Jimmy Moreno: “Los sueños de un país para la vida digna son los que me sostienen”

Jimmy Moreno ha participado de movimientos como el Congreso de los Pueblos, el Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y la Mesa Social por la Paz.

Foto: Cortesí

Jimmy Moreno, de 46 años, es oriundo de Floridablanca, Santander, y desde hace varios años se ha dedicado a trabajar como líder social y ambiental. Ha participado de distintos procesos con Juntas de Acción Comunal en Santander y, desde 2010 ha estado vinculado con el Congreso de los Pueblos, un movimiento político y social que agrupa a campesinos e indígenas, y que busca proteger los derechos humanos y apoyar las luchas de las comunidades en los territorios.

El pasado 28 de septiembre, sin embargo, fue detenido por la Policía de Popayán en cumplimiento de una orden de captura en su contra por el delito de rebelión agravada. La Fiscalía enunció algunos de los movimientos y organizaciones de las que ha hecho parte Jimmy como prueba de, por ejemplo, la capacidad que tiene de convocar grandes grupos de personas. También se nombró su participación en la Mesa Social para la Paz como muestra de su afinidad con el Eln. La Mesa fue una iniciativa donde varios sectores de la sociedad civil se unieron para participar en el proceso de negociación entre el Gobierno y este grupo armado.

Siete días después, el 5 de octubre, la jueza de control de garantías Libertad Galíndez no decretó ninguna medida privativa de la libertad en su contra, mientras avanza el resto del proceso judicial. Es decir, la jueza no consideró que la petición de la Fiscalía de dejar a Moreno detenido fuera proporcional, porque no encontró que él constituyera un peligro para la sociedad, que fuese a obstruir la justicia o evadirla. Moreno también señaló que la jueza había dicho que no había suficientes pruebas concretas en su contra, sino solo inferencias circunstanciales.

No es la primera vez que integrantes de la organización son señalados por las autoridades judiciales. En el 2015, diez integrantes del Congreso de los Pueblos fueron detenidos después de un ataque contra sedes de la empresa Porvenir en Bogotá. El presunto responsable fue el Eln, y a los detenidos del Congreso los señalaron de estar vinculados al grupo armado. El 2 julio de 2015, dos artefactos explotaron en sendas peatonales de Porvenir, hiriendo al menos a ocho personas.

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía probó la participación de David Camilo Rodríguez, alias el ‘Profe’, quien era miembro del Eln. Frente a los 12 detenidos del Congreso de los Pueblos, la entidad señaló que habían participado en una jornada de protesta el 20 de mayo de 2015 en la Universidad Nacional, y que había vínculos entre el ‘Profe’ y varios de ellos para la producción de papas bomba. A unos se les imputaron los delitos de rebelión y terrorismo, mientras otros fueron acusados de los delitos de tráfico, porte, fabricación de explosivos y violencia contra servidor público. Eventualmente, quedaron libres.

En diálogo con El Espectador, habla sobre sus inicios como líder social, los desencuentros con autoridades e instituciones y lo que viene después de su detención y captura.

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Antes del Congreso de los Pueblos ¿cómo comenzó usted su recorrido como líder social y ambiental?

Iniciamos un trabajo en el marco de lo comunal, con Juntas de Acción Comunal en el área de mi municipio, Floridablanca. Posteriormente iniciamos un proceso, sobre el año 2002-2003, que se llamó la Asamblea Municipal Constituyente de Floridablanca. En ese momento, los procesos de constituyentes municipales estaban desarrollándose en el país como una perspectiva de construcción de territorios de paz. La hicimos en ese municipio porque Floridablanca siempre ha sido uno de los municipios más corruptos que ha tenido Colombia. Luego estuvimos trabajando en todo este proceso del Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, más o menos desde el 2010-2011.

Empezamos a pensar más también en un alcance más regional y nacional en las luchas por la defensa de los páramos y el agua. Allí se hicieron movilizaciones muy grandes. Una de esas, en la que estuvimos muy activos, fue ‘Cien mil voces por el agua’. Fue una dinámica nacional e internacional, una movilización de más de 100 mil personas en Bucaramanga. También en ese momento, empezamos a encontrarnos en el marco de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, un proceso nacional que surge en el Cauca desde el movimiento indígena. Algunas organizaciones sociales y políticas empiezan a plantear que solos no se puede y que era necesario caminar el país en búsqueda y en la construcción de un proceso nacional. De allí empezó también a surgir el tema de la minga. Y es en 2010 que se da con el lanzamiento del Congreso de los Pueblos en Bogotá.

