Falta de acceso a internet, una trampa de desigualdad

El escándalo por un contrato billonario del Ministerio de Tecnologías de la Información para llevar internet a 10.000 sitios perjudica, directamente, escuelas rurales, veredas y municipios pequeños. Ustedes acaban de publicar una investigación relacionando desigualdad e internet. ¿Cuál fue su objetivo?

En ocasiones oímos que la pobreza y la desigualdad son falta de empeño o de trabajo por parte de los pobres. Nosotros consideramos que no basta el trabajo arduo para salir de la pobreza, pues estamos ante un problema de justicia, derechos humanos, igualdad de oportunidades y equilibrar la cancha para garantizar proyectos de vida dignos e, incluso, mejor y mayor desarrollo de los países. Específicamente sobre la desigualdad en internet, quisimos mostrar los impactos negativos de la falta de acceso a ese servicio y la necesidad de reconocer el derecho que garantice que todas las personas y no solo las más ricas accedan a él. Dejusticia acaba de lanzar una colección de libros de investigación de derechos humanos por la igualdad socioeconómica. En los primeros seis números se recogen situaciones difíciles y propuestas para enfrentarlas; una de ellas, precisamente en el campo de la desigualdad digital. (Le puede interesar: El editorial de El Espectador sobre el caso de la ministra de las TIC, Karen Abudinen).

Con el fracaso del contrato del Mintic para conectar el país mediante internet, los derechos de los niños rurales a la información y a la educación, entre otros, se verán afectados por el retraso o la imposibilidad de conectarse, en el corto plazo, con el mundo digital. En su investigación, ¿ustedes aluden a casos similares a este cuando usan la expresión “brecha digital”, conocida en los estudios más serios sobre el tema, en el mundo?

El contrato del Mintic con la unión temporal Centros Poblados pretendía conectar más de 7.000 puntos en lugares apartados de Colombia, los cuales, probablemente, son los más pobres y desiguales. Como la falta de conectividad es parte de la brecha digital, este descalabro seguirá profundizando la desigualdad y la pobreza en los hogares y personas que se iban a beneficiar con ese programa hasta cuando el nuevo contratista pueda cumplir. Pero la inequidad digital no solo se deriva de la falta de conectividad. La brecha digital es la distancia entre personas para acceder y usar tecnologías por diversos factores, uno solo de los cuales es la conectividad.

Entonces, ¿qué otros factores inciden en la denominada brecha digital?

Primero, el tiempo que tiene cada persona para dedicarse a internet; segundo, su situación económica; tercero, las relaciones sociales que tenga y que sean impulsadas o no por el uso de la tecnología; cuarto, sus relaciones culturales: conocimientos y habilidades. Estos son los recursos que, en general, al conjugarse con características particulares como la edad, la etnia, el género y la posición social, entre otras, afectan positiva o negativamente el uso del espacio digital.

En su investigación, ¿qué relación se encontró entre el ingreso económico de los hogares y el grado de utilización de internet?

Como lo indican reconocidos estudios sobre el tema, los hogares con mayores ingresos económicos usan más internet. Se encontró lo siguiente: 1. En los hogares más pobres hay más personas que no saben usar internet. 2. En los hogares más pobres es más común que las personas tengan menor motivación para usar internet que en los hogares de mayores ingresos. 3. Solo alrededor del 50 % de los hogares más pobres tiene acceso a internet, mientras el 90 % de los hogares más ricos disponen de ese servicio. En resumen, los hogares más pobres no saben, no quieren o no tienen los estímulos para acceder a internet en igual o mayor proporción que los hogares más ricos. Es la trampa de la desigualdad: el dinero afecta directamente el acceso y uso tecnológico, pero, también, lo hace de modo indirecto, porque reduce la posibilidad de contar con los demás recursos.

Aparte del factor dinero, ¿qué otras variables influyen en un menor acceso a internet y tecnologías digitales?

