La imposición del miedo a los líderes del sur del Cauca

Ángela* es lideresa social desde hace varios años. Hace unos 17, llegó a trabajar a la zona del Cañón del Micay, que agrupa a los municipios de Argelia, El Tambo, López de Micay y Timbiquí. El corregimiento al que llegó estaba deteriorado: no había vías de acceso y la escuela local estaba a punto de caerse. Fue entonces cuando Ángela y otros líderes de la zona se empezaron a reunir para ver cómo podían organizarse y exigir sus derechos. Tuvieron reuniones con alcaldías de la zona y así lograron mejorar la infraestructura vial y de otras construcciones.

Se asoció también con la Junta de Acción Comunal de su corregimiento y otras de lugares cercanos. Se comunicaron para organizarse y articular algunas necesidades en común. “En ese tiempo, la gente se dedicaba a la minería artesanal, a la pesca a la cacería. Pero ya desde el 2008 empezó el auge de la coca”, cuenta Ángela. Esto trajo consigo bastantes cambios. Por una parte, la gente de la región empezó a arrendar su tierra para estos cultivos y también a involucrarse en este nuevo negocio. A los líderes les preocupaba que la región se inundara de estos cultivos, porque sabían los problemas que podía traer.

Entre 2009 y el 2010, el sur del Cauca ya había sigo testigo de épocas difíciles por la confrontación entre grupos armados, específicamente las Farc y el Eln. En esos años, recuerda Ángela, líderes locales les pidieron a estos grupos que se dividieran el territorio de control, pero que no atentaran contra las personas. Eso fue justamente lo que sucedió. Según la Defensoría del Pueblo, el cese de hostilidades que ocurrió entre estos dos grupos armados se dio en 2010, cuando acordaron repartirse el territorio. Las Farc operaron desde La Emboscada hacia la cabecera municipal de Argelia y la Costa Pacífica (Pinche, Sinaí, Cristales, Belleza, El Mango y Santa Clara, entre otras veredas) y el Eln del corregimiento de El Plateado hacia El Tambo (Honduras, San Juan de Mechengue, Huisitó y veredas aledañas).

Entre 2013 y 2015, hubo un incremento en los cultivos de coca e indicios de minería ilegal. El proceso de paz, entretanto, era visto por muchos como el inicio de una transformación, indica Ángela. La problemática del narcotráfico y la drogadicción preocupaba a muchos líderes locales, especialmente ante el incremento de la presencia de grupos armados. “Nosotros decíamos: la gente no se puede quedar sumergida acá por ser una zona roja, debe haber una alternativa”, dice Ángela.

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Con la firma de los Acuerdos y planteamiento del capítulo relacionado a la solución del problema de las drogas ilícitas, los habitantes del sur del Cauca vieron su alternativa. Aunque no todos quería entrar al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Ángela cuenta que varios sí querían tener herramientas para comercializar otros productos.

Pero, para Ángela, hubo dos problemas: el Gobierno no cumplió con los Acuerdos en el sur del Cauca y más grupos armados se interesaron por el negocio del narcotráfico. “Desde 2019 alertamos sobre la entrada y movimientos de grupos al servicio del narcotráfico. Le dijimos al Gobierno que si no invertía y llegaba a nuestros territorios con inversión social, el conflicto se iba a agudizar. No nos prestaron atención y lo que pasa hoy son las consecuencias que estamos pagando”, dice Ángela al recordar que alertó a representantes del Gobierno a que avanzaran con la ejecución de los recursos para la sustitución de los cultivos, porque, si no, “los grupos armados nos van a ganar la batalla”, explica Ángela.

La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el incremento de la presencia de grupos armados en la zona, como el Frente José María Becerra del Eln y la Columna Móvil Jaime Martínez, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc. Para los líderes sociales de la región del Cañón del Micay, la incursión de este último grupo, en particular, selló las oportunidades para un cambio y sustitución de cultivos en el futuro próximo.

“Lo primero que hicieron esos grupos armados fue decir que los líderes que promovíamos el tema de la sustitución de cultivos éramos traidores, que éramos integrantes del Eln y que nos habíamos robado los recursos de la implementación de los Acuerdos”, manifiesta Ángela. Además de estos señalamientos, acabaron con algunas labores que realizaban los líderes en esta zona. A varios les dijeron que solo podían seguir trabajando si era de la mano con ellos. Ante la negativa de los líderes, siguieron las amenazas.

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“A mis compañeros los sacaron del territorio, así como a mí”, indica Ángela. Cuenta que a ella la fueron a buscar miembros de las disidencias de las Farc a su casa, mientras estaba afuera haciendo unas vueltas. Alguien le alertó que habían ido por ella, diciendo que era integrante del Eln, y que la estaban esperando. Ángela supo que no podía regresar y se fue. Le allanaron su casa y le dijeron a la comunidad que habían encontrado fusiles adentro, prueba de que Ángela era cabecilla del Eln. La señalaron como objetivo militar y dijeron que, si la encontraban, la iban a matar. A quien la defendiera, también lo matarían, dijeron. “Ese grupo, que eran más como paramilitares, llevaba una lista de objetivos militares, donde había un montón de líderes sociales y reincorporados de las Farc”, indica Ángela.

