La lucha por la justicia racial desde los datos y el litigio

Ser una persona afro en Colombia es la suma de muchos retos y obstáculos sistemáticos y crónicos. Encarar el racismo es una batalla que no termina, en especial cuando no se cuentan con los datos estadísticos que soporten que el racismo de nuestro país está ligado a la estructura en que nuestra sociedad está construida. Imagínense la gravísima omisión que cometió el DANE en el año 2018 cuando en su Censo no contó de forma correcta a la población afro. Sin embargo, esta falta no pasó desapercibida ni por movimientos ni por organizaciones que trabajan por la garantía de Derechos de las comunidades negras.

En esta lucha hubo una organización que en su quehacer y con perseverancia, logró que la Corte Constitucional declarará que en efecto sí hubo invisibilización estadísticas de la población afro en el Censo del 2018. Gracias al apoyo de ILEX Acción Jurídica el año pasado se entendió la trascendencia que puede tener el conteo del Censo entre comunidades marginalizadas.

ILEX es una organización liderada por abogadas afrocolombianas que se proponen crear y ejecutar diferentes mecanismos de acción para proteger y fortalecer a las comunidades afro del país. Esta organización está incidiendo en el derecho desde un lugar excepcional, puesto que con su trabajo pretende hacer gestión pedagógica sobre racismo y reparar el tejido social dentro de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras; en otras palabras, ejercer el derecho como instrumento de cambio.

Quienes somos parte de la diáspora africana y vivimos la racialización de primera mano sabemos que es fundamental contar con políticas públicas que tengan un enfoque étnico/ racial. La misma organización ILEX explica en sus redes que la justicia racial debe estar también ligada a políticas con enfoque étnico/racial: “la política fiscal es un instrumento para la distribución del ingreso y la riqueza, la forma de recolección y, en general, la capacidad para la inversión en políticas públicas y planes de desarrollo los que tienen como fin la garantía de los derechos de todas las personas.” Ahora imaginémonos que esa política fiscal está desprovista de la información completa y que por eso millares de personas afro se quedarán por fuera de oportunidades que se relacionen con su crecimiento académico, social o económico.

El reconocimiento de la negritud como parte de una conversación más amplia y urgente mantiene a ILEX en el filo de la navaja. Sin lugar a dudas esta organización lucha contra el racismo tan presente en las diferentes esferas sociales. La invisibilidad estadística, además, contribuye a una idea de mestizaje errónea, una idea de mestizaje que ignora que sí existen diferencias en nuestro país que se originan por la idea de raza y la manera en que se han dado los procesos de racialización en Colombia. Para empezar, el instrumento que mide en el CENSO quién es afro ya tiene muchos vacíos que impidieron el autorreconocimiento y la movilidad adecuada para el conteo de la población afro. Dayana Blanco, abogada fundadora de ILEX, asegura: “en Colombia las narrativas del mestizaje y las narrativas que niegan la existencia de la discriminación racial y el racismo son muy extendidas. Eso permea de manera importante las instituciones judiciales”.

La invisibilidad estadística es un borrado a la memoria nacional, en especial un borrado a la magnitud de los aportes, las necesidades y la riqueza de las comunidades afrocolombianas. ILEX, por medio de acciones pedagógicas, insiste en la importancia que tiene la información estadística veraz y confiable: “si no hay datos confiables sobre el tamaño, ubicación y condiciones de vida de la población afrodescendiente, el Estado no podrá contar con información suficiente para atender las situaciones de exclusión sistemática que afectan a esta población.” ILEX busca mostrarle a Colombia las realidades de las personas negras usando como puente el reconocimiento de sus diferentes intersecciones, si bien su aporte fue muy significativo en lo que terminó por aceptar la Corte Constitucional con respecto a la invisibilidad estadística del 2018, este no es el único que aporte que han realizado a la contabilidad estadística de las poblaciones negras.