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Usted ha comentado que, desde estos inicios, se ha enfrentado a la persecución por ser líder social y ambiental ¿cómo empezó a vivir esto?

Sí, salían panfletos amenazando tanto individual como colectivamente, después de ciertos procesos de ciudad, por ejemplo. Tuve una dinámica de trabajo barrial y posteriormente empezaron a llegar panfletos de amenazas, amenazas por redes, seguimientos en la casa, amenazas por parte de los paramilitares, no solo a mí, sino también a la familia. Como producto de eso, salí de la región y empecé a asumir las tareas más de carácter nacional. Algunas se denunciaron a la Fiscalía y, como pasa, no hubo ningún tipo de investigación y no se logró dar con los responsables. Siempre en estas dinámicas, uno encuentra mucho rechazo, por ejemplo, por parte de las instituciones, la Policía, el mismo Ejército, y también por la clase política, que no le gustan este tipo de procesos. Entonces también empieza un proceso de estigmatización, de señalamientos, generalmente cuando la gente empieza a organizarse, empieza a tener otra visión de la política. En Colombia la labor de un líder o lideresa, de los defensores de derechos humanos siempre está en un punto de estigmatización, de criminalización. Las cifras en la historia marcan que en nuestro país esta es una de las labores más bonitas, más interesantes, por el sentido que se tiene del humano, de la comunidad, pero también de las más riesgosas.

¿Cómo llegó usted a vincularse al Congreso?

Cuando estábamos realizando todo el trabajo del Páramo de Santurbán, empezamos a hacer un ejercicio de articulación regional y nacional con muchas organizaciones. Allí empezó a surgir una dinámica que llamamos en el 2009-2010 la minga comunera, un poco también pensando cuál era nuestra visión de región, cuál era nuestra perspectiva de país. Eso se desarrolló el 8, 9 y 10 de julio de 2010. Hicimos unos encuentros de campesinos, de mujeres, de jóvenes y se hicieron unas asambleas en municipios y desarrollamos un ejercicio de movilización. Posteriormente esto se articula a la dinámica de construcción del Congreso de los Pueblos, que es un proceso que viene desde lo local y desde lo territorial.

¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que encontró el Congreso?

A pesar de que el Gobierno reconoce el ejercicio de la Cumbre y las mismas organizaciones que somos parte de esa dinámica, siempre ha habido un obstáculo en términos de cuando se hacen paros, por ejemplo. Uno escucha declaraciones, por ejemplo, del ministro de Defensa, del ministro de Interior, de funcionarios de territoriales, estigmatizando, diciendo que los paros están influidos o tienen incidencia de algún grupo insurgente armado. Son declaraciones muy peligrosas en un contexto colombiano, donde matan a la gente por menos.

Cuando empieza a hacerse ese escenario de señalamientos, obviamente pone en riesgo a un montón de gente de procesos organizativos que están ahí en esa dinámica de movilización. Hemos sabido de seguimientos a nuestro proceso, a dirigentes nacionales, regionales y hemos tenido muchos procesos de judicialización. Desde 2002 a hoy, ha habido más de 400 miembros del Congreso de los Pueblos judicializados por la Fiscalía. Eso evidencia que es un patrón sistemático del Estado colombiano, que se expresa en judicialización, criminalización, represión a la protesta, asesinato a los dirigentes territoriales y nacionales.

La mayoría de ellos han salido libres porque lo que busca la Fiscalía es generar miedo, destrucción de los procesos organizativos y no hay ningún elemento de prueba, ni lo van a tener. Pero muchos de ellos han tenido que pasar dos, tres, hasta cuatro años en la cárcel esperando a que les resuelvan su situación judicial.

También ha habido mucha discusión con el Estado colombiano, así como ministerios, la Policía, la misma Fiscalía, las distintas instituciones, por su actitud en términos de incumplimiento de los acuerdos y también por la actitud tan pasiva que tiene el Estado colombiano en resolver todas las crisis humanitarias. Hay tensiones con la parte militar, con los paramilitares, con las insurgencias y más con todo el tema del narcotráfico. Desde muchas visiones de distintos actores se estigmatizan y se criminalizan a los líderes y movimientos sociales.