Depende, también, del tiempo disponible, la edad, el género, la etnia, la raza y el capital educativo, laboral y social con el que se cuente. Todos estos factores influyen, pero el estudio arrojó que el género impacta muy poco mientras que la pertenencia a una etnia afecta muchísimo. Los indígenas acceden mucho menos a internet en la mayoría de los niveles económicos.

En consecuencia, ¿se puede pronosticar que la marginalidad y el aislamiento social indígena aumentarán en lugar de disminuir?

Correcto.

¿Cuáles son las actividades cotidianas en las que incide, de modo decisivo, el acceso a internet de acuerdo con los hallazgos de su informe? O, en otras palabras, ¿cuánto se limita la participación de una persona en sociedad si no tiene ese acceso o si este es muy escaso y de baja calidad?

Se limita muchísimo. La vida, hoy, es dual: física y virtual o digital. Por ejemplo, el acceso a los recursos del programa Ingreso Solidario (mediante una plataforma), la priorización para las vacunas (en una página web) y la educación en pandemia, que llegó a ser virtual casi por completo. ¿Qué implica no tener acceso a internet en estos casos?: no acceder a los beneficios de Ingreso Solidario, no saber en qué etapa de vacunación se está o no poder dar los datos personales para cumplir las etapas de priorización y no estudiar. Estos son, apenas, ejemplos notorios del día a día de los últimos meses, ejemplos que se multiplicarán vertiginosamente en estas y otras actividades con el transcurso del tiempo.

¿Qué dice la investigación sobre el uso que los colombianos le dan a internet: comunicarse, informarse, comprar, pagar recibos, trabajar u otros? ¿Cuáles son los más corrientes?

En Colombia se usa internet con esos objetivos que usted menciona, pero con diferenciaciones, de nuevo, según el nivel de recursos. En los hogares más pobres se utiliza, ante todo, para comunicarse e informarse; a medida que avanzan los ingresos, la población incrementa usos y añade nuevos servicios, como educación, compras, finanzas, actividades laborales, trámites públicos y entretenimiento. Dar acceso a internet es dar oportunidades.

¿Cuánto está incidiendo el factor acceso a internet en la educación formal y cuántos niños y adolescentes quedaron por fuera del sistema educativo o limitados por no tener conectividad o no tenerla de manera permanente y cercana?

Nuestro estudio se basó en los datos del 2019, por no estar disponibles los actuales. Esta semana, el DANE reveló su Encuesta de Calidad de Vida 2020. Allí se ve que el indicador de inasistencia escolar nacional —que tiene en cuenta el acceso a internet—, subió de 2,7 en 2019 a 16,4 en 2020. En las zonas rurales pasó de 4,6 a 30,1. En un contexto de educación virtual, es claro que las cifras de penetración digital afectan (incrementando) la inasistencia escolar, que en esta ocasión aumentó en más del doble en las zonas rurales frente a las urbanas.

Las pruebas ICFES Saber 11 —que se están presentando en su versión 2021 este fin de semana— parecen haberse convertido en un laboratorio social de lo que acontecía en pandemia y la necesidad de tener conectividad o los efectos de no tenerla. ¿Qué encontraron en sus análisis?

En el estudio nos enfocamos en los estudiantes del último año de calendario B, o sea los que estarían terminando su educación media al finalizar el año 2020; y lo hicimos con los microdatos de las pruebas Saber 11. Para empezar, los estudiantes que no tienen internet se presentaron menos a estas pruebas, porque no alcanzaron a llegar a ese nivel educativo. Se detectó un descenso del 26,79 % en el número de estudiantes que presentaron a las pruebas Saber 11 sin tener acceso material a internet. No podemos establecer una relación causal entre la brecha digital y esa caída. No obstante, en otro libro investigación de Dejusticia profundizamos en las consecuencias nefastas de las relaciones entre las clases sociales y la educación en Colombia.

