Hambre Cero, entre los desvaríos del sistema alimentario y el desgreño administrativo

De acuerdo con Naciones Unidas, el hambre, medida por la prevalencia de la desnutrición, tuvo una inflexión en 2015, habiendo estimado que 690 millones de personas en el mundo padecían hambre. “Poner fin al hambre”, el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), se formuló, entre otras razones, para contener ese crecimiento. En 2020 se estimó en 811 millones de personas que padecen hambre. Además, otras enfermedades asociadas a la malnutrición han alcanzado umbrales aberrantes, como los 2.000 millones de personas que padecen obesidad en diferentes grados y los 463 millones de diabéticos.

Mediante el documento Conpes 3918, Colombia formuló las estrategias para atender el cumplimiento de metas de los ODS al 2030 que, en el caso del hambre, se asociaron a la generación de empleo formal. Por su parte, en el Plan de Desarrollo del actual Gobierno se trazaron otras medidas, consistentes en la disminución de la tasa de mortalidad infantil a 6,5 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, el Plan Contra la Desnutrición NI1+, el Campo con Progreso y la Gran Alianza por la Nutrición, con cuatro Centros de Recuperación Nutricional en Cesar, Risaralda, Vichada y Norte de Santander.

A pesar de esto, la FAO reportó recientemente que 7,3 millones de residentes en Colombia están en riesgo de padecer hambre, cifras que corroboran alarmas no atendidas en informes precedentes, que se asocian con el declive del empleo formal durante la pandemia y su persistencia durante la pospandemia. Las otras aberraciones no son menos preocupantes, pues se estima que hay 1,7 millones de diabéticos y 4,5 millones de personas con algún grado de obesidad.

Son loables las metas en materia de mortalidad infantil, así como las subsecuentes intervenciones para este grupo etario; sin embargo, no hay que perder de vista que este objetivo atañe al conjunto de la población vulnerable, siendo la vejez en donde se presentan con mayor frecuencia y más incidencia las defunciones por deficiencias y anemias nutricionales: 22,3 de cada 100.000 mayores de sesenta años muere por esta causa, tasa que es cinco veces superior a la de la infancia. Esta tasa, de por sí muy elevada, es apenas una quinta parte de la registrada en este mismo grupo por la diabetes y, de hecho, esta causa ya no es exclusiva de los mayores, sino que se presenta entre infantes, adolescentes y jóvenes.

Miles de hogares continuarán cayendo bajo la línea de indigencia, debido al efecto simultáneo de la galopante inflación de alimentos y la ausencia de ingresos, pero esto se podrá evitar cuando el país tenga una política para contrarrestar la pérdida y el desperdicio de alimentos que, de acuerdo con la Ley 1990 de 2019, debería haber entrado a operar desde febrero de 2020 y a la fecha no se ha promulgado.

Las defunciones ocasionadas por la diabetes y la obesidad se podrán morigerar cuando se gestione el mandato contenido en la Ley de Etiquetado. Cuando el DANE elabore la traza de la pérdida y el desperdicio de alimentos y depure las metodologías sobre el hambre, haciéndolas más exigentes en cuanto al consumo de macronutrientes y micronutrientes y no meramente por el insustancial número de ingestas en el día, con seguridad el país podrá redoblar y encauzar mejor sus esfuerzos. Por ahora, el hambre y la malnutrición han puesto en evidencia el desgreño del Estado colombiano en materia alimentaria.

*Observatorio Hambre Cero, de la Universidad Externado.

De acuerdo con Naciones Unidas, el hambre, medida por la prevalencia de la desnutrición, tuvo una inflexión en 2015, habiendo estimado que 690 millones de personas en el mundo padecían hambre. “Poner fin al hambre”, el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), se formuló, entre otras razones, para contener ese crecimiento. En 2020 se estimó en 811 millones de personas que padecen hambre. Además, otras enfermedades asociadas a la malnutrición han alcanzado umbrales aberrantes, como los 2.000 millones de personas que padecen obesidad en diferentes grados y los 463 millones de diabéticos.

Mediante el documento Conpes 3918, Colombia formuló las estrategias para atender el cumplimiento de metas de los ODS al 2030 que, en el caso del hambre, se asociaron a la generación de empleo formal. Por su parte, en el Plan de Desarrollo del actual Gobierno se trazaron otras medidas, consistentes en la disminución de la tasa de mortalidad infantil a 6,5 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, el Plan Contra la Desnutrición NI1+, el Campo con Progreso y la Gran Alianza por la Nutrición, con cuatro Centros de Recuperación Nutricional en Cesar, Risaralda, Vichada y Norte de Santander.

A pesar de esto, la FAO reportó recientemente que 7,3 millones de residentes en Colombia están en riesgo de padecer hambre, cifras que corroboran alarmas no atendidas en informes precedentes, que se asocian con el declive del empleo formal durante la pandemia y su persistencia durante la pospandemia. Las otras aberraciones no son menos preocupantes, pues se estima que hay 1,7 millones de diabéticos y 4,5 millones de personas con algún grado de obesidad.

Son loables las metas en materia de mortalidad infantil, así como las subsecuentes intervenciones para este grupo etario; sin embargo, no hay que perder de vista que este objetivo atañe al conjunto de la población vulnerable, siendo la vejez en donde se presentan con mayor frecuencia y más incidencia las defunciones por deficiencias y anemias nutricionales: 22,3 de cada 100.000 mayores de sesenta años muere por esta causa, tasa que es cinco veces superior a la de la infancia. Esta tasa, de por sí muy elevada, es apenas una quinta parte de la registrada en este mismo grupo por la diabetes y, de hecho, esta causa ya no es exclusiva de los mayores, sino que se presenta entre infantes, adolescentes y jóvenes.

Miles de hogares continuarán cayendo bajo la línea de indigencia, debido al efecto simultáneo de la galopante inflación de alimentos y la ausencia de ingresos, pero esto se podrá evitar cuando el país tenga una política para contrarrestar la pérdida y el desperdicio de alimentos que, de acuerdo con la Ley 1990 de 2019, debería haber entrado a operar desde febrero de 2020 y a la fecha no se ha promulgado.

Las defunciones ocasionadas por la diabetes y la obesidad se podrán morigerar cuando se gestione el mandato contenido en la Ley de Etiquetado. Cuando el DANE elabore la traza de la pérdida y el desperdicio de alimentos y depure las metodologías sobre el hambre, haciéndolas más exigentes en cuanto al consumo de macronutrientes y micronutrientes y no meramente por el insustancial número de ingestas en el día, con seguridad el país podrá redoblar y encauzar mejor sus esfuerzos. Por ahora, el hambre y la malnutrición han puesto en evidencia el desgreño del Estado colombiano en materia alimentaria.

*Observatorio Hambre Cero, de la Universidad Externado.