Igualdad en libertad: Mujeres Libres para una política criminal más justa

“¡Ya es ley, ya es ley!”, fue la vigorosa consigna de varias mujeres que marcharon este 8 de marzo en Colombia. Tras años de trabas, el presidente Gustavo Petro finalmente sancionó la Ley de Servicios de Utilidad Pública para mujeres cabeza de hogar, que permitirá que mujeres vulnerables que cometieron delitos leves para sostener a sus familias (como hurtos sin violencia o delitos leves de drogas) puedan cumplir su pena con servicio comunitario. Por esto la noticia no era para menos: luego de casi diez años de que la Corte Constitucional declaró la crisis carcelaria, entre tres y cinco mil de mujeres podrán recibir un respiro de un sistema construido para hombres y que, ciego a su situación, simplemente las condenó como “malas mujeres”

Este es sin duda un paso en la dirección correcta que mejorará no solo la garantía de derechos en las cárceles de mujeres, sino también la condición de sus familias. Un estudio de la Universidad Javeriana, la Cruz Roja y el CIDE mostró en 2019 que el 75% de las mujeres en prisión son cabeza de familia, el 73% de mujeres vivía con sus hijos antes y, tras su encarcelamiento, el 38% pasaron a vivir en hogares diferentes. El perder a su cuidadora expone a sus hijos a violencias, aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de que caigan en la criminalidad en el futuro.

Esta ley no habría sido posible sin la tenacidad de las mujeres que han padecido en carne propia la violación de sus derechos en las cárceles. Pocos se pueden imaginar lo que significa ser una mujer privada de la libertad en nuestro país: además de soportar la violación de derechos que afecta a toda persona privada de la libertad, como el hacinamiento, la comida en descomposición y la falta de agua potable; las mujeres también enfrentan la insuficiencia de toallas higiénicas, a no tener atención ginecológica, a malos tratos por la guardia que las ve como “malas mujeres”, a recibir menos visitas de sus hijos y familiares que los hombres, a habitar peores cárceles. Son en su mayoría mujeres vulnerables que no tuvieron oportunidades de estudio, que tienen a su cargo el cuidado y sostenimiento de familiares y que enfrentan obstáculos para encontrar empleo. Muchas también han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de género.

Pero mujeres como Claudia Cardona, directora y cofundadora de Mujeres Libres, sí lo saben bien. Luego de salir de prisión, en 2017, Claudia se unió al grupo de organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a la crisis carcelaria para abogar por los derechos de las mujeres y visibilizar las problemáticas que enfrentan dentro y después de salir de prisión.

Según Claudia, “las mujeres reciben formación en actividades de trabajo que, como el bordado o el aseo, refuerzan estereotipos de género y no las preparan para encontrar empleo ni para la vida en libertad. También enfrentan discriminación en el sistema de justicia: reciben una mala defensa de sus abogados, se enfrentan a jueces y fiscales que les niegan beneficios o les imponen penas altas, todo por ser ‘malas mujeres’, ‘malas madres’”. Y sus familias también sufren, pues la mayoría cometieron delitos para sostener a sus seres queridos y quedaron sin su apoyo y cuidado: las notas de sus hijos bajarán, sus familias tendrán más dificultades para sostenerse y ahora, detrás de las rejas, solo podrán verlos cuando la guardia lo permita, que durante la pandemia fue casi nunca.

Pero Claudia también sabe que el calvario no termina al recibir la libertad. “Al salir de prisión, las mujeres se enfrentan a una sociedad donde el estigma de sus antecedentes no les permite abrir una cuenta bancaria, les hace casi imposible conseguir empleo. Y si lo encuentran se exponen a discriminación, explotación y violencias de género porque, como dicen, ‘antes debe agradecer porque estuvo en prisión’”. Precisamente por esto, en 2019 ella y otras ocho mujeres que estuvieron privadas de la libertad fundaron Mujeres Libres, una organización dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres que están o han pasado por la cárcel.