A propósito, ¿es cierto que “el acceso desigual a las tecnologías digitales produce desigual participación social” (profesor Van Dijk), lo que, a su vez, refuerza la desigualdad? ¿Cómo aplicar esta teoría en Colombia, uno de los países más desiguales del mundo y del continente?

Cada persona tiene diferentes recursos temporales (tiempo disponible), materiales (patrimonio e ingresos), sociales (relaciones con otros) y culturales (conocimientos) que al conjugarse, como hemos dicho, con sus diferentes características personales (edad, género, etnia, raza...) y posicionales (educación, trabajo, capital social...) afectan el acceso a la tecnología y la posibilidad de entrar al espacio digital. Si soy una mujer pobre, con poca educación, poca motivación y, además, tengo que ir a la fotocopiadora del pueblo y dejar de comprar aceite por usar internet, no podré fácilmente hacer teletrabajo ni estudiar de manera virtual ni tampoco participar en asuntos públicos. Todo lo anterior hace que pierda el interés en lo digital, no desarrolle estas habilidades y no participe en el mundo de la tecnología, profundizando así la propia situación de pobreza y desigualdad.

¿Y profundizando también el aislamiento social, en vista de que ahora, y cada vez más, las actividades entre unos y otros dependen del uso de la tecnología?

Sí, si no tienen la oportunidad de acceder a la tecnología, los sectores de población afectados se irán aislando, empobreciendo y, cada vez, tendrán menos oportunidades para informarse y comunicarse, pero también para intervenir en el mercado o para realizar cualquier tipo de actividad, incluso empleo y educación.

Tal como es la realidad actual en Colombia, la brecha digital no se irá cerrando sino ampliando. ¿Qué encontraron sus investigadores al respecto?

A niños y adultos de las áreas rurales los estamos condenando a permanecer en una situación precaria si no rompemos la brecha digital, pues arrancan en desventaja y no les damos la oportunidad de vencer los obstáculos con los que parten. Además de dar acceso material (como la conectividad y los dispositivos) y habilidades, es importante motivar el interés en el uso de tecnologías que se traduzca en mayor uso de estas, para estudiar, informarse, participar socialmente, intervenir en el mercado y generar trabajo o nuevos modelos de negocio.

En el ámbito internacional, el acceso a internet se considera un derecho que se relaciona, incluso, con la libertad de expresión. ¿Cuándo empezarán a exigirlo los colombianos en esta condición legal?

El acceso a internet es un servicio público esencial, de acuerdo con la ley en Colombia (1978 de 2019), pero también es un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el trabajo y la educación. Esta condición instrumental también fue defendida por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que también reconoció el acceso a internet como derecho fundamental autónomo. Estos avances indican que la rama Judicial está próxima a darle un reconocimiento pleno, porque hoy, más que nunca, una persona que no pueda acceder a un espacio digital queda prácticamente excluida del mundo contemporáneo.

¿En Colombia se han interpuesto acciones legales para reclamar el derecho de acceso a Internet?

Se han presentado tutelas relacionadas de manera indirecta con el derecho a internet.

Si bien el Estado ha sido ineficiente en proveer conectividad pública en el país, las empresas privadas sí la han llevado prácticamente a todo el territorio, aunque mediante cobros y tarifas diferenciales. ¿Hay datos, cuadros o estadísticas que indiquen cuánto les vale y qué tienen que sacrificar las capas más pobres para disponer de este servicio esencial?

Los autores del libro calcularon que la población más pobre que paga por internet gasta, en promedio, el 30 % de sus ingresos totales para poder contar con él. Entre tanto, el decil (una parte de 10) más rico no se gasta ni el 1 % de su ingreso en el servicio. Si lo miramos en ingreso per cápita, pagar la factura mensual de internet equivale al 114 % de lo que recibe una persona en un hogar pobre. En cuanto a su pregunta, las empresas privadas que prestan un servicio público también tienen la responsabilidad de cerrar la brecha digital. Vale la pena decir que, a pesar de que los precios de internet constituyen, legalmente, información pública, sólo Tigo-Une nos facilitó las tarifas. El resto de empresas los consideró secreto comercial, por cierto, de forma errónea.