En varios de los casos de procesos en contra de integrantes del Congreso, incluído el suyo, hay señalamientos por supuestos nexos con el Eln. ¿A qué cree que se debe esta vinculación que hacen con este grupo armado?

La mayoría de nuestros procesos organizativos está asentada y mantiene su trabajo político en zonas de influencia del Eln. Eso no quiere decir que la gente sea parte de ese movimiento insurgente armado. Quizás podemos tener identidades y perspectivas político-ideológicas similares, pero eso tampoco significa que seamos parte del grupo armado. Si no, nos quedaríamos en términos de lo que está diciendo la Fiscalía, de que todo lo que sea oposición, todo lo que sea un pensamiento crítico, todo lo que sean ideas distintas a lo que representa este régimen está mal.

Entonces uno entiende que hay muchos intereses ahí inmersos y todo eso empieza también a verse en el marco de estas situaciones judiciales. Por ejemplo, en el caso de Julián Gil, que era secretario técnico del Congreso de los Pueblos, le hicieron un montaje judicial y estuvo preso en La Picota más de dos años. No se pudo demostrar su culpa porque también hacía parte de ese montaje oficial y hoy el compañero salió libre. Tenemos este nuevo momento de judicialización en este fin de año. Fueron detenidos tres compañeros: Adelso, Teófilo y Robert. Tres dirigentes campesinos nacionales y que han tenido una labor histórica en sus territorios. Y está el caso mío. Todos son casi iguales, porque los argumentos de la Fiscalía son que hacemos parte de los movimientos u organizaciones sociales; hemos venido trabajando en dinámicas de construcción de paz como la Mesa Social para la paz; hacemos parte de dinámicas de movilización; y que tenemos un pensamiento crítico e ideas diferentes, que tal vez creemos en una visión de socialismo.

Eso para la Fiscalía es prácticamente un delito, por eso nosotros tenemos esta campaña de “Ser líder social no es un delito”. La hemos venido moviendo desde hace algunos años, a raíz de esta situación de la Fiscalía. Ser líder o lideresa social no es ningún delito en nuestro país. En algunos espacios de negociación incluso le hemos dicho a la Fiscalía que si tiene alguna investigación contra el Congreso de los Pueblos o contra algún dirigente nacional o regional, aquí estamos para que nos lo hagan saber. Nosotros somos líderes, si en cualquier momento hay que aclarar una situación jurídica, acá estamos. Nuestra labor siempre ha sido pública, se conoce, en toda esta dinámica de movimiento social.

Usted comentaba que se han enfrentado a amenazas por parte de los paramilitares o disidencias de las Farc, pero hay una tensión y desconfianza con las instituciones oficiales, entonces, ¿han decidido seguir denunciando las amenazas ante la Fiscalía o han implementado otro tipo de estrategias?

Sin creer en la justicia, hemos procedido a hacer denuncias, que es lo más natural, aun sabiendo cuál va a ser el resultado. A nosotros no nos gusta lo que llaman esquemas de seguridad, sino que tenemos nuestro mecanismo de autoprotección con las guardias. Así nos protegemos. Tenemos un grupo de reacción inmediata, un chat de WhatsApp, donde cualquier situación de agresión, de amenazas, se comunica y actúan las instituciones, pero su respuesta es muy lenta y a veces no logran los resultados que esperamos. Además de eso, se vienen haciendo denuncias públicas, acciones internacionales, casos IDH, escenarios de debate político que se dan en algunos espacios como Naciones Unidas.

Venimos avanzando en nuestra perspectiva de gobiernos propios. Son alternativas que vamos construyendo partiendo del hecho de que no creemos en este Estado, no creemos en las instituciones y que nuestra visión efectivamente es hacer una transformación estructural en nuestro país.

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¿En qué regiones se concentran los casos que comenta de desaparición y asesinatos?