Desde entonces, Mujeres Libres se ha convertido en una de las organizaciones más activas en la lucha por los derechos de las mujeres privadas de la libertad y cuenta hoy con más de 500 inscritas. Ellas no solo han intervenido en el Congreso para promover leyes que mejoren las condiciones de vida en prisión, como la ley que garantiza la entrega gratuita de artículos para la salud menstrual en las cárceles. También promueven reformas a la política criminal, que históricamente ha visto equivocadamente la prisión como la única solución a la criminalidad y todavía se resiste a adoptar un enfoque transversal de género. Así, Mujeres Libres asesoró la elaboración de la Ley de Servicios de Utilidad Pública y la defendió ante la Corte Constitucional de las objeciones infundadas del expresidente Iván Duque.

Mujeres Libres también ha abogado por los derechos de las mujeres privadas de la libertad fuera de Colombia. Ha intervenido en instancias como Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que inspiró el surgimiento de grupos similares en otros países, como Chile, México y El Salvador. Hoy, Mujeres Libres lidera la red latinoamericana “Mujeres Libertarias Fundiendo Rejas” y hace parte del Comité Organizador de la Red Internacional de Mujeres que han estado en prisión, que reúne a mujeres de más de 25 países en la lucha por sus derechos humanos.

Y, sin embargo, quizás la tarea más admirable de Mujeres Libres es no dejar solas a las mujeres que han pasado por prisión, mujeres que son abandonadas por la sociedad. “El primer paso para exigir un derecho es conocerlo”, dice Claudia. Así explica por qué ella y sus compañeras visitan cárceles para enseñarles a las mujeres sus derechos consagrados en las Reglas Bangkok y otros tratados internacionales, y les ofrecen apoyo psicosocial y asesoría cuando salen de prisión. Esto les ha dado un espacio seguro para compartir sus experiencias y enfrentar el reto de regresar a una sociedad que les cierra casi todas las puertas.

La aprobación de esta ley es un buen primer paso para saldar las desigualdades de la política criminal, pero no resolverá todas las inequidades de género de nuestras cárceles ni de nuestra sociedad. Todavía queda mucho por hacer, desde resolver los obstáculos que enfrentan las mujeres en el mercado laboral hasta adoptar un enfoque de género transversal en nuestra política criminal. Y aunque estos cambios no se lograrán de la noche a la mañana, será gracias a mujeres como Claudia Cardona y sus Mujeres Libres que Colombia podrá llegar a ser una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan ser realmente libres.

(*) Investigador de Dejusticia

(**) Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.

“¡Ya es ley, ya es ley!”, fue la vigorosa consigna de varias mujeres que marcharon este 8 de marzo en Colombia. Tras años de trabas, el presidente Gustavo Petro finalmente sancionó la Ley de Servicios de Utilidad Pública para mujeres cabeza de hogar, que permitirá que mujeres vulnerables que cometieron delitos leves para sostener a sus familias (como hurtos sin violencia o delitos leves de drogas) puedan cumplir su pena con servicio comunitario. Por esto la noticia no era para menos: luego de casi diez años de que la Corte Constitucional declaró la crisis carcelaria, entre tres y cinco mil de mujeres podrán recibir un respiro de un sistema construido para hombres y que, ciego a su situación, simplemente las condenó como “malas mujeres”

Este es sin duda un paso en la dirección correcta que mejorará no solo la garantía de derechos en las cárceles de mujeres, sino también la condición de sus familias. Un estudio de la Universidad Javeriana, la Cruz Roja y el CIDE mostró en 2019 que el 75% de las mujeres en prisión son cabeza de familia, el 73% de mujeres vivía con sus hijos antes y, tras su encarcelamiento, el 38% pasaron a vivir en hogares diferentes. El perder a su cuidadora expone a sus hijos a violencias, aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de que caigan en la criminalidad en el futuro.

Esta ley no habría sido posible sin la tenacidad de las mujeres que han padecido en carne propia la violación de sus derechos en las cárceles. Pocos se pueden imaginar lo que significa ser una mujer privada de la libertad en nuestro país: además de soportar la violación de derechos que afecta a toda persona privada de la libertad, como el hacinamiento, la comida en descomposición y la falta de agua potable; las mujeres también enfrentan la insuficiencia de toallas higiénicas, a no tener atención ginecológica, a malos tratos por la guardia que las ve como “malas mujeres”, a recibir menos visitas de sus hijos y familiares que los hombres, a habitar peores cárceles. Son en su mayoría mujeres vulnerables que no tuvieron oportunidades de estudio, que tienen a su cargo el cuidado y sostenimiento de familiares y que enfrentan obstáculos para encontrar empleo. Muchas también han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de género.