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas privadas en la reducción de la brecha digital?

En principio, el Estado debe asegurar el acceso a internet de toda la ciudadanía: que no se quede ni una sola persona atrás. Sin embargo, como ya dije, debido a que las empresas privadas de internet prestan un servicio público, están obligadas, también, a cerrar la brecha digital junto con el sector público. ¿Cómo? Mediante reglamentaciones, requisitos y exigencias del Gobierno con respecto las prestadoras del servicio.

Por último y para entender el panorama general en que está incrustada la desigualdad digital, ¿cuánto crecieron la pobreza y la desigualdad social en Colombia antes, durante y después de la pandemia?

Veníamos de una reducción sostenida de la pobreza, pero ya en 2019 había aumentado un punto: del 34,7 % al 35,7 %. Con la pandemia, la pobreza se incrementó 7,2 puntos (más que la reducción de la misma en los ocho años anteriores). Esto significa que en 2020, 3,5 millones de personas vivieron con menos de $330.000 mensuales y 2,8 millones sobrevivieron con menos de $145.000 al mes. La desigualdad también venía en descenso, pero en 2018 comenzó a subir, sobre todo en las ciudades. En 2020, la porción de ingreso que cayó en manos del 10 % más rico fue del 42,4 %, mientras que el 40 % más pobre se quedó apenas con el 10 % del ingreso total.

La desigualdad digital tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad social, de acuerdo con sus respuestas. Estamos en una época de proliferación de delincuencia callejera y violencia citadina ¿Una cosa (la pobreza y la desigualdad) y la otra (la violencia citadina) también se relacionan? Le formulo la pregunta porque algunos sostienen que los manifestantes eran vándalos que no querían producir.

La desigualdad tiene un efecto negativo no solo en el crecimiento económico sino en el bienestar común e individual porque origina menos movilidad social, que a su vez crea frustración y sociedades disfuncionales con mayores índices de violencia, criminalidad y desconfianza social. Según el nobel Stiglitz, la desigualdad, además, produce desconfianza en el sistema democrático si no refleja el interés general sino el de un grupo minoritario en el poder. Es muy frustrante saber que si naces en una casa pobre colombiana, solo tienes de 15% a 35% de posibilidad de cambiar tu futuro, de acuerdo con un estudio de equidad y movilidad social del Dane y los Andes (2014). No justifico la violencia, pero mayores oportunidades en educación, salud y empleo alejarían a muchos manifestantes de la necesidad de protestar.

“Derecho a un mínimo vital de internet”

Un libro de investigación publicado recientemente por el Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), se concentró en estudiar las desigualdades digitales en Colombia, tema que coincide con el escándalo del contrato billonario del ministerio de Tecnologías de la Información con una unión temporal (Centros Poblados) para instalar, de 10 mil, 7 mil puntos de acceso a internet en áreas rurales de las más lejanas y pobres del territorio nacional que, ahora, tendrán que esperar indefinidamente por su llegada efectiva. En el informe, precisamente, se aborda, como derecho fundamental, la prestación del servicio digital y su exigencia mediante la vía legal. “En el estado actual de cosas, solo es posible la tutela (frente) a la llamada faceta de abstención del derecho... a la no discriminación en el acceso a internet que se haya concretado por distintas vías”. El estudio también concluye que “afirmar este carácter (de derecho) permite, desde ya, la protección de ‘un mínimo vital de internet’” con el argumento de que “(ese acceso) es indispensable para que toda persona en Colombia pueda concretar su plan de vida y pueda desarrollar un papel activo en el tipo especial de sociedad que (se) habita hoy”·

El escándalo por un contrato billonario del Ministerio de Tecnologías de la Información para llevar internet a 10.000 sitios perjudica, directamente, escuelas rurales, veredas y municipios pequeños. Ustedes acaban de publicar una investigación relacionando desigualdad e internet. ¿Cuál fue su objetivo?