ILEX cuenta entre sus diferentes líneas temáticas con una específicamente dedicada a la justicia de datos y representación, coordinada por Daniel Gómez, quien nos contó: “muchas personas no consideran que existan brechas sociales significativas o patrones de discriminación que afecten a poblaciones históricamente excluidas como la afrocolombiana. Las cifras en ese sentido son la prueba que permite acreditar la existencia de la discriminación. Si no tenemos cifras, no solamente no podemos diagnosticar el problema, sino que probablemente no habrá sustento jurídico suficiente frente a cualquier tipo de política pública que hagamos para remediar esas brechas”. Si no hay cifras, no hay acceso a derechos, las personas afrodescendientes deben estar clara y contundentemente entre las estadísticas poblacionales del país, de lo contrario, como lo subraya ILEX, no existimos para el Estado. Esta organización busca visibilizar los diversos desafíos que atraviesa la vida de las personas afrocolombianas en la lucha por la garantía de sus derechos, como sucede, por ejemplo, con el anexo de las parteras al sistema de salud que se hace efectivo a través de la sentencia T-128 de 2022 “con la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhorta al Congreso a legislar sobre el tema.”

La organización ha publicado 14 textos entre informes, recomendaciones y estudios que robustecen el estudio del derecho bajo el lente de la raza, una investigación que lleva muy poco tiempo en Colombia, en especial desde la orilla de lo jurídico. Una perspectiva de justicia racial es una oportunidad para cambiar la política pública, como el ejemplo que nos da ILEX con la política fiscal que con un enfoque étnico/racial podría entenderse como un instrumento para adoptar decisiones relacionadas con el gasto, el impuesto y el endeudamiento.

Es un logro para las personas negras, dado que la Corte Constitucional le hizo la exigencia al DANE de realizar un estudio que “evalúe de manera sistemática y comprensiva” las razones detrás de la invisibilización y disminución de la población afrodescendiente en los últimos tres censos. ILEX se comprometió a hacerle seguimiento al fallo. Sabemos que ILEX continuará trabajando para garantizar los derechos de la población afro en nuestro país.

(*) Escritora y colaboradora de Dejusticia (adcaroma@gmail.com ). Escritora y profesora. Ha publicado su trabajo en revistas como Southwest Review, Sombralarga y ExLibris. Columnista de El país (España),

Volcánicas y Manifiesta (Colombia). Poeta, productora del podcast Manifiesto Cimarrón donde conversa con otras personas negras sobre negritud, diversidad y resistencia.

(**) Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.

Ser una persona afro en Colombia es la suma de muchos retos y obstáculos sistemáticos y crónicos. Encarar el racismo es una batalla que no termina, en especial cuando no se cuentan con los datos estadísticos que soporten que el racismo de nuestro país está ligado a la estructura en que nuestra sociedad está construida. Imagínense la gravísima omisión que cometió el DANE en el año 2018 cuando en su Censo no contó de forma correcta a la población afro. Sin embargo, esta falta no pasó desapercibida ni por movimientos ni por organizaciones que trabajan por la garantía de Derechos de las comunidades negras.

En esta lucha hubo una organización que en su quehacer y con perseverancia, logró que la Corte Constitucional declarará que en efecto sí hubo invisibilización estadísticas de la población afro en el Censo del 2018. Gracias al apoyo de ILEX Acción Jurídica el año pasado se entendió la trascendencia que puede tener el conteo del Censo entre comunidades marginalizadas.

ILEX es una organización liderada por abogadas afrocolombianas que se proponen crear y ejecutar diferentes mecanismos de acción para proteger y fortalecer a las comunidades afro del país. Esta organización está incidiendo en el derecho desde un lugar excepcional, puesto que con su trabajo pretende hacer gestión pedagógica sobre racismo y reparar el tejido social dentro de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras; en otras palabras, ejercer el derecho como instrumento de cambio.

Quienes somos parte de la diáspora africana y vivimos la racialización de primera mano sabemos que es fundamental contar con políticas públicas que tengan un enfoque étnico/ racial. La misma organización ILEX explica en sus redes que la justicia racial debe estar también ligada a políticas con enfoque étnico/racial: “la política fiscal es un instrumento para la distribución del ingreso y la riqueza, la forma de recolección y, en general, la capacidad para la inversión en políticas públicas y planes de desarrollo los que tienen como fin la garantía de los derechos de todas las personas.” Ahora imaginémonos que esa política fiscal está desprovista de la información completa y que por eso millares de personas afro se quedarán por fuera de oportunidades que se relacionen con su crecimiento académico, social o económico.

