Federico Gutiérrez rechaza propuesta de impuesto para seguridad en Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su desacuerdo con el proyecto de ordenanza presentado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para implementar un impuesto de seguridad que sería cobrado a través de la factura de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Gutiérrez señaló que aunque respalda la necesidad de invertir en seguridad, no considera viable incrementar los costos de los servicios públicos para la ciudadanía, especialmente en un contexto de altas tarifas energéticas.

“Yo no puedo estar de acuerdo en que se quiera poner un tributo adicional a la tarifa de energía a través de la cuenta de los servicios públicos cuando ya la gente paga altas tarifas en el tema de la energía. Hay que tener claridad inclusive jurídicamente si EPM podría cobrar ese tributo a través de la cuenta de servicios públicos”, afirmó el alcalde, destacando que ya había manifestado esta postura directamente al gobernador Rendón en reuniones previas.

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A pesar de su oposición a la medida tributaria, Gutiérrez aseguró que apoya las inversiones en seguridad propuestas por el gobernador y destacó que es necesario buscar otros financiamientos y mecanismos. El alcalde planteó opciones como obras por impuestos y aportes de empresas, incluidas EPM.

El proyecto, radicado ante la Asamblea Departamental, plantea la recaudación de 1,2 billones de pesos entre enero de 2025 y diciembre de 2027. Los recursos serían destinados a fortalecer la seguridad en Antioquia mediante la instalación de cámaras, la creación de la línea de emergencias 123 a nivel departamental, la construcción de una cárcel para mil personas, la mejora de infraestructura para la Fuerza Pública, y la dotación de equipamiento para escuadrones móviles y escenarios deportivos. Según el gobernador Rendón, el impuesto solo sería aplicable a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial, exonerando al 85 % de los hogares del departamento (estratos 1, 2 y 3).

“Para mí sería muy cómodo quedarme esperando a que el gobierno nacional mejore las condiciones de seguridad o le invierta a la Fuerza Pública. Pero yo me comprometí con los antioqueños a servirles con rigor, por eso presentaremos esta iniciativa”, explicó el gobernador al justificar la propuesta, que aseguró fue socializada con gremios empresariales y alcaldes antes de ser presentada oficialmente.

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Intergremial y Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ya habían manifestado su oposición, argumentando que el proyecto no fue suficientemente socializado y que representa una carga adicional en un contexto económico adverso. Desde Fenalco, María José Bernal, la directora ejecutiva del gremio en el departamento, expresó la preocupación con respecto al tema. “No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas. Aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación es a flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento”.

Intergremial Antioquia también expresó el impacto económico del impuesto y cuestionó la oportunidad de su implementación. “Antioquia y Colombia atraviesan por una serie de dificultades económicas y sociales, presentadas ampliamente por instituciones como el DANE, donde la gran mayoría de las actividades empresariales presentan decrecimientos significativos, lo cual impacta drásticamente el empleo y las condiciones de vida en nuestro departamento. Por lo cual un nuevo impuesto no es apropiado en estos momentos”, expresó Nicolás Posada López, presidente de la agremiación.

Por su parte, el alcalde de Itagüí, Diego Torres Sánchez, junto con el Consejo Empresarial del municipio, indicó que de ser aprobada, impactaría negativamente a los ciudadanos, así como a los sectores comerciales y empresariales que son fundamentales en la generación de empleo y desarrollo de la región. ”Entendemos la intención de fortalecer la infraestructura de seguridad en Antioquia, pero consideramos que es fundamental buscar soluciones que no representen una carga adicional para los empresarios y ciudadanos”.

La Asamblea Departamental de Antioquia será el órgano encargado de decidir el futuro de esta propuesta. Por ahora, esperan la postura oficial de los diputados, entre los cuales anticipan que los integrantes del movimiento Creemos, afines al alcalde Gutiérrez, votarán en contra del proyecto.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su desacuerdo con el proyecto de ordenanza presentado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para implementar un impuesto de seguridad que sería cobrado a través de la factura de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Gutiérrez señaló que aunque respalda la necesidad de invertir en seguridad, no considera viable incrementar los costos de los servicios públicos para la ciudadanía, especialmente en un contexto de altas tarifas energéticas.

“Yo no puedo estar de acuerdo en que se quiera poner un tributo adicional a la tarifa de energía a través de la cuenta de los servicios públicos cuando ya la gente paga altas tarifas en el tema de la energía. Hay que tener claridad inclusive jurídicamente si EPM podría cobrar ese tributo a través de la cuenta de servicios públicos”, afirmó el alcalde, destacando que ya había manifestado esta postura directamente al gobernador Rendón en reuniones previas.

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A pesar de su oposición a la medida tributaria, Gutiérrez aseguró que apoya las inversiones en seguridad propuestas por el gobernador y destacó que es necesario buscar otros financiamientos y mecanismos. El alcalde planteó opciones como obras por impuestos y aportes de empresas, incluidas EPM.

El proyecto, radicado ante la Asamblea Departamental, plantea la recaudación de 1,2 billones de pesos entre enero de 2025 y diciembre de 2027. Los recursos serían destinados a fortalecer la seguridad en Antioquia mediante la instalación de cámaras, la creación de la línea de emergencias 123 a nivel departamental, la construcción de una cárcel para mil personas, la mejora de infraestructura para la Fuerza Pública, y la dotación de equipamiento para escuadrones móviles y escenarios deportivos. Según el gobernador Rendón, el impuesto solo sería aplicable a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial, exonerando al 85 % de los hogares del departamento (estratos 1, 2 y 3).

“Para mí sería muy cómodo quedarme esperando a que el gobierno nacional mejore las condiciones de seguridad o le invierta a la Fuerza Pública. Pero yo me comprometí con los antioqueños a servirles con rigor, por eso presentaremos esta iniciativa”, explicó el gobernador al justificar la propuesta, que aseguró fue socializada con gremios empresariales y alcaldes antes de ser presentada oficialmente.

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Intergremial y Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ya habían manifestado su oposición, argumentando que el proyecto no fue suficientemente socializado y que representa una carga adicional en un contexto económico adverso. Desde Fenalco, María José Bernal, la directora ejecutiva del gremio en el departamento, expresó la preocupación con respecto al tema. “No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas. Aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación es a flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento”.

Intergremial Antioquia también expresó el impacto económico del impuesto y cuestionó la oportunidad de su implementación. “Antioquia y Colombia atraviesan por una serie de dificultades económicas y sociales, presentadas ampliamente por instituciones como el DANE, donde la gran mayoría de las actividades empresariales presentan decrecimientos significativos, lo cual impacta drásticamente el empleo y las condiciones de vida en nuestro departamento. Por lo cual un nuevo impuesto no es apropiado en estos momentos”, expresó Nicolás Posada López, presidente de la agremiación.

Por su parte, el alcalde de Itagüí, Diego Torres Sánchez, junto con el Consejo Empresarial del municipio, indicó que de ser aprobada, impactaría negativamente a los ciudadanos, así como a los sectores comerciales y empresariales que son fundamentales en la generación de empleo y desarrollo de la región. ”Entendemos la intención de fortalecer la infraestructura de seguridad en Antioquia, pero consideramos que es fundamental buscar soluciones que no representen una carga adicional para los empresarios y ciudadanos”.

La Asamblea Departamental de Antioquia será el órgano encargado de decidir el futuro de esta propuesta. Por ahora, esperan la postura oficial de los diputados, entre los cuales anticipan que los integrantes del movimiento Creemos, afines al alcalde Gutiérrez, votarán en contra del proyecto.