En ocasiones oímos que la pobreza y la desigualdad son falta de empeño o de trabajo por parte de los pobres. Nosotros consideramos que no basta el trabajo arduo para salir de la pobreza, pues estamos ante un problema de justicia, derechos humanos, igualdad de oportunidades y equilibrar la cancha para garantizar proyectos de vida dignos e, incluso, mejor y mayor desarrollo de los países. Específicamente sobre la desigualdad en internet, quisimos mostrar los impactos negativos de la falta de acceso a ese servicio y la necesidad de reconocer el derecho que garantice que todas las personas y no solo las más ricas accedan a él. Dejusticia acaba de lanzar una colección de libros de investigación de derechos humanos por la igualdad socioeconómica. En los primeros seis números se recogen situaciones difíciles y propuestas para enfrentarlas; una de ellas, precisamente en el campo de la desigualdad digital. (Le puede interesar: El editorial de El Espectador sobre el caso de la ministra de las TIC, Karen Abudinen).

Con el fracaso del contrato del Mintic para conectar el país mediante internet, los derechos de los niños rurales a la información y a la educación, entre otros, se verán afectados por el retraso o la imposibilidad de conectarse, en el corto plazo, con el mundo digital. En su investigación, ¿ustedes aluden a casos similares a este cuando usan la expresión “brecha digital”, conocida en los estudios más serios sobre el tema, en el mundo?

El contrato del Mintic con la unión temporal Centros Poblados pretendía conectar más de 7.000 puntos en lugares apartados de Colombia, los cuales, probablemente, son los más pobres y desiguales. Como la falta de conectividad es parte de la brecha digital, este descalabro seguirá profundizando la desigualdad y la pobreza en los hogares y personas que se iban a beneficiar con ese programa hasta cuando el nuevo contratista pueda cumplir. Pero la inequidad digital no solo se deriva de la falta de conectividad. La brecha digital es la distancia entre personas para acceder y usar tecnologías por diversos factores, uno solo de los cuales es la conectividad.

Entonces, ¿qué otros factores inciden en la denominada brecha digital?

Primero, el tiempo que tiene cada persona para dedicarse a internet; segundo, su situación económica; tercero, las relaciones sociales que tenga y que sean impulsadas o no por el uso de la tecnología; cuarto, sus relaciones culturales: conocimientos y habilidades. Estos son los recursos que, en general, al conjugarse con características particulares como la edad, la etnia, el género y la posición social, entre otras, afectan positiva o negativamente el uso del espacio digital.

En su investigación, ¿qué relación se encontró entre el ingreso económico de los hogares y el grado de utilización de internet?

Como lo indican reconocidos estudios sobre el tema, los hogares con mayores ingresos económicos usan más internet. Se encontró lo siguiente: 1. En los hogares más pobres hay más personas que no saben usar internet. 2. En los hogares más pobres es más común que las personas tengan menor motivación para usar internet que en los hogares de mayores ingresos. 3. Solo alrededor del 50 % de los hogares más pobres tiene acceso a internet, mientras el 90 % de los hogares más ricos disponen de ese servicio. En resumen, los hogares más pobres no saben, no quieren o no tienen los estímulos para acceder a internet en igual o mayor proporción que los hogares más ricos. Es la trampa de la desigualdad: el dinero afecta directamente el acceso y uso tecnológico, pero, también, lo hace de modo indirecto, porque reduce la posibilidad de contar con los demás recursos.

Aparte del factor dinero, ¿qué otras variables influyen en un menor acceso a internet y tecnologías digitales?