En todo el país. Nos pasó este año una situación de un compañero del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN) del Chocó y lo secuestraron los paramilitares. Supimos el momento y el sitio, pero por seguridad no son informaciones de manejo público. Vimos una total pasividad del Ejército, de la Policía, incluso de las mismas instituciones que supuestamente están en defensa de los derechos humanos. Hoy el compañero está desaparecido, muy posiblemente ya lo mataron, porque era un líder y dirigente alto que venía haciendo una buena labor en desarrollo de los Consejos Comunitarios. Vemos que evidentemente la guerra se asienta más en el suroccidente, en el Cauca, Nariño. Hoy en Cauca la situación es muy crítica. Muchos dirigentes campesinos han sido asesinados por el tema del narcotráfico. Cuando se habla de disminuir o de sustituir cultivos, eso es prácticamente una amenaza para los dirigentes que se atrevan a proponer eso.

Venimos de un proceso de paz, pero de una paz casi que fallida, porque no cumplieron los acuerdos y en los territorios se agravó la crisis del conflicto armado. Eso se expresa en el marco de lo que se está viendo en el país además del tratamiento militar que el Estado colombiano le está dando a este conflicto social y armado. El conflicto social también es la actitud hacia el paro nacional: el gobierno decide controlar la protesta con asistencia militar y lo que da es vía libre para que masacren a los jóvenes que se movilizaron.

Precisamente su detención y captura el pasado 28 de septiembre se da en un contexto de Paro Nacional...

Nosotros conocimos previamente esa situación y de una vez empezamos a conversar con un abogado del Comité de Solidaridad, porque queríamos buscar la manera de hablar con la Fiscalía sobre esa situación. Queríamos saber qué estaba pasando, por qué había un proceso de investigación abierto y posiblemente una orden de captura, que era lo que aparecía en el radicado. Precisamente nos fuimos a Popayán a eso, el proceso lo están llevando allá y al parecer el fiscal también es de esa ciudad.

Llegamos en la noche del 27 y al otro día que amanecimos, nos llegó la Dijin con la Policía y nos manifiestan que ya habían dado la orden de captura. Ahí me llevaron al Comando de la Policía, donde estuve detenido. Ese día también habían convocado una jornada de movilización. Nosotros como Congreso de los Pueblos vemos que este tipo de situaciones se están dando en un contexto social de movilización y de paro, en el cual el gobierno toma la iniciativa de judicializar todo movimiento que ha participado en este escenario, no solo las primeras líneas, sino a muchos procesos organizativos.

Creemos que en este momento del país no se puede criminalizar a la oposición política o alguien que tenga una visión diferente de país, e incluso hay una discusión muy interesante de qué es lo que consideramos delito político. Son también oportunidades para debatir con el Estado colombiano sobre qué significa ser oposición, ser alternativa, querer ser parte de procesos organizativos y pensar diferente.

Además de estos argumentos más generales que nombra, sobre el cargo de rebelión agravada, ¿la Fiscalía enuncia hechos particulares para vincularlo con acciones o personas específicas?

Cuando escucho a la jueza y da la medida, ella misma le hace un llamado a la Fiscalía. No hay pruebas contundentes, solo inferencias. Con eso no se puede condenar a nadie. El fallo que plantea también dice que estar organizándose, movilizándose, ser parte de procesos como la Mesa Social para la Paz, no puede ser razón para judicializar a una persona. El caso de la Mesa Social, en el marco de la negociación con el Eln, fue parte de un ejercicio político amplio, de cara al futuro del país, y no es motivo para vincularnos con este grupo armado. Creo que en el fallo la jueza marca que la Fiscalía no puede pretender judicializar un pensamiento crítico. Eso no es delito, ni acá ni en ninguna parte del mundo. La intención de la Fiscalía de construir un montaje judicial era intentar relacionarme con un grupo insurgente como el Eln.

¿Cuáles fueron los argumentos de las Fiscalía en su caso?

La Fiscalía hace una narrativa histórica desde 2010, de dónde estaba y en qué espacios organizativos participaba. Entonces, nombra el Congreso de los Pueblos como mi proceso base, la Cumbre Agraria, la Mesa Social para la Paz, entre otros. Eso para la Fiscalía son hechos evidentes para justificar su caso. Todo esto es para criminalizar a los movimientos organizativos, entonces también pone al Movice o el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que son escenarios donde actuamos políticamente.