El reconocimiento de la negritud como parte de una conversación más amplia y urgente mantiene a ILEX en el filo de la navaja. Sin lugar a dudas esta organización lucha contra el racismo tan presente en las diferentes esferas sociales. La invisibilidad estadística, además, contribuye a una idea de mestizaje errónea, una idea de mestizaje que ignora que sí existen diferencias en nuestro país que se originan por la idea de raza y la manera en que se han dado los procesos de racialización en Colombia. Para empezar, el instrumento que mide en el CENSO quién es afro ya tiene muchos vacíos que impidieron el autorreconocimiento y la movilidad adecuada para el conteo de la población afro. Dayana Blanco, abogada fundadora de ILEX, asegura: “en Colombia las narrativas del mestizaje y las narrativas que niegan la existencia de la discriminación racial y el racismo son muy extendidas. Eso permea de manera importante las instituciones judiciales”.

La invisibilidad estadística es un borrado a la memoria nacional, en especial un borrado a la magnitud de los aportes, las necesidades y la riqueza de las comunidades afrocolombianas. ILEX, por medio de acciones pedagógicas, insiste en la importancia que tiene la información estadística veraz y confiable: “si no hay datos confiables sobre el tamaño, ubicación y condiciones de vida de la población afrodescendiente, el Estado no podrá contar con información suficiente para atender las situaciones de exclusión sistemática que afectan a esta población.” ILEX busca mostrarle a Colombia las realidades de las personas negras usando como puente el reconocimiento de sus diferentes intersecciones, si bien su aporte fue muy significativo en lo que terminó por aceptar la Corte Constitucional con respecto a la invisibilidad estadística del 2018, este no es el único que aporte que han realizado a la contabilidad estadística de las poblaciones negras.

ILEX cuenta entre sus diferentes líneas temáticas con una específicamente dedicada a la justicia de datos y representación, coordinada por Daniel Gómez, quien nos contó: “muchas personas no consideran que existan brechas sociales significativas o patrones de discriminación que afecten a poblaciones históricamente excluidas como la afrocolombiana. Las cifras en ese sentido son la prueba que permite acreditar la existencia de la discriminación. Si no tenemos cifras, no solamente no podemos diagnosticar el problema, sino que probablemente no habrá sustento jurídico suficiente frente a cualquier tipo de política pública que hagamos para remediar esas brechas”. Si no hay cifras, no hay acceso a derechos, las personas afrodescendientes deben estar clara y contundentemente entre las estadísticas poblacionales del país, de lo contrario, como lo subraya ILEX, no existimos para el Estado. Esta organización busca visibilizar los diversos desafíos que atraviesa la vida de las personas afrocolombianas en la lucha por la garantía de sus derechos, como sucede, por ejemplo, con el anexo de las parteras al sistema de salud que se hace efectivo a través de la sentencia T-128 de 2022 “con la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social en Salud y exhorta al Congreso a legislar sobre el tema.”

La organización ha publicado 14 textos entre informes, recomendaciones y estudios que robustecen el estudio del derecho bajo el lente de la raza, una investigación que lleva muy poco tiempo en Colombia, en especial desde la orilla de lo jurídico. Una perspectiva de justicia racial es una oportunidad para cambiar la política pública, como el ejemplo que nos da ILEX con la política fiscal que con un enfoque étnico/racial podría entenderse como un instrumento para adoptar decisiones relacionadas con el gasto, el impuesto y el endeudamiento.

Es un logro para las personas negras, dado que la Corte Constitucional le hizo la exigencia al DANE de realizar un estudio que “evalúe de manera sistemática y comprensiva” las razones detrás de la invisibilización y disminución de la población afrodescendiente en los últimos tres censos. ILEX se comprometió a hacerle seguimiento al fallo. Sabemos que ILEX continuará trabajando para garantizar los derechos de la población afro en nuestro país.

(*) Escritora y colaboradora de Dejusticia (adcaroma@gmail.com ). Escritora y profesora. Ha publicado su trabajo en revistas como Southwest Review, Sombralarga y ExLibris. Columnista de El país (España),

Volcánicas y Manifiesta (Colombia). Poeta, productora del podcast Manifiesto Cimarrón donde conversa con otras personas negras sobre negritud, diversidad y resistencia.

(**) Este artículo hace parte del especial #TejidoVivo, producto de una alianza periodística entre el centro de estudios Dejusticia y El Espectador.