Depende, también, del tiempo disponible, la edad, el género, la etnia, la raza y el capital educativo, laboral y social con el que se cuente. Todos estos factores influyen, pero el estudio arrojó que el género impacta muy poco mientras que la pertenencia a una etnia afecta muchísimo. Los indígenas acceden mucho menos a internet en la mayoría de los niveles económicos.

En consecuencia, ¿se puede pronosticar que la marginalidad y el aislamiento social indígena aumentarán en lugar de disminuir?

Correcto.

¿Cuáles son las actividades cotidianas en las que incide, de modo decisivo, el acceso a internet de acuerdo con los hallazgos de su informe? O, en otras palabras, ¿cuánto se limita la participación de una persona en sociedad si no tiene ese acceso o si este es muy escaso y de baja calidad?

Se limita muchísimo. La vida, hoy, es dual: física y virtual o digital. Por ejemplo, el acceso a los recursos del programa Ingreso Solidario (mediante una plataforma), la priorización para las vacunas (en una página web) y la educación en pandemia, que llegó a ser virtual casi por completo. ¿Qué implica no tener acceso a internet en estos casos?: no acceder a los beneficios de Ingreso Solidario, no saber en qué etapa de vacunación se está o no poder dar los datos personales para cumplir las etapas de priorización y no estudiar. Estos son, apenas, ejemplos notorios del día a día de los últimos meses, ejemplos que se multiplicarán vertiginosamente en estas y otras actividades con el transcurso del tiempo.

¿Qué dice la investigación sobre el uso que los colombianos le dan a internet: comunicarse, informarse, comprar, pagar recibos, trabajar u otros? ¿Cuáles son los más corrientes?

En Colombia se usa internet con esos objetivos que usted menciona, pero con diferenciaciones, de nuevo, según el nivel de recursos. En los hogares más pobres se utiliza, ante todo, para comunicarse e informarse; a medida que avanzan los ingresos, la población incrementa usos y añade nuevos servicios, como educación, compras, finanzas, actividades laborales, trámites públicos y entretenimiento. Dar acceso a internet es dar oportunidades.

¿Cuánto está incidiendo el factor acceso a internet en la educación formal y cuántos niños y adolescentes quedaron por fuera del sistema educativo o limitados por no tener conectividad o no tenerla de manera permanente y cercana?

Nuestro estudio se basó en los datos del 2019, por no estar disponibles los actuales. Esta semana, el DANE reveló su Encuesta de Calidad de Vida 2020. Allí se ve que el indicador de inasistencia escolar nacional —que tiene en cuenta el acceso a internet—, subió de 2,7 en 2019 a 16,4 en 2020. En las zonas rurales pasó de 4,6 a 30,1. En un contexto de educación virtual, es claro que las cifras de penetración digital afectan (incrementando) la inasistencia escolar, que en esta ocasión aumentó en más del doble en las zonas rurales frente a las urbanas.

Las pruebas ICFES Saber 11 —que se están presentando en su versión 2021 este fin de semana— parecen haberse convertido en un laboratorio social de lo que acontecía en pandemia y la necesidad de tener conectividad o los efectos de no tenerla. ¿Qué encontraron en sus análisis?

En el estudio nos enfocamos en los estudiantes del último año de calendario B, o sea los que estarían terminando su educación media al finalizar el año 2020; y lo hicimos con los microdatos de las pruebas Saber 11. Para empezar, los estudiantes que no tienen internet se presentaron menos a estas pruebas, porque no alcanzaron a llegar a ese nivel educativo. Se detectó un descenso del 26,79 % en el número de estudiantes que presentaron a las pruebas Saber 11 sin tener acceso material a internet. No podemos establecer una relación causal entre la brecha digital y esa caída. No obstante, en otro libro investigación de Dejusticia profundizamos en las consecuencias nefastas de las relaciones entre las clases sociales y la educación en Colombia.