Incluso pone como evidencia dos audios. Uno que tiene con el compañero senador Iván Cepeda en todo el contexto del Paro Nacional. Para nadie es un secreto los conflictos que hubo con el Comité Nacional del Paro, las dinámicas de asambleas territoriales, las primeras líneas. Y se estaba conversando un poco sobre esas tensiones y cómo buscar elementos de unidad para fortalecer la movilización. Para la Fiscalía eso fue una prueba de que yo era alguien que no quería negociar, sino que quería generar más dinámicas de movilización, de oposición al Estado, para tumbar este gobierno. Coloca otro audio que tuvimos con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que se dio en el contexto de la Asamblea Nacional Popular que hicimos en Cali, que tuvo la participación de mucha gente. El argumento es, entonces, que yo tengo la capacidad de incidir y convocar a más de tres mil personas a Cali a hacer quién sabe qué.

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¿Qué sigue en su proceso?

La jueza define dos medidas: una presentación en los primeros cinco días de cada mes y que no puedo salir del país. Según la Fiscalía, mis conexiones me iban a sacar del país para evadir la justicia, entonces se pone como una medida preventiva. Nosotros creemos también que vamos a apelar esas medidas, porque pues no tienen razón de ser y nos quitan fuerzas en el marco de nuestra actividad social y política. Y, como lo que la Fiscalía busca es asegurar una medida intramural, porque para ellos las convocatorias a espacios organizativos son un peligro para la sociedad, entonces apelan la decisión de la jueza Libertad. Estamos esperando, puede demorar dos o tres meses que se nos convoque a esa audiencia. Esperamos que se ratifique el fallo que dio la jueza y posteriormente a esa audiencia vendrá todo el proceso del juicio, que puede durar dos o tres años. Es una situación bien compleja, porque se utilizan estas instancias jurídicas para criminalizar el movimiento.

También tenemos el temor de que la Fiscalía va a seguir judicializando. Estamos aquí dando el debate político-jurídico con el Estado colombiano y nos parece que hay algo mucho más delicado, que la Fiscalía utilice estas herramientas jurídicas para generar un campo de visibilización en algunos medios de comunicación para satanizar a las personas y movimientos sociales cuando estamos en un momento de país donde la guerra está en todas partes. Eso prácticamente es colocarnos una cruz en la espalda.

En medio de todo ese panorama, ¿cuáles son sus motivaciones para seguir en esta labor?

Nuestra vida siempre ha estado en este sueño, en esta construcción. Como Congreso de los Pueblos, toda nuestra militancia, nuestros congresistas populares, tiene también un sentido de querer cambiar este país. Creemos que como está, está mal. No podemos seguir condenando a nuestras comunidades a una guerra infinita, a un despojo de los derechos, a que las multinacionales sigan destruyendo nuestros territorios por medio del proyecto minero-energético. Todos esos sueños y visiones de un país para la vida digna son los que sostienen, en el marco de esta lucha, enfrentando también todas las adversidades que tenemos.

También creo que, en el marco de esta situación de judicialización, a uno lo motiva mucho la solidaridad que tiene la organización, la gente, la misma familia. Eso motiva en saber que mucha gente reconoce la labor que se viene haciendo, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Ven que nuestra lucha es una lucha justa, porque en últimas lo que queremos es construir un país para la vida, que respete la libertad, que respete los territorios, que respete la Madre Tierra. Creo que mientras tengamos esos sueños, mientras tengamos esa visión, vamos a seguir manteniendo esta lucha. En ese sentido, no nos vamos a claudicar, no nos vamos a llenar de miedo, vamos a generar espacios de cuidado, de autoprotección, pero seguiremos en la dinámica de construcción de unidad. Sabemos que la única forma de poder enfrentar este régimen, a este gobierno, es mediante procesos de unidad, de cara a construir un nuevo país. Un país donde podamos disfrutar de los territorios y que no sea un país donde la muerte y la cárcel sea el futuro para las organizaciones y el pueblo.

Tenemos el espacio electoral el año entrante. Sabemos que la guerra se va a profundizar, porque hay mucha tensión en términos de lo que representa la disputa electoral y ahí también estamos actuando. Por otro lado, nuestra apuesta es generar procesos de gobiernos propios del poder popular, vamos a seguir en nuestros territorios poco a poco construyendo y haciendo esos cambios desde nuestras perspectivas.

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