estableció que la medicina ancestral sería reconocida y se pagaría por el ejercicio de los payés, sanadores, sobanderos, parteras y médicos tradicionales; eso no ha avanzado”, puntualiza.

Sin embargo, Fredy Iván Martínez, capitán de la comunidad caranacoa, con 446 habitantes, tiene otra percepción. “El MIAS ha sobresalido en el resguardo yurimorocoto al que pertenecemos. Allí, el puesto de salud funciona y hay una mejor atención a nuestra gente. Las situaciones leves las atendemos con el auxiliar de enfermería y el gestor comunitario; las más complejas las remitimos al prestador del servicio, que es el Hospital Manuel Elkin Patarroyo. Por fortuna no se han tenido inconvenientes con el suministro de medicamentos”, complementa.

(Crisis humanitaria en Arauca por enfrentamientos entre el Eln y disidencias)

Falencias y retos

El MIAS, que tiene como antecedente ser el primer modelo en salud que contó con consulta previa, en el que participaron los pueblos indígenas de las cinco cuencas hidrográficas del departamento (Guaviare, Atabapo, Inírida, Isana-Cuyarí y Guainía-Negro), está aún en construcción y con oportunidades de mejoría.

“El modelo se implementó en 2016 y ha tenido falencias, le faltan recursos y la atención en las comunidades periféricas ha sido difícil por la dispersión poblacional; aun así, hemos tenido cambios positivos en las tasas de morbilidad y mortalidad, ampliación de la cobertura de aseguramiento y acceso a especialistas”, señala el gobernador del departamento, Juan Carlos Iral Gómez.

Con avances y tropiezos, el MIAS es un modelo diferencial en salud y una excelente apuesta del Estado, según la secretaria de Salud del Guainía, Eliana Patricia Peña Camargo, quien conoce a fondo las dificultades del territorio y los riesgos de los pobladores rurales, pues como médica, en una ocasión debió atender, sin mayores recursos tecnológicos, a un paciente que llegó con el hombro destrozado por el ataque de un tigre.

Además de los factores de dispersión geográfica, dificultades en el transporte, diversidad de etnias con familias lingüísticas distintas e inconformismo por el reconocimiento económico a quienes practican los saberes ancestrales, el modelo también ha sido afectado por la presencia de población venezolana en el territorio que demanda servicios de salud.

Opiniones

Marcelino Horacio, representante de la comunidad El Remanso:

“Hay temas que se han solucionado y otros que están pendientes. Ya se construyó nuestro puesto de salud y contamos con un auxiliar de enfermería y una gestora, pero nos falta un poco de dotación de elementos médicos y medicamentos. El mayor problema es que no contamos con una lancha, que es el único medio de transporte para llevar a Inírida, que está a unas dos horas de aquí, los enfermos graves que requieran remisión. Tenemos una planta solar que es insuficiente y muchas dificultades de comunicación con el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, que es el prestador del programa MIAS”.

Martín Agatita Durango, médico ancestral:

“Mis abuelos me enseñaron la medicina tradicional y hoy por hoy sigo trabajando con ella. Nosotros no nos oponemos a la medicina occidental, pero necesitamos que nos reconozcan económicamente nuestro trabajo, porque así quedó establecido en MIAS y no se ha implementado por problemas jurídicos. Nosotros tenemos que internarnos dos o tres días en la selva para conseguir las plantas con las que curamos diversas enfermedades”.

Alexánder Guarín Silva, gobernador del resguardo indígena de El Paujil:

“El modelo de salud implementado en el Decreto 2561 tiene un enfoque diferencial, que incluye la participación étnica de nuestro departamento. El programa es muy bueno, pero muchas cosas se han quedado en el papel. Falta el reconocimiento de los médicos tradicionales, especialmente en el hospital, las parteras y los sobanderos, entre otros. Este resguardo indígena alberga 6.538 personas, pero tenemos deficiencias en la atención oportuna y el suministro de medicamentos. La visita que del equipo de inspección de la Superintendencia de Salud es muy oportuna para que se conozca de primera mano la realidad del asunto.

Humberto Castillo, guardia indígena:

“Hago parte de la guardia indígena del Paujil y nuestra misión es controlar la entrada de personas a nuestro puerto. Aquí tratan de entrar muchas personas ajenas a la comunidad, especialmente migrantes venezolanos. Durante la pandemia ejercimos un estricto control y por ello la pandemia del covid-19 no nos dio tan fuerte”.

Alirio Torcuato Tibidor, capitán de la comunidad Coco Viejo:

“El mayor problema del modelo de salud es que no se acepta como se debería la medicina tradicional. En mi caso, manejo treinta plantas medicinales que son efectivas. Curan heridas, llagas, limpian el estómago y, por ejemplo, muchos de nuestros 311 habitantes las utilizaron para evitar el contagio de la pandemia. El hospital de Inírida quiere que nosotros curemos, pero no nos pagan”.