A propósito, ¿es cierto que “el acceso desigual a las tecnologías digitales produce desigual participación social” (profesor Van Dijk), lo que, a su vez, refuerza la desigualdad? ¿Cómo aplicar esta teoría en Colombia, uno de los países más desiguales del mundo y del continente?

Cada persona tiene diferentes recursos temporales (tiempo disponible), materiales (patrimonio e ingresos), sociales (relaciones con otros) y culturales (conocimientos) que al conjugarse, como hemos dicho, con sus diferentes características personales (edad, género, etnia, raza...) y posicionales (educación, trabajo, capital social...) afectan el acceso a la tecnología y la posibilidad de entrar al espacio digital. Si soy una mujer pobre, con poca educación, poca motivación y, además, tengo que ir a la fotocopiadora del pueblo y dejar de comprar aceite por usar internet, no podré fácilmente hacer teletrabajo ni estudiar de manera virtual ni tampoco participar en asuntos públicos. Todo lo anterior hace que pierda el interés en lo digital, no desarrolle estas habilidades y no participe en el mundo de la tecnología, profundizando así la propia situación de pobreza y desigualdad.

¿Y profundizando también el aislamiento social, en vista de que ahora, y cada vez más, las actividades entre unos y otros dependen del uso de la tecnología?

Sí, si no tienen la oportunidad de acceder a la tecnología, los sectores de población afectados se irán aislando, empobreciendo y, cada vez, tendrán menos oportunidades para informarse y comunicarse, pero también para intervenir en el mercado o para realizar cualquier tipo de actividad, incluso empleo y educación.

Tal como es la realidad actual en Colombia, la brecha digital no se irá cerrando sino ampliando. ¿Qué encontraron sus investigadores al respecto?

A niños y adultos de las áreas rurales los estamos condenando a permanecer en una situación precaria si no rompemos la brecha digital, pues arrancan en desventaja y no les damos la oportunidad de vencer los obstáculos con los que parten. Además de dar acceso material (como la conectividad y los dispositivos) y habilidades, es importante motivar el interés en el uso de tecnologías que se traduzca en mayor uso de estas, para estudiar, informarse, participar socialmente, intervenir en el mercado y generar trabajo o nuevos modelos de negocio.

En el ámbito internacional, el acceso a internet se considera un derecho que se relaciona, incluso, con la libertad de expresión. ¿Cuándo empezarán a exigirlo los colombianos en esta condición legal?

El acceso a internet es un servicio público esencial, de acuerdo con la ley en Colombia (1978 de 2019), pero también es un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el trabajo y la educación. Esta condición instrumental también fue defendida por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que también reconoció el acceso a internet como derecho fundamental autónomo. Estos avances indican que la rama Judicial está próxima a darle un reconocimiento pleno, porque hoy, más que nunca, una persona que no pueda acceder a un espacio digital queda prácticamente excluida del mundo contemporáneo.

¿En Colombia se han interpuesto acciones legales para reclamar el derecho de acceso a Internet?

Se han presentado tutelas relacionadas de manera indirecta con el derecho a internet.

Si bien el Estado ha sido ineficiente en proveer conectividad pública en el país, las empresas privadas sí la han llevado prácticamente a todo el territorio, aunque mediante cobros y tarifas diferenciales. ¿Hay datos, cuadros o estadísticas que indiquen cuánto les vale y qué tienen que sacrificar las capas más pobres para disponer de este servicio esencial?

Los autores del libro calcularon que la población más pobre que paga por internet gasta, en promedio, el 30 % de sus ingresos totales para poder contar con él. Entre tanto, el decil (una parte de 10) más rico no se gasta ni el 1 % de su ingreso en el servicio. Si lo miramos en ingreso per cápita, pagar la factura mensual de internet equivale al 114 % de lo que recibe una persona en un hogar pobre. En cuanto a su pregunta, las empresas privadas que prestan un servicio público también tienen la responsabilidad de cerrar la brecha digital. Vale la pena decir que, a pesar de que los precios de internet constituyen, legalmente, información pública, sólo Tigo-Une nos facilitó las tarifas. El resto de empresas los consideró secreto comercial, por cierto, de forma errónea.