Pero mujeres como Claudia Cardona, directora y cofundadora de Mujeres Libres, sí lo saben bien. Luego de salir de prisión, en 2017, Claudia se unió al grupo de organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a la crisis carcelaria para abogar por los derechos de las mujeres y visibilizar las problemáticas que enfrentan dentro y después de salir de prisión.

Según Claudia, “las mujeres reciben formación en actividades de trabajo que, como el bordado o el aseo, refuerzan estereotipos de género y no las preparan para encontrar empleo ni para la vida en libertad. También enfrentan discriminación en el sistema de justicia: reciben una mala defensa de sus abogados, se enfrentan a jueces y fiscales que les niegan beneficios o les imponen penas altas, todo por ser ‘malas mujeres’, ‘malas madres’”. Y sus familias también sufren, pues la mayoría cometieron delitos para sostener a sus seres queridos y quedaron sin su apoyo y cuidado: las notas de sus hijos bajarán, sus familias tendrán más dificultades para sostenerse y ahora, detrás de las rejas, solo podrán verlos cuando la guardia lo permita, que durante la pandemia fue casi nunca.

Pero Claudia también sabe que el calvario no termina al recibir la libertad. “Al salir de prisión, las mujeres se enfrentan a una sociedad donde el estigma de sus antecedentes no les permite abrir una cuenta bancaria, les hace casi imposible conseguir empleo. Y si lo encuentran se exponen a discriminación, explotación y violencias de género porque, como dicen, ‘antes debe agradecer porque estuvo en prisión’”. Precisamente por esto, en 2019 ella y otras ocho mujeres que estuvieron privadas de la libertad fundaron Mujeres Libres, una organización dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres que están o han pasado por la cárcel.

Desde entonces, Mujeres Libres se ha convertido en una de las organizaciones más activas en la lucha por los derechos de las mujeres privadas de la libertad y cuenta hoy con más de 500 inscritas. Ellas no solo han intervenido en el Congreso para promover leyes que mejoren las condiciones de vida en prisión, como la ley que garantiza la entrega gratuita de artículos para la salud menstrual en las cárceles. También promueven reformas a la política criminal, que históricamente ha visto equivocadamente la prisión como la única solución a la criminalidad y todavía se resiste a adoptar un enfoque transversal de género. Así, Mujeres Libres asesoró la elaboración de la Ley de Servicios de Utilidad Pública y la defendió ante la Corte Constitucional de las objeciones infundadas del expresidente Iván Duque.

Mujeres Libres también ha abogado por los derechos de las mujeres privadas de la libertad fuera de Colombia. Ha intervenido en instancias como Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que inspiró el surgimiento de grupos similares en otros países, como Chile, México y El Salvador. Hoy, Mujeres Libres lidera la red latinoamericana “Mujeres Libertarias Fundiendo Rejas” y hace parte del Comité Organizador de la Red Internacional de Mujeres que han estado en prisión, que reúne a mujeres de más de 25 países en la lucha por sus derechos humanos.

Y, sin embargo, quizás la tarea más admirable de Mujeres Libres es no dejar solas a las mujeres que han pasado por prisión, mujeres que son abandonadas por la sociedad. “El primer paso para exigir un derecho es conocerlo”, dice Claudia. Así explica por qué ella y sus compañeras visitan cárceles para enseñarles a las mujeres sus derechos consagrados en las Reglas Bangkok y otros tratados internacionales, y les ofrecen apoyo psicosocial y asesoría cuando salen de prisión. Esto les ha dado un espacio seguro para compartir sus experiencias y enfrentar el reto de regresar a una sociedad que les cierra casi todas las puertas.

La aprobación de esta ley es un buen primer paso para saldar las desigualdades de la política criminal, pero no resolverá todas las inequidades de género de nuestras cárceles ni de nuestra sociedad. Todavía queda mucho por hacer, desde resolver los obstáculos que enfrentan las mujeres en el mercado laboral hasta adoptar un enfoque de género transversal en nuestra política criminal. Y aunque estos cambios no se lograrán de la noche a la mañana, será gracias a mujeres como Claudia Cardona y sus Mujeres Libres que Colombia podrá llegar a ser una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan ser realmente libres.

(*) Investigador de Dejusticia

(**) Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.