Para muchos, la respuesta del Gobierno no ha bastado. “Soñábamos con la llegada de nuevas propuestas para el desarrollo del territorio, pero solo lo militarizaron más. El Gobierno ha evadido la responsabilidad, y con las campañas de fumigación y erradicación forzada lo que ha hecho es que lleguen más grupos armados, dizque a proteger a la población”, explica Ángela. Para ella, este nuevo período de conflicto en el sur del Cauca solo ha traído imposiciones: del negocio del narcotráfico, de los enfrentamientos, del miedo, del desplazamiento de todos los liderazgos.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Ángela* es lideresa social desde hace varios años. Hace unos 17, llegó a trabajar a la zona del Cañón del Micay, que agrupa a los municipios de Argelia, El Tambo, López de Micay y Timbiquí. El corregimiento al que llegó estaba deteriorado: no había vías de acceso y la escuela local estaba a punto de caerse. Fue entonces cuando Ángela y otros líderes de la zona se empezaron a reunir para ver cómo podían organizarse y exigir sus derechos. Tuvieron reuniones con alcaldías de la zona y así lograron mejorar la infraestructura vial y de otras construcciones.

Se asoció también con la Junta de Acción Comunal de su corregimiento y otras de lugares cercanos. Se comunicaron para organizarse y articular algunas necesidades en común. “En ese tiempo, la gente se dedicaba a la minería artesanal, a la pesca a la cacería. Pero ya desde el 2008 empezó el auge de la coca”, cuenta Ángela. Esto trajo consigo bastantes cambios. Por una parte, la gente de la región empezó a arrendar su tierra para estos cultivos y también a involucrarse en este nuevo negocio. A los líderes les preocupaba que la región se inundara de estos cultivos, porque sabían los problemas que podía traer.

Entre 2009 y el 2010, el sur del Cauca ya había sigo testigo de épocas difíciles por la confrontación entre grupos armados, específicamente las Farc y el Eln. En esos años, recuerda Ángela, líderes locales les pidieron a estos grupos que se dividieran el territorio de control, pero que no atentaran contra las personas. Eso fue justamente lo que sucedió. Según la Defensoría del Pueblo, el cese de hostilidades que ocurrió entre estos dos grupos armados se dio en 2010, cuando acordaron repartirse el territorio. Las Farc operaron desde La Emboscada hacia la cabecera municipal de Argelia y la Costa Pacífica (Pinche, Sinaí, Cristales, Belleza, El Mango y Santa Clara, entre otras veredas) y el Eln del corregimiento de El Plateado hacia El Tambo (Honduras, San Juan de Mechengue, Huisitó y veredas aledañas).

Entre 2013 y 2015, hubo un incremento en los cultivos de coca e indicios de minería ilegal. El proceso de paz, entretanto, era visto por muchos como el inicio de una transformación, indica Ángela. La problemática del narcotráfico y la drogadicción preocupaba a muchos líderes locales, especialmente ante el incremento de la presencia de grupos armados. “Nosotros decíamos: la gente no se puede quedar sumergida acá por ser una zona roja, debe haber una alternativa”, dice Ángela.

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Con la firma de los Acuerdos y planteamiento del capítulo relacionado a la solución del problema de las drogas ilícitas, los habitantes del sur del Cauca vieron su alternativa. Aunque no todos quería entrar al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Ángela cuenta que varios sí querían tener herramientas para comercializar otros productos.

Pero, para Ángela, hubo dos problemas: el Gobierno no cumplió con los Acuerdos en el sur del Cauca y más grupos armados se interesaron por el negocio del narcotráfico. “Desde 2019 alertamos sobre la entrada y movimientos de grupos al servicio del narcotráfico. Le dijimos al Gobierno que si no invertía y llegaba a nuestros territorios con inversión social, el conflicto se iba a agudizar. No nos prestaron atención y lo que pasa hoy son las consecuencias que estamos pagando”, dice Ángela al recordar que alertó a representantes del Gobierno a que avanzaran con la ejecución de los recursos para la sustitución de los cultivos, porque, si no, “los grupos armados nos van a ganar la batalla”, explica Ángela.

La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el incremento de la presencia de grupos armados en la zona, como el Frente José María Becerra del Eln y la Columna Móvil Jaime Martínez, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc. Para los líderes sociales de la región del Cañón del Micay, la incursión de este último grupo, en particular, selló las oportunidades para un cambio y sustitución de cultivos en el futuro próximo.

“Lo primero que hicieron esos grupos armados fue decir que los líderes que promovíamos el tema de la sustitución de cultivos éramos traidores, que éramos integrantes del Eln y que nos habíamos robado los recursos de la implementación de los Acuerdos”, manifiesta Ángela. Además de estos señalamientos, acabaron con algunas labores que realizaban los líderes en esta zona. A varios les dijeron que solo podían seguir trabajando si era de la mano con ellos. Ante la negativa de los líderes, siguieron las amenazas.

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“A mis compañeros los sacaron del territorio, así como a mí”, indica Ángela. Cuenta que a ella la fueron a buscar miembros de las disidencias de las Farc a su casa, mientras estaba afuera haciendo unas vueltas. Alguien le alertó que habían ido por ella, diciendo que era integrante del Eln, y que la estaban esperando. Ángela supo que no podía regresar y se fue. Le allanaron su casa y le dijeron a la comunidad que habían encontrado fusiles adentro, prueba de que Ángela era cabecilla del Eln. La señalaron como objetivo militar y dijeron que, si la encontraban, la iban a matar. A quien la defendiera, también lo matarían, dijeron. “Ese grupo, que eran más como paramilitares, llevaba una lista de objetivos militares, donde había un montón de líderes sociales y reincorporados de las Farc”, indica Ángela.

Para muchos, la respuesta del Gobierno no ha bastado. “Soñábamos con la llegada de nuevas propuestas para el desarrollo del territorio, pero solo lo militarizaron más. El Gobierno ha evadido la responsabilidad, y con las campañas de fumigación y erradicación forzada lo que ha hecho es que lleguen más grupos armados, dizque a proteger a la población”, explica Ángela. Para ella, este nuevo período de conflicto en el sur del Cauca solo ha traído imposiciones: del negocio del narcotráfico, de los enfrentamientos, del miedo, del desplazamiento de todos los liderazgos.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.