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas privadas en la reducción de la brecha digital?

En principio, el Estado debe asegurar el acceso a internet de toda la ciudadanía: que no se quede ni una sola persona atrás. Sin embargo, como ya dije, debido a que las empresas privadas de internet prestan un servicio público, están obligadas, también, a cerrar la brecha digital junto con el sector público. ¿Cómo? Mediante reglamentaciones, requisitos y exigencias del Gobierno con respecto las prestadoras del servicio.

Por último y para entender el panorama general en que está incrustada la desigualdad digital, ¿cuánto crecieron la pobreza y la desigualdad social en Colombia antes, durante y después de la pandemia?

Veníamos de una reducción sostenida de la pobreza, pero ya en 2019 había aumentado un punto: del 34,7 % al 35,7 %. Con la pandemia, la pobreza se incrementó 7,2 puntos (más que la reducción de la misma en los ocho años anteriores). Esto significa que en 2020, 3,5 millones de personas vivieron con menos de $330.000 mensuales y 2,8 millones sobrevivieron con menos de $145.000 al mes. La desigualdad también venía en descenso, pero en 2018 comenzó a subir, sobre todo en las ciudades. En 2020, la porción de ingreso que cayó en manos del 10 % más rico fue del 42,4 %, mientras que el 40 % más pobre se quedó apenas con el 10 % del ingreso total.

La desigualdad digital tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad social, de acuerdo con sus respuestas. Estamos en una época de proliferación de delincuencia callejera y violencia citadina ¿Una cosa (la pobreza y la desigualdad) y la otra (la violencia citadina) también se relacionan? Le formulo la pregunta porque algunos sostienen que los manifestantes eran vándalos que no querían producir.

La desigualdad tiene un efecto negativo no solo en el crecimiento económico sino en el bienestar común e individual porque origina menos movilidad social, que a su vez crea frustración y sociedades disfuncionales con mayores índices de violencia, criminalidad y desconfianza social. Según el nobel Stiglitz, la desigualdad, además, produce desconfianza en el sistema democrático si no refleja el interés general sino el de un grupo minoritario en el poder. Es muy frustrante saber que si naces en una casa pobre colombiana, solo tienes de 15% a 35% de posibilidad de cambiar tu futuro, de acuerdo con un estudio de equidad y movilidad social del Dane y los Andes (2014). No justifico la violencia, pero mayores oportunidades en educación, salud y empleo alejarían a muchos manifestantes de la necesidad de protestar.

“Derecho a un mínimo vital de internet”

Un libro de investigación publicado recientemente por el Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), se concentró en estudiar las desigualdades digitales en Colombia, tema que coincide con el escándalo del contrato billonario del ministerio de Tecnologías de la Información con una unión temporal (Centros Poblados) para instalar, de 10 mil, 7 mil puntos de acceso a internet en áreas rurales de las más lejanas y pobres del territorio nacional que, ahora, tendrán que esperar indefinidamente por su llegada efectiva. En el informe, precisamente, se aborda, como derecho fundamental, la prestación del servicio digital y su exigencia mediante la vía legal. “En el estado actual de cosas, solo es posible la tutela (frente) a la llamada faceta de abstención del derecho... a la no discriminación en el acceso a internet que se haya concretado por distintas vías”. El estudio también concluye que “afirmar este carácter (de derecho) permite, desde ya, la protección de ‘un mínimo vital de internet’” con el argumento de que “(ese acceso) es indispensable para que toda persona en Colombia pueda concretar su plan de vida y pueda desarrollar un papel activo en el tipo especial de sociedad que (se) habita hoy”·